El juez Ercolini embargó por $180 millones a 10 intermediarios de la causa de los seguros
Lunes 09 de
Septiembre 2024
Afecta las comisiones que podían cobrar las empresas y las personas por parte de Nación Seguros
l juez Julián Ercolini ordenó el embargo preventivo de las comisiones que debían cobrar el broker Héctor Martínez Sosa y otros nueve intermediarios investigados por contratos de seguros en el Estado durante el gobierno de Alberto Fernández.
Martínez Sosa es el esposo de María Cantero, la exsecretaria de Alberto Fernández.
Los intermediarios investigados están vinculados a la empresa Nación Seguros, que centralizaba las contrataciones. Ercolini dispuso el embargo para resguardar activos que podrían ser producto de maniobras delictivas investigadas.
Alfonso José Torres, actual presidente de Nación Seguros informó el 29 de abril de 2024, que restaban comisiones no abonadas a distintos productores de seguros relacionados con pólizas del sector público. La decisión del embargo pesa sobre montos correspondientes a contratos con 10 brokers.
A Héctor Martínez Sosa & Cía. S.A., le embargaron $105.841.439,66.
El monto siguiente correspondió a la firma Bri Brokers S.A., con $51.891.434,01. Luego siguen Net Broker S.A. ($13.274.722,76), Emanuel Raúl Andrés Calvo ($5.314.258,32), Norberto Matías Garrido ($2.736.613,92), Castello Mercuri S.A. ($1.283.175,79), Laura Elena Crisafulli ($686.922,53), Javier Marcelo Rodríguez Gómez ($490.836,35), Service Risk S.A. ($255.513,31) y Paris Broker de Seguros S.A. ($46.501,42).
El total embargado fue de $180.820.417,07.
El fiscal del caso, Carlos Rívolo, fue quien solicitó la imposición de medidas cautelares para garantizar el decomiso de bienes que podrían estar relacionados con las actividades delictivas. Rívolo propuso el embargo preventivo de las comisiones pendientes de pago por parte de Nación Seguros.
En junio, se revocó la inhibición general de bienes que pesaba sobre 33 personas físicas y jurídicas, dictada en abril de este año. La Cámara Federal argumentó que dicha medida cautelar fue dispuesta sin la previa indagatoria de los acusados ni una solicitud formal de la parte acusadora. Sin embargo, esta decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, llevando el caso a revisión por la Cámara de Casación Penal.
Ante este panorama, y en cumplimiento de lo ordenado por la Cámara Federal, el juez decidió reanalizar el caso, concluyendo que existe suficiente sospecha de que las comisiones retenidas por Nación Seguros están vinculadas a las maniobras ilícitas investigadas. Por ello, ordenó el embargo preventivo de las comisiones de 10 de las personas y empresas involucradas.
Además, se dispuso la apertura de cuentas individuales en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, donde se transferirán los montos embargados, asegurando su conservación mediante la colocación en plazos fijos renovables automáticamente. Esta medida, según el fallo, busca garantizar los derechos del Estado Nacional, parte damnificada en la investigación, y evitar que los imputados dispongan de esos fondos antes de una eventual sentencia condenatoria.
En paralelo, Héctor Martínez Sosa inició una demanda contra Nación Seguros en el fuero comercial, en la que se reclama el pago de las comisiones ahora embargadas. En consecuencia, se ha notificado al juez comercial a cargo para que disponga lo que corresponda en función del nuevo embargo preventivo.
Martínez Sosa es el esposo de María Cantero, la exsecretaria de Alberto Fernández.
Los intermediarios investigados están vinculados a la empresa Nación Seguros, que centralizaba las contrataciones. Ercolini dispuso el embargo para resguardar activos que podrían ser producto de maniobras delictivas investigadas.
Alfonso José Torres, actual presidente de Nación Seguros informó el 29 de abril de 2024, que restaban comisiones no abonadas a distintos productores de seguros relacionados con pólizas del sector público. La decisión del embargo pesa sobre montos correspondientes a contratos con 10 brokers.
A Héctor Martínez Sosa & Cía. S.A., le embargaron $105.841.439,66.
El monto siguiente correspondió a la firma Bri Brokers S.A., con $51.891.434,01. Luego siguen Net Broker S.A. ($13.274.722,76), Emanuel Raúl Andrés Calvo ($5.314.258,32), Norberto Matías Garrido ($2.736.613,92), Castello Mercuri S.A. ($1.283.175,79), Laura Elena Crisafulli ($686.922,53), Javier Marcelo Rodríguez Gómez ($490.836,35), Service Risk S.A. ($255.513,31) y Paris Broker de Seguros S.A. ($46.501,42).
El total embargado fue de $180.820.417,07.
El fiscal del caso, Carlos Rívolo, fue quien solicitó la imposición de medidas cautelares para garantizar el decomiso de bienes que podrían estar relacionados con las actividades delictivas. Rívolo propuso el embargo preventivo de las comisiones pendientes de pago por parte de Nación Seguros.
En junio, se revocó la inhibición general de bienes que pesaba sobre 33 personas físicas y jurídicas, dictada en abril de este año. La Cámara Federal argumentó que dicha medida cautelar fue dispuesta sin la previa indagatoria de los acusados ni una solicitud formal de la parte acusadora. Sin embargo, esta decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, llevando el caso a revisión por la Cámara de Casación Penal.
Ante este panorama, y en cumplimiento de lo ordenado por la Cámara Federal, el juez decidió reanalizar el caso, concluyendo que existe suficiente sospecha de que las comisiones retenidas por Nación Seguros están vinculadas a las maniobras ilícitas investigadas. Por ello, ordenó el embargo preventivo de las comisiones de 10 de las personas y empresas involucradas.
Además, se dispuso la apertura de cuentas individuales en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, donde se transferirán los montos embargados, asegurando su conservación mediante la colocación en plazos fijos renovables automáticamente. Esta medida, según el fallo, busca garantizar los derechos del Estado Nacional, parte damnificada en la investigación, y evitar que los imputados dispongan de esos fondos antes de una eventual sentencia condenatoria.
En paralelo, Héctor Martínez Sosa inició una demanda contra Nación Seguros en el fuero comercial, en la que se reclama el pago de las comisiones ahora embargadas. En consecuencia, se ha notificado al juez comercial a cargo para que disponga lo que corresponda en función del nuevo embargo preventivo.
Con información de
La Nación
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