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La brújula de la justicia: El rol central del debido proceso en el Derecho Penal. Dr. Carlos D. Renna

Por: Dr. Carlos Renna - Exjuez de Cámara Penal Prov. de Santa Fe
Viernes 14 de Noviembre 2025

Una brújula es un instrumento que se utiliza para la orientación y la navegación. Su característica principal es que utiliza una aguja imantada que siempre señala el norte magnético terrestre. En el derecho se podría asimilar a los principios fundamentales para el proceso justo y legal.
El debido proceso en materia penal es como el “sendero procesal” que legalmente se debe recorrer por las partes para llegar a la resolución del caso. Este sendero muchas veces se transforma en un laberinto que los justiciables no pueden descifrar.
 

Garantizando la legalidad: Un Análisis del Debido Proceso en el Ámbito Criminal.

 
El debido proceso penal es un conjunto de garantías constitucionales que aseguran un juicio justo y protegen los derechos de las personas investigadas o procesadas por un delito. Sus pilares principales incluyen el derecho a ser oído, la existencia de un juez competente e imparcial, y la resolución dentro de un plazo razonable. Este principio garantiza la defensa de los imputados frente a la arbitrariedad del Estado, presumiendo la inocencia hasta que se demuestre lo contrario. 
 

Elementos clave del debido proceso penal:

 
a.- Derecho a la defensa: Permite a una persona defenderse adecuadamente de las acusaciones. Para ello, se puede contratar un abogado privado o de buffet que lo asista de los primeros momentos de la investigación, o una designación de un defensor público de oficio del Servicio de Defensa Pública regulado en Santa Fe, por la  Ley Provincial Nº 13.014.
 
La Jurisprudencia de la CSJN refiere a que la defensa técnica del imputado debe ser real y no formal.
 
b.- Presunción de inocencia: Se presume que todo acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Este principio está legislado en la Constitución Nacional, los Códigos Provinciales de Procedimiento y en los Tratados Internacionales.
 
c.- Juez competente e imparcial: El caso debe ser juzgado por un tribunal establecido legalmente, que sea independiente e imparcial. Este principio se denomina de Juez Natural, que no tenga otro interés en el proceso que determinar la verdad en el fallo y sancionar las conductas procesales ilícitas dentro del mismo.
 
d.- Derecho a ser oído: Se garantiza que las partes puedan exponer sus argumentos y probar sus defensas. Fundamentalmente a exponer su verdad si así lo desea, y a presentar pruebas de su caso.
 
e.- Plazo razonable: El proceso debe llevarse a cabo dentro de un tiempo que no sea excesivamente prolongado. Juegan en ese punto la prescripción de la acción penal si el plazo es muy extenso y supera el máximo de la pena regulada para ese delito sin interrupciones o suspensiones. También existe una figura moderna que refiere a la insubsistencia de la acción penal cuando pasan plazos alongados en el tiempo y el proceso penal pierde el interés en su resolución, teniéndose en cuenta que el mismo es una estigmatización del justiciable imputado de un delito.
 
f.- Legalidad: No se puede ser penado sin un juicio previo basado en una ley anterior al delito cometido, y se deben seguir las formalidades propias de cada juicio. 
 
g.- Prohibición de la autoinculpación: Nadie puede ser “obligado a declarar contra sí mismo”. Este principio está legislado y previsto como norma importante y fundamental en la Constitución Nacional Argentina.
 
h.- Principio de buena fe procesal: También es un principio importante desde el punto de vista procesal la buena fe de las partes durante el proceso, cuestión que está regulada en los Códigos de Procedimientos.
 

Entre la eficacia y la garantía: Tensión y Equilibrio en el Debido Proceso Penal.

 
Puede sostenerse que el derecho al debido proceso legal se refiere “al derecho que tengo a defenderme y asegurar el cumplimiento de mis derechos si estoy acusada/o de un delito”. Este derecho incluye las siguientes condiciones: El derecho a que se presuma mi inocencia hasta que se demuestre lo contrario, conocido como principio de inocencia ya mencionado. La victima u ofendido por el delito tendrá derecho a presentar pruebas en su favor y el imputado a defenderse. Pero todas las acciones de investigación no pueden ser obtenidas ilícitamente bajo sanción de inadmisibilidad, es decir que esa prueba no puede ser válida ni tenida en cuenta para formar parte de una acusación y el Juez competente debe advertirlo, señalarlo, indicarlo, porque es un Juez de garantías.
 
No está de más aclarar que si el Fiscal y el Juez no determinan claramente que la prueba obtenida está viciada de ilegalidad, vulneran silenciosamente el debido proceso, convirtiendo a la justicia en una práctica judicial defectuosa, alterando principios constitucionales de los Arts. 18 y 19 de la Carta Magna.
 
Siempre que existe un litigio subsiste un  pleito, y por ello se produce tensión entre las partes acusadora y defensa, pero debe haber una igualdad de armas o de trato.
 
¿Qué es el debido proceso en EEUU? El debido proceso (o debido proceso legal) se refiere principalmente al concepto que se encuentra en la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que nadie será "privado de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal" por el gobierno federal .
 
En EEUU el debido proceso penal es el conjunto de garantías legales que aseguran un juicio justo para cualquier persona acusada de un delito, protegiéndola de la actuación arbitraria del gobierno. La Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantiza el debido proceso y otros derechos cruciales, como el derecho a no autoincriminarse (el derecho a permanecer en silencio) y la protección contra la doble incriminación. 
 

Debido proceso penal en EEUU incluye:

 
A.- Concepto: Es un principio fundamental que exige que el gobierno siga procedimientos legales establecidos antes de poder privar a alguien de su vida, libertad o propiedad (es un escudo para el ciudadano imputado).
 
B.- Propósito: Asegura la equidad en el proceso judicial y protege a las personas de la arbitrariedad del poder gubernamental. Es decir evitar el abuso de poder estatal constituye un imperativo social traducido en garantías del proceso.
 
C.- Implica: Que el acusado debe ser notificado y tener la oportunidad de presentar su caso ante un tribunal. 
 

Quinta Enmienda (Estados Unidos), contiene varias protecciones que constituyen el dilema procesal de justicia y legalidad:

 
1.- Derecho al debido proceso: La garantía de que el gobierno no puede quitarle a alguien la vida, la libertad o la propiedad sin un proceso legal adecuado.
 
2.- Derecho a no auto incriminarse: La protección contra ser obligado a testificar en su contra en un proceso penal, conocido como el "derecho a permanecer en silencio".
 
3.-Protección contra la doble incriminación: Prohíbe que una persona sea sometida a juicio dos veces por el mismo delito.
 
4.- Derecho al gran jurado: Requiere que la mayoría de los delitos capitales o infames sean presentados ante un gran jurado antes de que la persona sea acusada formalmente. 
 
En síntesis, la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege varios derechos, siendo los más conocidos el derecho a “no autoincriminarse” ("invocar la Quinta"), el derecho a un “gran jurado para delitos graves”, la “prohibición de la doble incriminación y el derecho a un juicio justo y el debido proceso legal”. Básicamente, nadie puede ser obligado a testificar contra sí mismo, se debe presentar una acusación formal de un gran jurado para ciertos delitos, no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo delito y no se puede privar a nadie de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. 
 
Como conclusión considero que el Debido Proceso es como el mínimo de Derechos Humanos en el Proceso Penal, incluyendo la tutela judicial efectiva y la defensa técnica del imputado como las dos caras a respetar. Consecuentemente la brújula indica que el camino correcto de la justicia es el respeto a los ciudadanos sometidos a proceso y que ese proceso sea justo, legal y garantista.


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