El Gobierno no insistirá con Ariel Lijo por decreto si su pliego no avanza en el Senado y ya tiene otros candidatos para la Corte
Por:
Cecilia Devanna
Miércoles 19 de
Febrero 2025
En la Casa Rosada ya tienen cinco nombres en carpeta; entre ellos el de una mujer; presión e intento de retomar agenda tras el escándalo de la criptomoneda $LIBRA
El Gobierno no insistirá por decreto con el pliego de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia en caso de que no avance esta semana en el Senado. El presidente Javier Milei, de hecho, ya tiene varios nombres en carpeta por si eso sucede, para que eventualmente acompañen la candidatura de Manuel García-Mansilla, el catedrático que el Gobierno no piensa relegar en sus planes para completar las vacantes en el máximo tribunal que dejaron las salidas de Elena Highton de Nolasco, en 2021, y de Juan Carlos Maqueda, a fines del año pasado. Las dos nuevas designaciones podrían hacerse por decreto.
“Si rechazan el pliego de Ariel, lo más probable es que se candidateen dos de los más libertarios del planeta. Uno, obviamente, sería Manuel (García Mansilla) por decreto”, desafiaron desde la Casa Rosada, donde se percibe un clima que busca dejar atrás, aunque aún sin suerte, el escándalo con las criptomonedas. El Gobierno intenta con el debate sobre las vacantes en la Corte retomar la agenda previa a la polémica por el tuit del Presidente que promovió el activo digital $LIBRA y también sumar presión a los legisladores que este viernes tratarán el pliego de Lijo.
El escenario de dos libertarios a la Corte luce prácticamente imposible al menos con la composición actual del Senado si no se apela a los dos decretos, como dejaron trascender este mediodía fuentes del palacio de Gobierno.
Para sacarlos por rencinto, eventualmente, el Gobierno, que en casi un año apenas logró que uno de los dos pliegos pase a recinto (a diferencia del de Lijo, el de García Mansilla aún permanece en comisión), a priori estaría aún más complicado para conseguir mayoría para dos candidatos de corte conservador. Para nombrar un juez del máximo tribunal de Justicia, la Constitución exige una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes en el recinto y allí el oficialismo juega contra el kirchnerismo.
De hacerlo por decreto tienen la advertencia de José Mayans, jefe de bloque de Unión por la Patria (UxP), que en noviembre pasado le dijo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que voltearían los nombres si eran designados de ese modo. Lo que eventualmente podría derivar en una judicialización del tema.
Entre los nombres que planea la administración libertaria como opciones a Lijo están, tal como adelantó LA NACION semanas atrás, el del juez Ricardo Rojas. A esos se sumaron ahora el de Ricardo Ramírez Calvo, hombre muy cercano a García Mansilla; Carlos Laplacette, del estudio Cassagne, y Alberto Bianchi, un prestigioso constitucionalista, socio de Santiago Castro Videla, el segundo Procurador General del Tesoro de la era libertaria. Cerca de Milei también evalúan postular a una mujer, cuyo nombre no se dio a conocer “para no quemarla”, según fuentes oficiales.
Los nombres de Rojas y Laplacette fueron candidatos del Gobierno para el puesto de Procurador General del Tesoro, tras la expulsión de Rodolfo Barra de ese puesto. Mientras que Laplacette no llegó a ser contactado, Rojas sí y de hecho voló desde Guatemala, donde da clases en la Universidad Francisco Marroquín, para reunirse con el asesor Santiago Caputo. En aquel entonces el Gobierno ya lo contemplaba para llegar al cuarto piso del Palacio de Tribunales, un viejo anhelo de Rojas. Milei pensaba en su nombre para completar el máximo tribunal del país si se caía el pliego de Lijo.
Si bien el Gobierno siempre amenazó con la posibilidad de nombrar tanto a Lijo como a García Mansilla por decreto, esa posibilidad estuvo disponible desde fines de diciembre, cuando concluyeron las sesiones ordinarias, y comienzos de este mes, cuando iniciaron las extraordinarias. Sin embargo no lo hizo.
Según insistieron fuentes muy cercanas al mandatario, Milei esperaba a ver qué sucedía con los pliegos de Lijo y García-Mansilla durante las sesiones extraordinarias, para agotar la vía parlamentaria antes de resolver cómo se seguía con el tema.
“Si rechazan el pliego de Ariel, lo más probable es que se candidateen dos de los más libertarios del planeta. Uno, obviamente, sería Manuel (García Mansilla) por decreto”, desafiaron desde la Casa Rosada, donde se percibe un clima que busca dejar atrás, aunque aún sin suerte, el escándalo con las criptomonedas. El Gobierno intenta con el debate sobre las vacantes en la Corte retomar la agenda previa a la polémica por el tuit del Presidente que promovió el activo digital $LIBRA y también sumar presión a los legisladores que este viernes tratarán el pliego de Lijo.
El escenario de dos libertarios a la Corte luce prácticamente imposible al menos con la composición actual del Senado si no se apela a los dos decretos, como dejaron trascender este mediodía fuentes del palacio de Gobierno.
Para sacarlos por rencinto, eventualmente, el Gobierno, que en casi un año apenas logró que uno de los dos pliegos pase a recinto (a diferencia del de Lijo, el de García Mansilla aún permanece en comisión), a priori estaría aún más complicado para conseguir mayoría para dos candidatos de corte conservador. Para nombrar un juez del máximo tribunal de Justicia, la Constitución exige una mayoría agravada de los dos tercios de los presentes en el recinto y allí el oficialismo juega contra el kirchnerismo.
De hacerlo por decreto tienen la advertencia de José Mayans, jefe de bloque de Unión por la Patria (UxP), que en noviembre pasado le dijo al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que voltearían los nombres si eran designados de ese modo. Lo que eventualmente podría derivar en una judicialización del tema.
Entre los nombres que planea la administración libertaria como opciones a Lijo están, tal como adelantó LA NACION semanas atrás, el del juez Ricardo Rojas. A esos se sumaron ahora el de Ricardo Ramírez Calvo, hombre muy cercano a García Mansilla; Carlos Laplacette, del estudio Cassagne, y Alberto Bianchi, un prestigioso constitucionalista, socio de Santiago Castro Videla, el segundo Procurador General del Tesoro de la era libertaria. Cerca de Milei también evalúan postular a una mujer, cuyo nombre no se dio a conocer “para no quemarla”, según fuentes oficiales.
Los nombres de Rojas y Laplacette fueron candidatos del Gobierno para el puesto de Procurador General del Tesoro, tras la expulsión de Rodolfo Barra de ese puesto. Mientras que Laplacette no llegó a ser contactado, Rojas sí y de hecho voló desde Guatemala, donde da clases en la Universidad Francisco Marroquín, para reunirse con el asesor Santiago Caputo. En aquel entonces el Gobierno ya lo contemplaba para llegar al cuarto piso del Palacio de Tribunales, un viejo anhelo de Rojas. Milei pensaba en su nombre para completar el máximo tribunal del país si se caía el pliego de Lijo.
Si bien el Gobierno siempre amenazó con la posibilidad de nombrar tanto a Lijo como a García Mansilla por decreto, esa posibilidad estuvo disponible desde fines de diciembre, cuando concluyeron las sesiones ordinarias, y comienzos de este mes, cuando iniciaron las extraordinarias. Sin embargo no lo hizo.
Según insistieron fuentes muy cercanas al mandatario, Milei esperaba a ver qué sucedía con los pliegos de Lijo y García-Mansilla durante las sesiones extraordinarias, para agotar la vía parlamentaria antes de resolver cómo se seguía con el tema.
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