La Justicia dejó firme por seis meses la cautelar que frenó la conversión del Banco Nación en sociedad anónima
Viernes 14 de
Marzo 2025
La medida fue impulsada por la Asociación Bancaria, que argumentó que el decreto que apuró la transformación excedía las facultades delegadas por la Ley 27.742 y representaba un intento encubierto de privatización.
El juez federal Alejo Ramos Padilla hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la Asociación Bancaria y suspendió los efectos del Decreto 116/2025, que ordenaba la conversión de la entidad bancaria en Sociedad Anónima. La decisión judicial, que superó su carácter de "interina" para convertirse en una medida cautelar firme por seis meses, fue celebrada por el titular del gremio bancario, Sergio Palazzo, quien en un tuit expresó: "¡Se hizo Justicia! Con alegría recibimos el fallo del Juez Alejo Ramos Padilla, que hizo lugar al pedido de medida cautelar. Es decir que la medida Cautelar Interina la transformó por estos primeros seis meses en medida cautelar! No pueden avanzar en la transformación en S.A. del BNA".
La disputa judicial comenzó el 11 de junio de 2024, cuando un grupo de actores, entre ellos el Sindicato Asociación Bancaria, presentó una demanda para declarar la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución 348 del Directorio del Banco Nación y del Decreto 70/2023, que buscaba avanzar con la privatización de la entidad. El 25 de septiembre de 2024, el juez Ramos Padilla resolvió que el Decreto 70/2023 y la Resolución 348 no autorizaban la modificación de la situación jurídica del banco, ya que solo el Congreso de la Nación podía hacerlo mediante una ley formal.
Sin embargo, el 19 de febrero de 2025, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 116/2025, que dispuso la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima y aprobó su Estatuto Social. Este decreto fue denunciado por los demandantes como un "hecho nuevo" que profundizaba la amenaza de privatización.
En su resolución, el juez Ramos Padilla analizó la legitimidad del Decreto 116/2025 a la luz de la Ley 27.742, conocida como "Ley Bases". El magistrado señaló que, aunque esta ley delega facultades al Poder Ejecutivo para reorganizar y modificar la estructura jurídica de organismos públicos, no incluye expresamente al Banco Nación, que es un ente autárquico con características especiales.
El fallo destacó que la Carta Orgánica del Banco Nación, aprobada por la Ley 21.799, establece que la entidad no está sujeta a las normas generales de la administración pública nacional. Además, el juez recordó que el Congreso ya había rechazado en dos oportunidades la inclusión del Banco Nación en regímenes de privatización, lo que refuerza la idea de que su transformación requiere una ley específica.
La transformación del Banco Nación en sociedad anónima habría implicado cambios en su estructura y funcionamiento. Según expertos consultados por El Cronista, este paso podría haber sido el preludio de una eventual privatización o apertura del paquete accionario a capitales privados. Además, habría modificado las condiciones laborales de los empleados, que pasarían de ser trabajadores públicos a empleados de una empresa privada.
Mientras la medida cautelar esté vigente, el Banco Nación mantendrá su estatus actual como ente autárquico. Sin embargo, el conflicto judicial podría extenderse, ya que el Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo y llevar el caso a instancias superiores.
La transformación del Banco Nación en sociedad anónima habría tenido repercusiones profundas no solo para los empleados, sino también para los usuarios y el sistema financiero nacional. Como entidad pública, el Banco Nación ha desempeñado un rol social clave, ofreciendo créditos accesibles a sectores productivos como el agro y facilitando servicios bancarios en zonas rurales y de menor desarrollo económico.
Expertos consultados por El Cronista advirtieron que, bajo la figura de sociedad anónima, el banco podría priorizar la rentabilidad sobre su función social. "Puede empezar a dejar su rol social un poco de lado", señaló el economista Federico Glustein. Además, la posibilidad de que el banco cotice en bolsa o abra su capital a inversores privados generó preocupación entre los trabajadores y usuarios, quienes temen que se pierda el carácter público y accesible de la entidad.
El fallo también evita, por el momento, un posible aumento de la conflictividad gremial. El año pasado, cuando se discutió la posibilidad de transformar al Banco Nación en sociedad anónima, hubo movilizaciones masivas lideradas por el Sindicato Asociación Bancaria y otros gremios. Sergio Palazzo, líder del sindicato, es un firme opositor a la privatización, argumentando que afectaría los derechos de los trabajadores y la estabilidad laboral.
Antecedentes de la causa
La disputa judicial comenzó el 11 de junio de 2024, cuando un grupo de actores, entre ellos el Sindicato Asociación Bancaria, presentó una demanda para declarar la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución 348 del Directorio del Banco Nación y del Decreto 70/2023, que buscaba avanzar con la privatización de la entidad. El 25 de septiembre de 2024, el juez Ramos Padilla resolvió que el Decreto 70/2023 y la Resolución 348 no autorizaban la modificación de la situación jurídica del banco, ya que solo el Congreso de la Nación podía hacerlo mediante una ley formal.
Sin embargo, el 19 de febrero de 2025, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 116/2025, que dispuso la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima y aprobó su Estatuto Social. Este decreto fue denunciado por los demandantes como un "hecho nuevo" que profundizaba la amenaza de privatización.
Fundamentos del fallo
En su resolución, el juez Ramos Padilla analizó la legitimidad del Decreto 116/2025 a la luz de la Ley 27.742, conocida como "Ley Bases". El magistrado señaló que, aunque esta ley delega facultades al Poder Ejecutivo para reorganizar y modificar la estructura jurídica de organismos públicos, no incluye expresamente al Banco Nación, que es un ente autárquico con características especiales.
El fallo destacó que la Carta Orgánica del Banco Nación, aprobada por la Ley 21.799, establece que la entidad no está sujeta a las normas generales de la administración pública nacional. Además, el juez recordó que el Congreso ya había rechazado en dos oportunidades la inclusión del Banco Nación en regímenes de privatización, lo que refuerza la idea de que su transformación requiere una ley específica.
La transformación del Banco Nación en sociedad anónima habría implicado cambios en su estructura y funcionamiento. Según expertos consultados por El Cronista, este paso podría haber sido el preludio de una eventual privatización o apertura del paquete accionario a capitales privados. Además, habría modificado las condiciones laborales de los empleados, que pasarían de ser trabajadores públicos a empleados de una empresa privada.
El futuro del Banco Nación
Mientras la medida cautelar esté vigente, el Banco Nación mantendrá su estatus actual como ente autárquico. Sin embargo, el conflicto judicial podría extenderse, ya que el Gobierno tiene la posibilidad de apelar el fallo y llevar el caso a instancias superiores.
Implicancias económicas y sociales
La transformación del Banco Nación en sociedad anónima habría tenido repercusiones profundas no solo para los empleados, sino también para los usuarios y el sistema financiero nacional. Como entidad pública, el Banco Nación ha desempeñado un rol social clave, ofreciendo créditos accesibles a sectores productivos como el agro y facilitando servicios bancarios en zonas rurales y de menor desarrollo económico.
Expertos consultados por El Cronista advirtieron que, bajo la figura de sociedad anónima, el banco podría priorizar la rentabilidad sobre su función social. "Puede empezar a dejar su rol social un poco de lado", señaló el economista Federico Glustein. Además, la posibilidad de que el banco cotice en bolsa o abra su capital a inversores privados generó preocupación entre los trabajadores y usuarios, quienes temen que se pierda el carácter público y accesible de la entidad.
Conflictividad gremial
El fallo también evita, por el momento, un posible aumento de la conflictividad gremial. El año pasado, cuando se discutió la posibilidad de transformar al Banco Nación en sociedad anónima, hubo movilizaciones masivas lideradas por el Sindicato Asociación Bancaria y otros gremios. Sergio Palazzo, líder del sindicato, es un firme opositor a la privatización, argumentando que afectaría los derechos de los trabajadores y la estabilidad laboral.
Con información de
Cronista
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