Desafío al poder de Milei: la oposición convocó a una sesión especial para limitar la utilización de los DNU
Por:
Delfina Celichini
Jueves 07 de
Noviembre 2024
Será el martes que viene, a las 15, a pedido del kirchnerismo, Encuentro Federal y los radicales de Democracia; también buscarán rechazar la norma por la que el Presidente se autohabilitó a canjear deuda sin el aval del Congreso
En un nuevo desafío a Javier Milei, un sector de la oposición en Diputados pidió una sesión especial para el martes que viene con el objetivo concreto de limitar la utilización de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). También se intentará rechazar la norma por la que el Poder Ejecutivo se autohabilitó a canjear deuda sin el aval del Congreso.
Se trata de una movida de Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal (EF) y los 12 radicales de Democracia, que buscan evitar que al presidente de turno le sea más fácil gobernar a través de esta herramienta de excepción que por medio de la sanción de leyes, una tarea titánica para los libertarios que solo cuentan con 39 de 257 diputados y seis de 72 senadores.
En lo que va del año, Milei hizo un amplio uso de esta prerrogativa constitucional: lleva firmados 42 DNU. Un número elevado si se considera que Mauricio Macri emitió 70 DNU a lo largo de sus cuatro años de gobierno, mientras Cristina Fernández de Kirchner firmó 78 durante sus dos mandatos.
Para lograr la media sanción de una reforma a la regulación de los DNU -ley 26.122-, la oposición necesitará de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara. Es decir, 129 avales. Si a los intengrantes de los bloques que firmaron la convoctaria los acompaña también la izquierda, los votos estarían asegurados en la sesión.
Si bien se logró un despacho de mayoría que impulsó EF y el radicalismo opositor, para estar más holgados con los avales en el recinto estos bloques deberán ajustar los detalles del texto con los bloques de la UCR y de la Coalición Cívica, que elevaron sus propios dictámenes.
En líneas generales, la reforma busca eliminar la aprobación tácita de los DNU. La iniciativa de mayoría propone un plazo de 90 días corridos a partir de su publicación para que ambas cámaras del Congreso lo discutan. Si no fuesen aprobados dentro de ese lapso, los DNU perderían vigencia de manera automática.
Además, establece que si alguna de las cámaras del Congreso rechaza un DNU, este queda derogado, aunque quedarían a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. En la actualidad, la ley exige el rechazo expreso de ambas cámaras para su derogación.
Por su parte, la propuesta de la UCR, impulsada por la legisladora bonaerense Karina Banfi, coincide con el dictamen de mayoría en que basta el rechazo de una cámara para derogar un decreto, pero es contrario a fijar un plazo para que el Congreso se expida. El dictamen de la Coalición Cívica, elaborado por Juan Manuel López, va en la misma línea, pero además habilita la posibilidad de rechazos parciales a un decreto.
En Pro se muestran incómodos con este debate. Si bien presentaron proyectos para limitar el uso de los DNU cuando gobernaba el kirchnerismo, su alineación con los libertarios les impide moverse con soltura. De hecho, no firmaron ningún dictamen. Estiman inoportuno limitarle a Milei, un presidente sin mayorías parlamentarias, el uso de una herramienta que gozaron gobiernos anteriores.
Además, la oposición cree que esta discusión está atada a la del Presupuesto 2025. “Mientras el gobierno tenga esa herramienta, no tiene mucho incentivo para tratar el presupuesto, que es algo que vienen mostrando con la falta de trabajo en comisión y la búsqueda de acuerdos”, señaló un referente del bloque de Pichetto.
De hecho, el Gobierno quiso incluir un artículo en este sentido en la Ley Bases, pero fue frenado por los bloques opositores. En este nuevo round, no solo emitió el DNU 846 -hoy vigente- sino que, además, incluyó esta misma cláusula en el proyecto de Presupuesto 2025.
El kirchnerismo hizo punta en su rechazo con una conferencia de prensa conjunta de los líderes de los bloques de diputados y senadores. Pero el repudio al DNU también cosecha adhesiones entre las dos bancadas radicales, Encuentro Federal, la Izquierda y otras fuerzas. Por eso, es posible que este decreto siga la misma suerte que el que inyectó $100.000 millones en gastos reservados para la SIDE, que se convirtió en el primero en su especie en ser rechazado por el Congreso.
Se trata de una movida de Unión por la Patria (UP), Encuentro Federal (EF) y los 12 radicales de Democracia, que buscan evitar que al presidente de turno le sea más fácil gobernar a través de esta herramienta de excepción que por medio de la sanción de leyes, una tarea titánica para los libertarios que solo cuentan con 39 de 257 diputados y seis de 72 senadores.
En lo que va del año, Milei hizo un amplio uso de esta prerrogativa constitucional: lleva firmados 42 DNU. Un número elevado si se considera que Mauricio Macri emitió 70 DNU a lo largo de sus cuatro años de gobierno, mientras Cristina Fernández de Kirchner firmó 78 durante sus dos mandatos.
Para lograr la media sanción de una reforma a la regulación de los DNU -ley 26.122-, la oposición necesitará de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara. Es decir, 129 avales. Si a los intengrantes de los bloques que firmaron la convoctaria los acompaña también la izquierda, los votos estarían asegurados en la sesión.
Si bien se logró un despacho de mayoría que impulsó EF y el radicalismo opositor, para estar más holgados con los avales en el recinto estos bloques deberán ajustar los detalles del texto con los bloques de la UCR y de la Coalición Cívica, que elevaron sus propios dictámenes.
En líneas generales, la reforma busca eliminar la aprobación tácita de los DNU. La iniciativa de mayoría propone un plazo de 90 días corridos a partir de su publicación para que ambas cámaras del Congreso lo discutan. Si no fuesen aprobados dentro de ese lapso, los DNU perderían vigencia de manera automática.
Además, establece que si alguna de las cámaras del Congreso rechaza un DNU, este queda derogado, aunque quedarían a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. En la actualidad, la ley exige el rechazo expreso de ambas cámaras para su derogación.
Por su parte, la propuesta de la UCR, impulsada por la legisladora bonaerense Karina Banfi, coincide con el dictamen de mayoría en que basta el rechazo de una cámara para derogar un decreto, pero es contrario a fijar un plazo para que el Congreso se expida. El dictamen de la Coalición Cívica, elaborado por Juan Manuel López, va en la misma línea, pero además habilita la posibilidad de rechazos parciales a un decreto.
En Pro se muestran incómodos con este debate. Si bien presentaron proyectos para limitar el uso de los DNU cuando gobernaba el kirchnerismo, su alineación con los libertarios les impide moverse con soltura. De hecho, no firmaron ningún dictamen. Estiman inoportuno limitarle a Milei, un presidente sin mayorías parlamentarias, el uso de una herramienta que gozaron gobiernos anteriores.
Decreto 846
El DNU que habilita al Gobierno a renegociar títulos de la deuda sin el permiso parlamentario, suma críticas en ambas cámaras legislativas. Distintos referentes de la oposición consideran que viola la Constitución -que establece que los arreglos con acreedores son potestad del Congreso de la Nación- y la ley de Administración Financiera.Además, la oposición cree que esta discusión está atada a la del Presupuesto 2025. “Mientras el gobierno tenga esa herramienta, no tiene mucho incentivo para tratar el presupuesto, que es algo que vienen mostrando con la falta de trabajo en comisión y la búsqueda de acuerdos”, señaló un referente del bloque de Pichetto.
De hecho, el Gobierno quiso incluir un artículo en este sentido en la Ley Bases, pero fue frenado por los bloques opositores. En este nuevo round, no solo emitió el DNU 846 -hoy vigente- sino que, además, incluyó esta misma cláusula en el proyecto de Presupuesto 2025.
El kirchnerismo hizo punta en su rechazo con una conferencia de prensa conjunta de los líderes de los bloques de diputados y senadores. Pero el repudio al DNU también cosecha adhesiones entre las dos bancadas radicales, Encuentro Federal, la Izquierda y otras fuerzas. Por eso, es posible que este decreto siga la misma suerte que el que inyectó $100.000 millones en gastos reservados para la SIDE, que se convirtió en el primero en su especie en ser rechazado por el Congreso.
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