Diputados de la Coalición Cívica denunciaron al jefe de la DGI y a su exesposa por enriquecimiento ilícito, lavado, abuso de autoridad y encubrimiento
Por:
Delfina Celichini
Jueves 19 de
Diciembre 2024
Se trata de Andrés Vázquez, quien ejerce como funcionario en el organismo recaudador desde hace 35 años; la presentación judicial se formalizó tras una investigación de LA NACION
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC) Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López presentaron una denuncia penal contra Andrés Edgardo Vázquez, jefe de la Dirección General Impositiva (DGI) del organismo de recaudación ARCA (ex-AFIP), y su exesposa Silvia Ivone Rodríguez, también funcionaria. Acusan a ambos de delitos de corrupción, como enriquecimiento ilícito y lavado de activos, así como de encubrimiento. El expediente recayó en el juzgado Criminal y Correccional Federal Nº3 de la Capital Federal, a cargo de Daniel Rafecas. El fiscal del caso será Carlos Alberto Rívolo.
La denuncia se funda en una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada en LA NACION, en conjunto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés). Allí se reveló que Vázquez compró a través de sociedades en el exterior tres inmuebles en Estados Unidos por más de US$ 2 millones que nunca consignó –ni las sociedades, ni los inmuebles– en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Según la denuncia presentada por los diputados, el funcionario habría violado la Ley de Ética Pública al omitir en sus declaraciones juradas estos bienes en el extranjero y su vínculo con sociedades offshore. Mencionan dos propiedades de lujo adquiridas por la empresa “Alcorta Corp” en el complejo Icon Brickell de Miami: una unidad valuada en US$710.000 y otra en US$350.000, compradas en 2013. Estas transacciones, según los legisladores, se habrían financiado con “fondos no declarados” provenientes de cuentas en paraísos fiscales.
El documento también expone un historial de presuntas irregularidades en la gestión de Vázquez dentro de la administración pública y menciona la carencia de apoyo que consignó su última designación. Es que cuando Vázquez fue nombrado al frente de la DGI por Javier Milei, a fines de octubre pasado, solo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estampó su aval junto al Presidente. Otros altos funcionarios plantearon objeciones a su nombramiento, incluida la entonces titular de la AFIP, Florencia Misrahi, quien se negó a firmar el documento. Tampoco la rubricaron el ministro de Economía, Luis Caputo, ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Según los denunciantes, las señales de alarma sobre el accionar de Vázquez incluyeron reportes internos sobre su opaco proceder en tareas de control para, se presume, proteger a grandes evasores. Mencionan que en 2007, dos inspectoras informaron a sus superiores que, durante un operativo al Casino Flotante de Puerto Madero, fueron recibidas por el propio Vázquez en un contexto que generó sospechas. El entonces titular de la AFIP, Alberto Abad, ordenó un sumario pero no consignó ningún avance. Durante la gestión de su sucesor, Ricardo Echegaray, los diputados aseguran que Vázquez “recibió un nuevo respaldo”.
La denuncia también destaca la participación del actual jefe de la DGI en operativos cuestionados, como los allanamientos a la sede central del Grupo Clarín, en 2009. Estos hechos generaron un escándalo público y llevaron a acusaciones de uso del organismo fiscal para fines políticos. “Elisa Carrió ya había advertido sobre su verdadero rol: ‘operaciones sucias contra opositores y periodistas independientes’”, citan los legisladores.
Los legisladores de la CC solicitaron investigar a Vázquez y Rodríguez por delitos como abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y pidieron medidas cautelares sobre los bienes declarados y no declarados. “De verificarse las irregularidades, pedimos que se congelen los bienes vinculados al acusado para evitar su fuga”, enfatiza el texto.
En diálogo con LA NACION, López subrayó: “Más allá de que repugna moralmente la burla de que Andrés Vázquez recaude impuestos, es peligroso que esos pesados se apoderen de organismos estratégicos como ARCA”. Y sentenció: “O Milei está sucio o tiene pensando extorsionar”.
La decisión de la PIA, que lidera el fiscal Sergio Rodríguez, se concretó horas antes de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmara durante una conferencia de prensa que Vázquez ya habría sido sobreseído por esa operatoria inmobiliaria por el juez federal Ariel Lijo, en 2022, y que se trataba, por tanto, de “un tema del pasado”.
Pero ese sobreseimiento -dictado por el juez Ariel Lijo en 2022- no estuvo relacionado con la propiedad no declarada de estos inmuebles. El juez sobreseyó a Vázquez en una causa que lo investigaba por una presunta cuenta bancaria (no declarada) en el ING Bank NV de la isla de Curazao por US$442.113, fondos que habría remitido en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo. La investigación fracasó por falta de cooperación internacional de Luxemburgo y Curazao.
“No hay nada que nos resulte inconsistente”, dijo Adorni, ante una pregunta de LA NACION, esta semana. Según el vocero, si hubieran encontrado alguna irregularidad, habrían apartado al funcionario. Ante la consulta directa de si el Gobierno estaba pensando en pedirle explicaciones o sancionar a Vázquez, Adorni respondió que no.
El silencio del Gobierno ante la polémica que envuelve al funcionario encargado del organismo recaudador, cuya responsabilidad es precisamente prevenir conductas como las que se le atribuyen a Vázquez, resulta sorprendente. Es aún más llamativo si se considera que Milei asumió la presidencia bajo la bandera de combatir a “la casta”.
La denuncia se funda en una investigación del periodista Hugo Alconada Mon publicada en LA NACION, en conjunto con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés). Allí se reveló que Vázquez compró a través de sociedades en el exterior tres inmuebles en Estados Unidos por más de US$ 2 millones que nunca consignó –ni las sociedades, ni los inmuebles– en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA).
Según la denuncia presentada por los diputados, el funcionario habría violado la Ley de Ética Pública al omitir en sus declaraciones juradas estos bienes en el extranjero y su vínculo con sociedades offshore. Mencionan dos propiedades de lujo adquiridas por la empresa “Alcorta Corp” en el complejo Icon Brickell de Miami: una unidad valuada en US$710.000 y otra en US$350.000, compradas en 2013. Estas transacciones, según los legisladores, se habrían financiado con “fondos no declarados” provenientes de cuentas en paraísos fiscales.
El documento también expone un historial de presuntas irregularidades en la gestión de Vázquez dentro de la administración pública y menciona la carencia de apoyo que consignó su última designación. Es que cuando Vázquez fue nombrado al frente de la DGI por Javier Milei, a fines de octubre pasado, solo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estampó su aval junto al Presidente. Otros altos funcionarios plantearon objeciones a su nombramiento, incluida la entonces titular de la AFIP, Florencia Misrahi, quien se negó a firmar el documento. Tampoco la rubricaron el ministro de Economía, Luis Caputo, ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Según los denunciantes, las señales de alarma sobre el accionar de Vázquez incluyeron reportes internos sobre su opaco proceder en tareas de control para, se presume, proteger a grandes evasores. Mencionan que en 2007, dos inspectoras informaron a sus superiores que, durante un operativo al Casino Flotante de Puerto Madero, fueron recibidas por el propio Vázquez en un contexto que generó sospechas. El entonces titular de la AFIP, Alberto Abad, ordenó un sumario pero no consignó ningún avance. Durante la gestión de su sucesor, Ricardo Echegaray, los diputados aseguran que Vázquez “recibió un nuevo respaldo”.
La denuncia también destaca la participación del actual jefe de la DGI en operativos cuestionados, como los allanamientos a la sede central del Grupo Clarín, en 2009. Estos hechos generaron un escándalo público y llevaron a acusaciones de uso del organismo fiscal para fines políticos. “Elisa Carrió ya había advertido sobre su verdadero rol: ‘operaciones sucias contra opositores y periodistas independientes’”, citan los legisladores.
Los legisladores de la CC solicitaron investigar a Vázquez y Rodríguez por delitos como abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y pidieron medidas cautelares sobre los bienes declarados y no declarados. “De verificarse las irregularidades, pedimos que se congelen los bienes vinculados al acusado para evitar su fuga”, enfatiza el texto.
En diálogo con LA NACION, López subrayó: “Más allá de que repugna moralmente la burla de que Andrés Vázquez recaude impuestos, es peligroso que esos pesados se apoderen de organismos estratégicos como ARCA”. Y sentenció: “O Milei está sucio o tiene pensando extorsionar”.
Otra investigación
En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió una investigación para determinar si Vázquez incurrió en uno o más delitos al adquirir tres propiedades en Estados Unidos.La decisión de la PIA, que lidera el fiscal Sergio Rodríguez, se concretó horas antes de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmara durante una conferencia de prensa que Vázquez ya habría sido sobreseído por esa operatoria inmobiliaria por el juez federal Ariel Lijo, en 2022, y que se trataba, por tanto, de “un tema del pasado”.
Pero ese sobreseimiento -dictado por el juez Ariel Lijo en 2022- no estuvo relacionado con la propiedad no declarada de estos inmuebles. El juez sobreseyó a Vázquez en una causa que lo investigaba por una presunta cuenta bancaria (no declarada) en el ING Bank NV de la isla de Curazao por US$442.113, fondos que habría remitido en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo. La investigación fracasó por falta de cooperación internacional de Luxemburgo y Curazao.
“No hay nada que nos resulte inconsistente”, dijo Adorni, ante una pregunta de LA NACION, esta semana. Según el vocero, si hubieran encontrado alguna irregularidad, habrían apartado al funcionario. Ante la consulta directa de si el Gobierno estaba pensando en pedirle explicaciones o sancionar a Vázquez, Adorni respondió que no.
El silencio del Gobierno ante la polémica que envuelve al funcionario encargado del organismo recaudador, cuya responsabilidad es precisamente prevenir conductas como las que se le atribuyen a Vázquez, resulta sorprendente. Es aún más llamativo si se considera que Milei asumió la presidencia bajo la bandera de combatir a “la casta”.
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