La eliminación de aportes obligatorios desató una dura interna entre las cámaras empresariales
Jueves 06 de
Marzo 2025
Federico Sturzenegger celebró que se eliminó un "impuesto privado". Debate por el rol de las entidades.
La eliminación de los aportes compulsivos de empresas a cámaras sectoriales generó un fuerte cruce entre distintas entidades. La medida , publicada este miércoles en el Boletín Oficial, fue celebrada por la Confederación Federal Pyme y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, entre otras, pero un grupo de instituciones la cuestionaron y advirtieron que puede dañar a la representación patronal. Hubo denuncias cruzadas y hasta pedidos de intervención.
Mediante el Decreto 149/2025 el Gobierno eliminó la obligatoriedad de los aportes económicos que las empresas debían realizar a algunas cámaras y los transformó en voluntarios. “Eliminamos un impuesto privado”, dijo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que tuvo a su cargo la medida.
La iniciativa generó reacciones desde temprano, como la de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) que salió a celebrarla. Dijo que “representa un alivio de $70.000 millones al año para el sector mercantil” y consideró al aporte que hasta este miércoles era obligatorio parte del costo argentino.
“Desde el año 2008, los comerciantes deben pagar un aporte mensual obligatorio por capacitación por cada empleado pese a que el servicio no se brinde”, sostuvo la cámara en un comunicado. CADAM viene insistiendo sobre este punto desde hace meses, en comunicados a la prensa, pero también con gestiones ante el Gobierno.
Más tarde otro grupo de entidades rechazó la medida, en "off the record", con el argumento de que “debilitará la representación gremial de las empresas frente a los sindicatos”. Sostienen que muchas cámaras dependen de esos ingresos para subsistir, señalaron una orientación política de la medida y cruzaron la posición de CADAM.
Luego de que el Gobierno volvió voluntario el aporte por capacitación al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), la Confederación Federal Pyme Argentina pidió intervenir la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) por el manejo de esos fondos.
El presidente de la entidad, Mauro González, indicó que ya hay denuncias ante el Gobierno y solicitó investigar “la representación real de las cámaras que reciben los recursos para capacitar”. Sobre este punto cuestionó “la falta de transparencia y rendición de cuentas públicas” y dijo tener “pruebas concretas del perjuicio a las cámaras socias y comerciantes de todo el país”.
Ese señalamiento circuló de forma acelerada por distintos grupos de WhatsApp de empresarios y representantes de entidades durante la mañana. Al cierre de esta edición CAME no había publicado ningún comunicado oficial, ni en respuesta a la medida ni a las acusaciones.
Las entidades más afectadas por la medida confían en poder revertirla. Señalan que al estar incluida dentro de los convenios colectivos de trabajo “forma parte de un acuerdo entre privados en el que el Gobierno no se debería meter”.
El vicepresidente de una entidad que concentra miles de asociados le contó a Ámbito que tendrán una reunión con funcionarios de la Casa Rosada y sostuvo que “es un debate que recién comienza”. Sobre este punto, otro dirigente consultado por este medio no descartó la judicialización de la medida que anunció Sturzenegger.
Otro grupo de cámaras se encontraba estudiando los detalles y la afectación de la normativa. En cualquier caso, la noticia abre una vez más un debate que puertas adentro lleva muchos años dentro del sector: la falta de representatividad en muchos rubros de la gremial empresaria.
Mediante el Decreto 149/2025 el Gobierno eliminó la obligatoriedad de los aportes económicos que las empresas debían realizar a algunas cámaras y los transformó en voluntarios. “Eliminamos un impuesto privado”, dijo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que tuvo a su cargo la medida.
La iniciativa generó reacciones desde temprano, como la de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) que salió a celebrarla. Dijo que “representa un alivio de $70.000 millones al año para el sector mercantil” y consideró al aporte que hasta este miércoles era obligatorio parte del costo argentino.
“Desde el año 2008, los comerciantes deben pagar un aporte mensual obligatorio por capacitación por cada empleado pese a que el servicio no se brinde”, sostuvo la cámara en un comunicado. CADAM viene insistiendo sobre este punto desde hace meses, en comunicados a la prensa, pero también con gestiones ante el Gobierno.
Más tarde otro grupo de entidades rechazó la medida, en "off the record", con el argumento de que “debilitará la representación gremial de las empresas frente a los sindicatos”. Sostienen que muchas cámaras dependen de esos ingresos para subsistir, señalaron una orientación política de la medida y cruzaron la posición de CADAM.
Denuncias y pedido de renuncias
Luego de que el Gobierno volvió voluntario el aporte por capacitación al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), la Confederación Federal Pyme Argentina pidió intervenir la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) por el manejo de esos fondos.
El presidente de la entidad, Mauro González, indicó que ya hay denuncias ante el Gobierno y solicitó investigar “la representación real de las cámaras que reciben los recursos para capacitar”. Sobre este punto cuestionó “la falta de transparencia y rendición de cuentas públicas” y dijo tener “pruebas concretas del perjuicio a las cámaras socias y comerciantes de todo el país”.
Ese señalamiento circuló de forma acelerada por distintos grupos de WhatsApp de empresarios y representantes de entidades durante la mañana. Al cierre de esta edición CAME no había publicado ningún comunicado oficial, ni en respuesta a la medida ni a las acusaciones.
Rechazos y contragolpe
Las entidades más afectadas por la medida confían en poder revertirla. Señalan que al estar incluida dentro de los convenios colectivos de trabajo “forma parte de un acuerdo entre privados en el que el Gobierno no se debería meter”.
El vicepresidente de una entidad que concentra miles de asociados le contó a Ámbito que tendrán una reunión con funcionarios de la Casa Rosada y sostuvo que “es un debate que recién comienza”. Sobre este punto, otro dirigente consultado por este medio no descartó la judicialización de la medida que anunció Sturzenegger.
Otro grupo de cámaras se encontraba estudiando los detalles y la afectación de la normativa. En cualquier caso, la noticia abre una vez más un debate que puertas adentro lleva muchos años dentro del sector: la falta de representatividad en muchos rubros de la gremial empresaria.
Con información de
Ámbito
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