RFI informativo internacional
El jefe de la SIDE niega el espionaje interno, pero dos reportes secretos señalan riesgos del nuevo plan de inteligencia
Lunes 07 de
Julio 2025
Sergio Neiffert envió un informe al Congreso en busca de desactivar sospechas; aun así, crece la preocupación entre opositores
En un memo reservado que remitió a la Comisión Bicameral del Congreso, el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, negó que el Gobierno vaya a espiar a políticos, periodistas, movimientos sociales o ambientalistas. Pero dos análisis que comenzaron a circular entre los legisladores alertaron sobre riesgos y ambigüedades en el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) del Gobierno. Estimaron que habilitaría a los agentes de la SIDE a desarrollar “actividades de espionaje o recolección de información orientadas hacia objetivos dentro del país”, según consta en las copias del memo y los reportes que obtuvo LA NACION.
Los análisis críticos del PIN objetaron varias aristas del documento secreto de 170 páginas que redactaron funcionarios de Javier Milei. El primero alertó que habilitaría a espiar a los movimientos sociales y grupos vulnerables, y a desarrollar tareas de “vigilancia de la opinión pública y críticos del Gobierno”. El segundo, marcó el “desacierto” de crear una División de Fuerzas Provinciales dentro de la Agencia de Seguridad Nacional, bajo la órbita de la SIDE. ¿Por qué? Porque “entre las acciones que se le asignan se destaca su participación en ‘el establecimiento y desarrollo de relaciones de coordinación operativa con el área de inteligencia de fuerzas de seguridad provinciales y locales’”.
“Afirmar que en el territorio argentino hay fuerzas de seguridad de gobiernos locales que realizan inteligencia”, lamentaron los autores del segundo reporte, “o el mero reconocimiento por parte de las máximas autoridades del SIN [por el Sistema de Inteligencia Nacional] acerca de la existencia de otros organismos estatales que realizan actividades de inteligencia por fuera de los establecidos en el artículo 6 de la Ley 25520 y modificatorias, representa un precedente grave que no debería pasar desapercibido”.
Ambos informes reservados contradicen, así, a Milei y a sus colaboradores. A través de su cuenta en la red social X, el Presidente sostuvo que la investigación publicada por LA NACION el 25 de mayo pasado, cuando reveló los tramos más polémicos del PIN, era una “fake news”. Y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, argumentó que este diario había incurrido en una “interpretación sesgada” de ese documento, en tanto que Neiffert calificó como “falaz” esa y otras publicaciones periodísticas en las respuestas que remitió a la Comisión Bicameral.
“Para esta Administración los medios de comunicación y los periodistas no son considerados, en ningún caso, objetivos de inteligencia, por cuanto se encuentran protegidos por las garantías constitucionales que rigen la libertad de expresión, el derecho a la información y la actividad periodística”, remarcó Neiffert por escrito. “No voy a permitir que el sistema de inteligencia bajo mi coordinación empeñe sus capacidades para realizar vigilancia sobre políticos ni sobre medios o periodistas por su actividad profesional”, sostuvo.
Dos análisis que comenzaron a circular entre los integrantes de la Comisión Bicameral, sin embargo, marcan los riesgos del PIN, en su redacción actual. Presidida por el senador Martín Lousteau (UCR), la comisión incluye a otros trece legisladores: el diputado Leopoldo Moreau (vicepresidente), el senador Oscar Parrilli (secretario), y los senadores Enrique Göerling Lara, Edith Terenzi, Eduardo De Pedro, María Florencia López y Beatriz Ávila como vocales, junto a los diputados Facundo Correa Llano, Mariela Coletta, Cristian Ritondo, César Treffinger, Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna.
El primero de esos análisis comparó el PIN mileísta con los que rigieron durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Y expuso que el documento vigente combina ejes novedosos con “prioridades tradicionales” que ya integraban aquellos planes como la prevención del terrorismo, la defensa de los recursos naturales estratégicos o los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas y el sector antártico.
Entre las novedades, remarcaron los redactores del primer informe, el PIN actual fijó un “alineamiento geopolítico prioritario” con Estados Unidos e Israel, países a los que Milei otorgó “prioridad absoluta” e identificó como un “norte”. En la práctica, “se traduce en objetivos como la colaboración en materia antiterrorista a nivel global, el intercambio de información estratégica con agencias aliadas y el monitoreo de posibles amenazas que puedan afectar la relación ‘especial’” con ambas naciones.
El reporte comparativo también alertó sobre “un aspecto particularmente sensible del Plan de Inteligencia Nacional”, que debe aplicar Neiffert, quien responde al asesor presidencial Santiago Caputo. ¿Cuál? “La inclusión de actividades de espionaje o recolección de información orientadas hacia objetivos dentro del país, incluyendo eventualmente a ciudadanos argentinos, actores políticos, periodistas u otras personas”.
La ley de inteligencia vigente, cabe aclarar, prohíbe de manera taxativa desarrollar tareas de espionaje interno; es decir, reunir información sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, opiniones políticas, afiliación partidaria o actividad privada lícita, en tanto que las investigaciones por la posible comisión de delitos son competencia de las fuerzas de seguridad y la Justicia, aunque ese límite tiene matices. La legislación vigente faculta a la SIDE a abordar problemas de seguridad interior si son cuestiones estratégicas o delitos federales complejos.
Bajo ese marco normativo general, el primer reporte reservado estimó que el PIN entreabre la puerta para que los agentes desarrollen tareas de “vigilancia de la opinión pública y críticos del Gobierno”. En otras palabras, “una preocupante injerencia en la esfera interna: la SIDE se atribuye una facultad para vigilar el discurso público y a quienes lo emiten, lo que en la práctica constituye espionaje interno si se ejecuta”.
Los analistas remarcaron, también, el “alcance difuso” que tiene el postulado que fija como foco de interés de la SIDE a quienes “manipulen la opinión pública durante procesos electorales o propaguen desinformación”, sin que el PIN consigne mayores precisiones. O su énfasis por el “control del ‘relato oficial’ y discurso público”.
En sus respuestas a la Comisión Bicameral, Neiffert negó ese riesgo. Insistió que la SIDE no espiará a periodistas o medios de comunicación, aunque trazó un lineamiento abierto. Sostuvo que los esfuerzos del sistema de inteligencia se centrarán en “conductas, decisiones, silencios significativos y gestualidades institucionales que, en su conjunto, componen el lenguaje estratégico a través del cual los Estados y otros actores con capacidad de incidencia buscan influir o posicionarse frente a otros”.
En la misma senda, el reporte destacó que el PIN menciona como foco de la SIDE a “los derivados de la pobreza y la desigualdad, así como las migraciones internas descontroladas que ‘puedan constituir un riesgo’ para la estabilidad nacional”. En otras palabras, “sugiere monitorear potenciales focos de conflicto social o asentamientos precarios, para prevenir estallidos de violencia o infiltración de actores externos en sectores vulnerables”.
“Si bien el lenguaje es general –abundaron los analistas-, esto abarca potencialmente la vigilancia de conflictos sociales (protestas masivas, movimientos sociales radicalizados) y el seguimiento de corrientes migratorias internas. La formulación también puede referir a prevenir la posible infiltración de agentes externos en grupos sociales vulnerables”.
En las respuestas que envió a la Comisión, el “Señor 5” de la SIDE descartó esa posibilidad. “Las necesidades de inteligencia no disponen de la identificación de amenazas ni establecen blancos de inteligencia, sino que ordenan producir conocimiento anticipatorio sobre procesos sociales relevantes como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la educación y el mercado de trabajo, en tanto factores estructurales que pueden influir negativamente en el desarrollo integral de la nación”.
“El objetivo es comprender tendencias que, sin tener una connotación subjetiva o intencional, pueden incidir en la estabilidad institucional, la cohesión social o la competitividad estratégica del país”, abundó Neiffert. “No se trata de evaluar individuos o grupos, sino de observar fenómenos que, por su alcance, requieren análisis técnico. Procesos como la urbanización acelerada, sin infraestructura adecuada, el desplazamiento masivo de mano de obra hacia sectores informales o la caída de los niveles educativos pueden afectar el interés nacional”.
Según el análisis comparativo del PIN, en tanto, el documento también incorpora “objetivos orientados a la seguridad económica del país”. Es decir, “dispone focalizar la inteligencia sobre actores que puedan generar inestabilidad financiera o socavar la confianza en las políticas económicas del Gobierno”, aunque no precisa a quiénes podría aludir. “También figura entre los objetivos vigilar posibles conductas monopólicas o cartelización económica que atenten contra la libre competencia en mercados clave”. En otras palabras, que la SIDE podría desarrollar tareas de inteligencia y espionaje entre los empresarios.
Al respecto, Neiffert brindó otra respuesta abierta: “En el marco de la atención sobre la desinformación, como práctica intencionada para incidir en la dimensión económica de la República Argentina, que busca con efectos de impacto significativo afectar el normal desempeño de diversos sectores y generar a la nación, las conductas masivas referidas son aquellas que se replican con cierta simultaneidad y similitud en la acción económica, derivadas de la generalización de la incidencia de una falsedad o engaño que induzca la pérdida de confianza en la realidad económica imperante, produciendo por su multiplicidad efectos estratégicos para la gestión económica del Estado”.
El primero de los reportes que comenzó a circular entre algunos miembros de la Comisión también abordó el postulado del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) sobre los movimientos sociales y la eventual radicalización de ciertos grupos bajo la posible influencia de potencias extranjeras o clanes criminales.
“En el plano interno, el plan apunta a combatir amenazas a la seguridad interior ligadas al terrorismo de raíz local y el delito complejo”, precisó el reporte. Pero, ¿qué significaría ese postulado genérico? “Se menciona explícitamente la lucha contra el terrorismo ‘de raigambre anarquista’”, abundaron los analistas, “posiblemente aludiendo a grupos violentos de extrema izquierda, junto con el narcotráfico”.
Sin embargo, Neiffert insistió en sus respuestas a la Comisión que la SIDE “no tiene por objetivo la reunión de información sobre personas o grupos identificables en términos particulares, ni se orienta hacia acciones que puedan vulnerar derechos constitucionales o libertades civiles”. Según el titular del organismo, “su propósito es anticipar y analizar fenómenos que en el plano estructural puedan generar impactos negativos sobre el orden constitucional, el funcionamiento institucional, la gobernabilidad democrática o la vigencia plena de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución”.
El segundo informe que circuló de manera reservada entre los miembros de la Comisión, en tanto, también incluyó cuestionamientos al PIN. En particular, por su lenguaje impreciso y postulados genéricos. Y marcó que la Casa Rosada tampoco ha establecido una Doctrina de Inteligencia Nacional tras la derogación de la que regía en 2015. Esa doctrina debería precisar el contenido y alcance de los postulados generales más controversiales.
Los análisis críticos del PIN objetaron varias aristas del documento secreto de 170 páginas que redactaron funcionarios de Javier Milei. El primero alertó que habilitaría a espiar a los movimientos sociales y grupos vulnerables, y a desarrollar tareas de “vigilancia de la opinión pública y críticos del Gobierno”. El segundo, marcó el “desacierto” de crear una División de Fuerzas Provinciales dentro de la Agencia de Seguridad Nacional, bajo la órbita de la SIDE. ¿Por qué? Porque “entre las acciones que se le asignan se destaca su participación en ‘el establecimiento y desarrollo de relaciones de coordinación operativa con el área de inteligencia de fuerzas de seguridad provinciales y locales’”.
“Afirmar que en el territorio argentino hay fuerzas de seguridad de gobiernos locales que realizan inteligencia”, lamentaron los autores del segundo reporte, “o el mero reconocimiento por parte de las máximas autoridades del SIN [por el Sistema de Inteligencia Nacional] acerca de la existencia de otros organismos estatales que realizan actividades de inteligencia por fuera de los establecidos en el artículo 6 de la Ley 25520 y modificatorias, representa un precedente grave que no debería pasar desapercibido”.
Ambos informes reservados contradicen, así, a Milei y a sus colaboradores. A través de su cuenta en la red social X, el Presidente sostuvo que la investigación publicada por LA NACION el 25 de mayo pasado, cuando reveló los tramos más polémicos del PIN, era una “fake news”. Y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, argumentó que este diario había incurrido en una “interpretación sesgada” de ese documento, en tanto que Neiffert calificó como “falaz” esa y otras publicaciones periodísticas en las respuestas que remitió a la Comisión Bicameral.
“Para esta Administración los medios de comunicación y los periodistas no son considerados, en ningún caso, objetivos de inteligencia, por cuanto se encuentran protegidos por las garantías constitucionales que rigen la libertad de expresión, el derecho a la información y la actividad periodística”, remarcó Neiffert por escrito. “No voy a permitir que el sistema de inteligencia bajo mi coordinación empeñe sus capacidades para realizar vigilancia sobre políticos ni sobre medios o periodistas por su actividad profesional”, sostuvo.
Dos análisis que comenzaron a circular entre los integrantes de la Comisión Bicameral, sin embargo, marcan los riesgos del PIN, en su redacción actual. Presidida por el senador Martín Lousteau (UCR), la comisión incluye a otros trece legisladores: el diputado Leopoldo Moreau (vicepresidente), el senador Oscar Parrilli (secretario), y los senadores Enrique Göerling Lara, Edith Terenzi, Eduardo De Pedro, María Florencia López y Beatriz Ávila como vocales, junto a los diputados Facundo Correa Llano, Mariela Coletta, Cristian Ritondo, César Treffinger, Rodolfo Tailhade y Blanca Osuna.
El primero de esos análisis comparó el PIN mileísta con los que rigieron durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Y expuso que el documento vigente combina ejes novedosos con “prioridades tradicionales” que ya integraban aquellos planes como la prevención del terrorismo, la defensa de los recursos naturales estratégicos o los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas y el sector antártico.
Entre las novedades, remarcaron los redactores del primer informe, el PIN actual fijó un “alineamiento geopolítico prioritario” con Estados Unidos e Israel, países a los que Milei otorgó “prioridad absoluta” e identificó como un “norte”. En la práctica, “se traduce en objetivos como la colaboración en materia antiterrorista a nivel global, el intercambio de información estratégica con agencias aliadas y el monitoreo de posibles amenazas que puedan afectar la relación ‘especial’” con ambas naciones.
“Aspecto particularmente sensible”
El reporte comparativo también alertó sobre “un aspecto particularmente sensible del Plan de Inteligencia Nacional”, que debe aplicar Neiffert, quien responde al asesor presidencial Santiago Caputo. ¿Cuál? “La inclusión de actividades de espionaje o recolección de información orientadas hacia objetivos dentro del país, incluyendo eventualmente a ciudadanos argentinos, actores políticos, periodistas u otras personas”.
La ley de inteligencia vigente, cabe aclarar, prohíbe de manera taxativa desarrollar tareas de espionaje interno; es decir, reunir información sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, opiniones políticas, afiliación partidaria o actividad privada lícita, en tanto que las investigaciones por la posible comisión de delitos son competencia de las fuerzas de seguridad y la Justicia, aunque ese límite tiene matices. La legislación vigente faculta a la SIDE a abordar problemas de seguridad interior si son cuestiones estratégicas o delitos federales complejos.
Bajo ese marco normativo general, el primer reporte reservado estimó que el PIN entreabre la puerta para que los agentes desarrollen tareas de “vigilancia de la opinión pública y críticos del Gobierno”. En otras palabras, “una preocupante injerencia en la esfera interna: la SIDE se atribuye una facultad para vigilar el discurso público y a quienes lo emiten, lo que en la práctica constituye espionaje interno si se ejecuta”.
Los analistas remarcaron, también, el “alcance difuso” que tiene el postulado que fija como foco de interés de la SIDE a quienes “manipulen la opinión pública durante procesos electorales o propaguen desinformación”, sin que el PIN consigne mayores precisiones. O su énfasis por el “control del ‘relato oficial’ y discurso público”.
En sus respuestas a la Comisión Bicameral, Neiffert negó ese riesgo. Insistió que la SIDE no espiará a periodistas o medios de comunicación, aunque trazó un lineamiento abierto. Sostuvo que los esfuerzos del sistema de inteligencia se centrarán en “conductas, decisiones, silencios significativos y gestualidades institucionales que, en su conjunto, componen el lenguaje estratégico a través del cual los Estados y otros actores con capacidad de incidencia buscan influir o posicionarse frente a otros”.
Pobreza y movimientos sociales
En la misma senda, el reporte destacó que el PIN menciona como foco de la SIDE a “los derivados de la pobreza y la desigualdad, así como las migraciones internas descontroladas que ‘puedan constituir un riesgo’ para la estabilidad nacional”. En otras palabras, “sugiere monitorear potenciales focos de conflicto social o asentamientos precarios, para prevenir estallidos de violencia o infiltración de actores externos en sectores vulnerables”.
“Si bien el lenguaje es general –abundaron los analistas-, esto abarca potencialmente la vigilancia de conflictos sociales (protestas masivas, movimientos sociales radicalizados) y el seguimiento de corrientes migratorias internas. La formulación también puede referir a prevenir la posible infiltración de agentes externos en grupos sociales vulnerables”.
En las respuestas que envió a la Comisión, el “Señor 5” de la SIDE descartó esa posibilidad. “Las necesidades de inteligencia no disponen de la identificación de amenazas ni establecen blancos de inteligencia, sino que ordenan producir conocimiento anticipatorio sobre procesos sociales relevantes como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la educación y el mercado de trabajo, en tanto factores estructurales que pueden influir negativamente en el desarrollo integral de la nación”.
“El objetivo es comprender tendencias que, sin tener una connotación subjetiva o intencional, pueden incidir en la estabilidad institucional, la cohesión social o la competitividad estratégica del país”, abundó Neiffert. “No se trata de evaluar individuos o grupos, sino de observar fenómenos que, por su alcance, requieren análisis técnico. Procesos como la urbanización acelerada, sin infraestructura adecuada, el desplazamiento masivo de mano de obra hacia sectores informales o la caída de los niveles educativos pueden afectar el interés nacional”.
Según el análisis comparativo del PIN, en tanto, el documento también incorpora “objetivos orientados a la seguridad económica del país”. Es decir, “dispone focalizar la inteligencia sobre actores que puedan generar inestabilidad financiera o socavar la confianza en las políticas económicas del Gobierno”, aunque no precisa a quiénes podría aludir. “También figura entre los objetivos vigilar posibles conductas monopólicas o cartelización económica que atenten contra la libre competencia en mercados clave”. En otras palabras, que la SIDE podría desarrollar tareas de inteligencia y espionaje entre los empresarios.
Al respecto, Neiffert brindó otra respuesta abierta: “En el marco de la atención sobre la desinformación, como práctica intencionada para incidir en la dimensión económica de la República Argentina, que busca con efectos de impacto significativo afectar el normal desempeño de diversos sectores y generar a la nación, las conductas masivas referidas son aquellas que se replican con cierta simultaneidad y similitud en la acción económica, derivadas de la generalización de la incidencia de una falsedad o engaño que induzca la pérdida de confianza en la realidad económica imperante, produciendo por su multiplicidad efectos estratégicos para la gestión económica del Estado”.
“Raigambre anarquista”
El primero de los reportes que comenzó a circular entre algunos miembros de la Comisión también abordó el postulado del Plan de Inteligencia Nacional (PIN) sobre los movimientos sociales y la eventual radicalización de ciertos grupos bajo la posible influencia de potencias extranjeras o clanes criminales.
“En el plano interno, el plan apunta a combatir amenazas a la seguridad interior ligadas al terrorismo de raíz local y el delito complejo”, precisó el reporte. Pero, ¿qué significaría ese postulado genérico? “Se menciona explícitamente la lucha contra el terrorismo ‘de raigambre anarquista’”, abundaron los analistas, “posiblemente aludiendo a grupos violentos de extrema izquierda, junto con el narcotráfico”.
Sin embargo, Neiffert insistió en sus respuestas a la Comisión que la SIDE “no tiene por objetivo la reunión de información sobre personas o grupos identificables en términos particulares, ni se orienta hacia acciones que puedan vulnerar derechos constitucionales o libertades civiles”. Según el titular del organismo, “su propósito es anticipar y analizar fenómenos que en el plano estructural puedan generar impactos negativos sobre el orden constitucional, el funcionamiento institucional, la gobernabilidad democrática o la vigencia plena de los derechos fundamentales garantizados por la Constitución”.
El segundo informe que circuló de manera reservada entre los miembros de la Comisión, en tanto, también incluyó cuestionamientos al PIN. En particular, por su lenguaje impreciso y postulados genéricos. Y marcó que la Casa Rosada tampoco ha establecido una Doctrina de Inteligencia Nacional tras la derogación de la que regía en 2015. Esa doctrina debería precisar el contenido y alcance de los postulados generales más controversiales.
Con información de
La Nación
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