El presidente Javier Milei firmó el decreto de necesidad y urgencia para sellar el nuevo acuerdo con el FMI
Martes 11 de
Marzo 2025
El instrumento salió publicado hoy en el Boletín Oficial; la letra chica del entendimiento se mantiene bajo estricta reserva; el Gobierno sostiene que el desembolso, del cual no precisó el monto, será para cancelar la deuda que el Tesoro tiene con el Banco Central
Cuatro días después del anuncio oficial, el presidente Javier Milei firmó este lunes el decreto de necesidad y urgencia (DNU) que busca sellar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin necesidad de que sea aprobado por ambas cámaras del Congreso. La medida se publicó en la madrugada del martes en el Boletín Oficial mediante el decreto 179/2025.
Según pudo saber LA NACION, se trata de un acuerdo de facilidades extendidas (EFF) y no de un Stand By Agreement (SBA), que incluye un desembolso -del cual el Gobierno no precisó el monto- para el pago de capital e intereses de la deuda externa y la cancelación de las letras intransferibles del Tesoro en poder del Banco Central.
La firma del decreto, anunciada el jueves pasado por el Gobierno a través de un comunicado, busca conseguir “de modo urgente” el respaldo parlamentario para viabilizar los desembolsos por parte del organismo internacional de crédito, en momentos de escasez de dólares y con el objetivo primordial de terminar de derrotar la inflación y salir del cepo cambiario.
Los argumentos oficiales, criticados por la oposición y buena parte de los economistas, se centran en que el nuevo acuerdo no implicará un aumento en la deuda argentina, dado que -según argumentan fuentes oficiales- se cambia “deuda vieja por deuda nueva”, y a la vez se fortalece al Banco Central.
Tras la publicación del DNU, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tiene diez días hábiles para remitir el instrumento al Congreso. Y luego la comisión bicameral de Trámite Legislativo contará con otros diez días para discutirlo y darle un dictamen. En ese caso, el texto pasará al recinto de la Cámara de Diputados.
“Dicho acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central”, informó la Oficina del Presidente ese mismo jueves para respaldar la operación, que según fuentes oficiales ya cuenta con el acuerdo del FMI.
“El dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central, de modo tal que la deuda bruta no sube y en caso de que la misma se utilice para rescatar títulos cuyo valor de mercado está debajo la par, la misma caerá. Por lo tanto, el acuerdo con el FMI busca restaurar el patrimonio del BCRA, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado”, explicó el Presidente en una columna publicada en LA NACION, el sábado pasado.
Fue el mismo argumento que utilizara el oficialismo el año pasado, a través del DNU que habilitó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a renegociar deuda sin pasar por el Congreso sin atarse a las condiciones de la “ley Guzmán”.
El propio Milei había anunciado ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo, que “dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, en los próximos días” le pediría al Congreso “que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario”.
No fue, como había trascendido, a través de un proyecto de ley, que hubiera implicado el apoyo de ambas cámaras. Por tratarse de un DNU, alcanzará con que una de las dos cámaras no lo rechace para que quede vigente.
La comisión bicameral de Trámite Legislativo se encargará de revisar el DNU, y está presidida por el senador libertario riojano Juan Carlos Pagoto. A partir de la firma, el Gobierno tiene diez días para remitirlo al Congreso y la comisión otros tantos para tratarlo. En caso de que no haya dictamen cumplido ese plazo, quedaría abierto el debate en los recintos de Diputados y el Senado.
Entre los argumentos que sostiene la oposición para oponerse al envío del decreto está la denominada “ley Guzmán”, aprobada a principios de 2021, y que en su artículo 2 afirma que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. En base a este artículo, distintos economistas alejados de la postura oficial creen que la vía del DNU no podría aplicarse en este caso, y que hace falta una ley. Para el Gobierno, el decreto tiene fuerza de ley, por lo que no habría según su visión, inconvenientes jurídicos para avanzar.
El DNU resuelve, la vez, la urgencia del oficialismo, y su imposibilidad de lograr la aprobación legislativa, sobre todo en el Senado y con la previsible oposición del bloque kirchnerista que encabeza José Mayans y responde a la expresidenta Cristina Kirchner. “En Diputados los votos están”, afirma otra optimista voz oficial.
Según pudo saber LA NACION, se trata de un acuerdo de facilidades extendidas (EFF) y no de un Stand By Agreement (SBA), que incluye un desembolso -del cual el Gobierno no precisó el monto- para el pago de capital e intereses de la deuda externa y la cancelación de las letras intransferibles del Tesoro en poder del Banco Central.
La firma del decreto, anunciada el jueves pasado por el Gobierno a través de un comunicado, busca conseguir “de modo urgente” el respaldo parlamentario para viabilizar los desembolsos por parte del organismo internacional de crédito, en momentos de escasez de dólares y con el objetivo primordial de terminar de derrotar la inflación y salir del cepo cambiario.
Los argumentos oficiales, criticados por la oposición y buena parte de los economistas, se centran en que el nuevo acuerdo no implicará un aumento en la deuda argentina, dado que -según argumentan fuentes oficiales- se cambia “deuda vieja por deuda nueva”, y a la vez se fortalece al Banco Central.
Los plazos
Tras la publicación del DNU, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tiene diez días hábiles para remitir el instrumento al Congreso. Y luego la comisión bicameral de Trámite Legislativo contará con otros diez días para discutirlo y darle un dictamen. En ese caso, el texto pasará al recinto de la Cámara de Diputados.
“Dicho acuerdo implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central”, informó la Oficina del Presidente ese mismo jueves para respaldar la operación, que según fuentes oficiales ya cuenta con el acuerdo del FMI.
“El dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central, de modo tal que la deuda bruta no sube y en caso de que la misma se utilice para rescatar títulos cuyo valor de mercado está debajo la par, la misma caerá. Por lo tanto, el acuerdo con el FMI busca restaurar el patrimonio del BCRA, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado”, explicó el Presidente en una columna publicada en LA NACION, el sábado pasado.
Fue el mismo argumento que utilizara el oficialismo el año pasado, a través del DNU que habilitó al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a renegociar deuda sin pasar por el Congreso sin atarse a las condiciones de la “ley Guzmán”.
El propio Milei había anunciado ante la Asamblea Legislativa, el 1 de marzo, que “dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, en los próximos días” le pediría al Congreso “que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario”.
No fue, como había trascendido, a través de un proyecto de ley, que hubiera implicado el apoyo de ambas cámaras. Por tratarse de un DNU, alcanzará con que una de las dos cámaras no lo rechace para que quede vigente.
La comisión bicameral de Trámite Legislativo se encargará de revisar el DNU, y está presidida por el senador libertario riojano Juan Carlos Pagoto. A partir de la firma, el Gobierno tiene diez días para remitirlo al Congreso y la comisión otros tantos para tratarlo. En caso de que no haya dictamen cumplido ese plazo, quedaría abierto el debate en los recintos de Diputados y el Senado.
Entre los argumentos que sostiene la oposición para oponerse al envío del decreto está la denominada “ley Guzmán”, aprobada a principios de 2021, y que en su artículo 2 afirma que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. En base a este artículo, distintos economistas alejados de la postura oficial creen que la vía del DNU no podría aplicarse en este caso, y que hace falta una ley. Para el Gobierno, el decreto tiene fuerza de ley, por lo que no habría según su visión, inconvenientes jurídicos para avanzar.
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Con información de
La Nación
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