El Gobierno autorizó la privatización de Intercargo y avanza con la venta del 100% de sus acciones
Martes 18 de
Marzo 2025
La medida sobre la empresa de servicio de rampas y traslados de equipaje en los aeropuertos se oficializó en el Boletín Oficial; habrá una licitación pública
El gobierno nacional autorizó la privatización total de Intercargo, la empresa estatal que presta servicios de rampa en 21 aeropuertos de la Argentina. La medida fue oficializada a través del Decreto 198/2025, publicado en el Boletín Oficial, y forma parte de un proceso de desregulación y apertura del mercado aerocomercial impulsado por el Ministerio de Economía, según se detalla en el texto firmado por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo.
La privatización se concretará mediante la venta del 100% de las acciones de la compañía bajo la modalidad de licitación pública nacional e internacional. La iniciativa no prevé el otorgamiento de preferencias ni la implementación de un programa de propiedad participada para los trabajadores, de acuerdo con lo establecido en la Ley 23.696 y sus modificatorias, citadas como marco normativo en el decreto.
Intercargo, empresa creada en 1961, tiene a su cargo el servicio esencial de rampas, que incluye la atención en tierra de aeronaves, el traslado de pasajeros desde y hacia las terminales y el manejo de equipaje y cargas. Desde 1990, la firma cuenta con la concesión exclusiva de estos servicios en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, luego extendida a otras seis terminales y actualmente operativa en 21 aeropuertos de todo el país.
La compañía estatal, que depende de la órbita del Ministerio de Economía tras sucesivos traspasos administrativos, presta servicios a la mayoría de las aerolíneas comerciales que operan en el país. A lo largo del período 2020-2023, recibió asistencia financiera estatal por $6700 millones para sostener sus operaciones y cumplir con los estándares de calidad y seguridad, según se detalla en los considerandos del decreto.
Desde comienzos de 2024, el Gobierno interrumpió esos aportes, en línea con la política de ajuste del gasto público y de reducción del déficit que impulsa la actual gestión. Según se argumenta en el texto oficial, la situación de emergencia económica, sumada a la necesidad de realizar inversiones para modernizar los servicios y la infraestructura, vuelve inviable la continuidad de Intercargo bajo administración estatal sin nuevos desembolsos públicos.
La decisión se enmarca en lo dispuesto por la Ley 27.742, conocida como "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que declaró sujeta a privatización a la empresa y habilitó al Ejecutivo a avanzar con el proceso. La privatización apunta, según el decreto, a fortalecer el mercado de servicios aeroportuarios en un entorno de libre competencia y a mejorar la calidad y los precios de las prestaciones para usuarios y pasajeros.
El Ejecutivo sostiene que la apertura del sector permitirá la incorporación de operadores privados capaces de realizar las inversiones necesarias para modernizar el transporte y el depósito de bienes y mercaderías en los aeropuertos del país. En ese sentido, en el texto se resalta la importancia de liberar de “interferencias estatales innecesarias” al sector.
El proceso de privatización será ejecutado por el Ministerio de Economía, con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada como unidad ejecutora especial temporaria. Además de la venta de acciones, la medida incluye la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de concesión vigente entre el Estado nacional e Intercargo, que data de 1990. Esa rescisión debe concretarse antes de la transferencia del paquete accionario al futuro adjudicatario.
El decreto también instruye al Ministerio de Economía a garantizar que la privatización no afecte la continuidad del servicio de rampas, considerado esencial por la legislación aeronáutica vigente. En los considerandos se recuerda que el artículo 29 bis del Código Aeronáutico regula estos servicios bajo principios de seguridad, libre competencia y acceso a los mercados, y que su prestación debe mantenerse para asegurar la conectividad nacional e internacional.
El texto oficial subraya que la medida es compatible con los principios de libre acceso a los mercados y desregulación tarifaria establecidos en el Decreto 599/2024 y en la Resolución 49/2024 de la Secretaría de Transporte. Ambas normas regulan las condiciones para la prestación de servicios aeroportuarios y de rampas por parte de nuevos operadores privados, en un marco de competencia y sin cuadros tarifarios regulados, salvo para casos de exclusividad o concesión.
Esta norma que autoriza el proceso de privatización de la empresa de servicios de rampa entrará en vigencia al día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Así, la privatización de Intercargo se suma a la lista de empresas públicas sujetas a procesos de transformación o transferencia al sector privado.
La privatización se concretará mediante la venta del 100% de las acciones de la compañía bajo la modalidad de licitación pública nacional e internacional. La iniciativa no prevé el otorgamiento de preferencias ni la implementación de un programa de propiedad participada para los trabajadores, de acuerdo con lo establecido en la Ley 23.696 y sus modificatorias, citadas como marco normativo en el decreto.
Intercargo, empresa creada en 1961, tiene a su cargo el servicio esencial de rampas, que incluye la atención en tierra de aeronaves, el traslado de pasajeros desde y hacia las terminales y el manejo de equipaje y cargas. Desde 1990, la firma cuenta con la concesión exclusiva de estos servicios en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, luego extendida a otras seis terminales y actualmente operativa en 21 aeropuertos de todo el país.
La compañía estatal, que depende de la órbita del Ministerio de Economía tras sucesivos traspasos administrativos, presta servicios a la mayoría de las aerolíneas comerciales que operan en el país. A lo largo del período 2020-2023, recibió asistencia financiera estatal por $6700 millones para sostener sus operaciones y cumplir con los estándares de calidad y seguridad, según se detalla en los considerandos del decreto.
Desde comienzos de 2024, el Gobierno interrumpió esos aportes, en línea con la política de ajuste del gasto público y de reducción del déficit que impulsa la actual gestión. Según se argumenta en el texto oficial, la situación de emergencia económica, sumada a la necesidad de realizar inversiones para modernizar los servicios y la infraestructura, vuelve inviable la continuidad de Intercargo bajo administración estatal sin nuevos desembolsos públicos.
La decisión se enmarca en lo dispuesto por la Ley 27.742, conocida como "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que declaró sujeta a privatización a la empresa y habilitó al Ejecutivo a avanzar con el proceso. La privatización apunta, según el decreto, a fortalecer el mercado de servicios aeroportuarios en un entorno de libre competencia y a mejorar la calidad y los precios de las prestaciones para usuarios y pasajeros.
El Ejecutivo sostiene que la apertura del sector permitirá la incorporación de operadores privados capaces de realizar las inversiones necesarias para modernizar el transporte y el depósito de bienes y mercaderías en los aeropuertos del país. En ese sentido, en el texto se resalta la importancia de liberar de “interferencias estatales innecesarias” al sector.
El proceso de privatización será ejecutado por el Ministerio de Economía, con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, creada como unidad ejecutora especial temporaria. Además de la venta de acciones, la medida incluye la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de concesión vigente entre el Estado nacional e Intercargo, que data de 1990. Esa rescisión debe concretarse antes de la transferencia del paquete accionario al futuro adjudicatario.
El decreto también instruye al Ministerio de Economía a garantizar que la privatización no afecte la continuidad del servicio de rampas, considerado esencial por la legislación aeronáutica vigente. En los considerandos se recuerda que el artículo 29 bis del Código Aeronáutico regula estos servicios bajo principios de seguridad, libre competencia y acceso a los mercados, y que su prestación debe mantenerse para asegurar la conectividad nacional e internacional.
El texto oficial subraya que la medida es compatible con los principios de libre acceso a los mercados y desregulación tarifaria establecidos en el Decreto 599/2024 y en la Resolución 49/2024 de la Secretaría de Transporte. Ambas normas regulan las condiciones para la prestación de servicios aeroportuarios y de rampas por parte de nuevos operadores privados, en un marco de competencia y sin cuadros tarifarios regulados, salvo para casos de exclusividad o concesión.
Esta norma que autoriza el proceso de privatización de la empresa de servicios de rampa entrará en vigencia al día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Así, la privatización de Intercargo se suma a la lista de empresas públicas sujetas a procesos de transformación o transferencia al sector privado.
Con información de
La Nación
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