Gil Lavedra advirtió por la inconstitucionalidad de la reforma laboral: "No se puede equiparar a trabajadores y empleadores"
Viernes 26 de
Diciembre 2025
El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, analizó el proyecto del Gobierno de Javier Milei. Si bien coincidió en la necesidad de modernizar las leyes, alertó que la propuesta ignora la desigualdad estructural del empleo y podría generar una ola de judicialización que afecte la seguridad jurídica.
En el marco del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación, el Dr. Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, fijó la postura institucional de la entidad de cara al tratamiento del proyecto que tramita su destino en el Congreso. A través de un análisis técnico, el jurista sostuvo que cualquier actualización normativa debe realizarse sin desatender el bloque de constitucionalidad ni la función protectora del Derecho del Trabajo.
Modernización con límites constitucionales
Gil Lavedra comenzó reconociendo que el contexto global exige cambios. “El mundo del trabajo actual requiere marcos normativos que brinden certidumbre y previsibilidad, así como la adecuación a los profundos cambios tecnológicos de la sociedad en que vivimos”, señaló. En ese sentido, admitió que el propósito del Gobierno de mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica es válido.
Sin embargo, el exjuez del Juicio a las Juntas y exministro de Justicia, fue tajante al marcar una línea roja en la constitucionalidad de la norma que se debate en el Senado. “Cualquier proceso de actualización normativa en materia laboral debe encuadrarse estrictamente dentro de los límites del bloque de constitucionalidad federal y de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”.
El riesgo de la «privatización» del contrato laboral
Uno de los puntos más críticos de la declaración de Gil Lavedra reside en el intento del proyecto oficialista de tratar al trabajador y al empleador como iguales en una mesa de negociación. “Resulta inconstitucional equiparar la capacidad de negociación de trabajadores y empleadores, desconociendo la desigualdad estructural de la relación laboral y la función tuitiva del Derecho del Trabajo”, advirtió.
Para el titular del CPACF, pretender que acuerdos de voluntad individual reemplacen a la negociación colectiva es un retroceso jurídico: “La sustitución de la negociación colectiva por acuerdos de voluntad individual o el intento de asimilar el contrato de trabajo a un contrato de derecho privado común, importa un desconocimiento de la protección constitucional vigente”.
Advertencia por la judicialización y la seguridad jurídica
Contrario al argumento oficial que sostiene que la reforma atraerá inversiones, Gil Lavedra sostuvo que una norma regresiva podría tener el efecto opuesto. Según el letrado, si la reforma “vacía de contenido el rol compensador del Derecho del Trabajo” y prescinde del diálogo social tripartito, entre Estado, Capital y Fuerza de Trabajo, “lejos de promover el empleo decente, fomentará la judicialización y aumentará la inseguridad jurídica”.
Este escenario, argumentó, terminará “desalentando el anclaje de inversiones y perjudicando a la actividad productiva”, debido a la inestabilidad que generan las leyes que luego son declaradas nulas por los tribunales.
Defensa de la labor profesional y la independencia judicial
Gil Lavedra también hizo foco en la situación de los abogados y la independencia de los jueces. Respecto a la intención de obligar a los tribunales inferiores a fallar según la doctrina de la Corte Suprema, aclaró que, aunque es un deber seguir esos lineamientos, “ello no puede imponerse por vía legal en materia laboral, pues afecta la independencia judicial”.
Asimismo, denunció intentos de limitar el ejercicio de la abogacía en el ámbito laboral: “No puede menoscabarse la tarea de los abogados y abogadas mediante la imposición de riesgos derivados de su actuación profesional o bien reduciendo injustificadamente sus honorarios”.
Llamado a la responsabilidad legislativa
Finalmente, el presidente del Colegio Público instó a los diputados y senadores a legislar con prudencia. Si bien reconoció que “existe un reclamo ciudadano por una reforma laboral que elimine trabas”, concluyó que el éxito de la misma dependerá de su legalidad. “Solo el respeto a la dignidad del trabajo humano permitirá construir una reforma moderna y sostenible”, sentenció.
Modernización con límites constitucionales
Gil Lavedra comenzó reconociendo que el contexto global exige cambios. “El mundo del trabajo actual requiere marcos normativos que brinden certidumbre y previsibilidad, así como la adecuación a los profundos cambios tecnológicos de la sociedad en que vivimos”, señaló. En ese sentido, admitió que el propósito del Gobierno de mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica es válido.
Sin embargo, el exjuez del Juicio a las Juntas y exministro de Justicia, fue tajante al marcar una línea roja en la constitucionalidad de la norma que se debate en el Senado. “Cualquier proceso de actualización normativa en materia laboral debe encuadrarse estrictamente dentro de los límites del bloque de constitucionalidad federal y de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina”.
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Para el titular del CPACF, pretender que acuerdos de voluntad individual reemplacen a la negociación colectiva es un retroceso jurídico: “La sustitución de la negociación colectiva por acuerdos de voluntad individual o el intento de asimilar el contrato de trabajo a un contrato de derecho privado común, importa un desconocimiento de la protección constitucional vigente”.
Advertencia por la judicialización y la seguridad jurídica
Contrario al argumento oficial que sostiene que la reforma atraerá inversiones, Gil Lavedra sostuvo que una norma regresiva podría tener el efecto opuesto. Según el letrado, si la reforma “vacía de contenido el rol compensador del Derecho del Trabajo” y prescinde del diálogo social tripartito, entre Estado, Capital y Fuerza de Trabajo, “lejos de promover el empleo decente, fomentará la judicialización y aumentará la inseguridad jurídica”.
Este escenario, argumentó, terminará “desalentando el anclaje de inversiones y perjudicando a la actividad productiva”, debido a la inestabilidad que generan las leyes que luego son declaradas nulas por los tribunales.
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