Columna de opinión
Amenazas en escuelas: ¿qué responsabilidad le cabe al Ministerio que conduce José Goity?
Miércoles 22 de
Abril 2026
Por:
Maxi Romero
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Misiva Ministerio de Educación
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Circular 1 de diciembre de 2023
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Segunda misiva del Ministerio de Educación
Segunda misiva del Ministerio de Educación
Educación ¿Qué rol y qué grado de responsabilidad asume el Ministerio de Educación? ¿Cabe hablar, también, de responsabilidad objetiva?
Los Equipos Socioeducativos Interdisciplinarios reclaman reconocimiento profesional, salarial y concursos y están desbordados de trabajo. Por su parte el Gobierno “advierte sobre consecuencias legales y económicas” a padres y madres y convocó “a toda la comunidad educativa a asumir un rol activo en la prevención”.
Hay una pregunta que incomoda y que, curiosamente, no aparece en el discurso oficial: ¿qué rol y qué grado de responsabilidad asume el propio Ministerio de Educación? ¿Existe, en este caso, una responsabilidad objetiva del Estado?
La circular 0001 de la Secretaría de Gestión Territorial Educativa, del 28 de diciembre de 2023, fija el procedimiento frente a hechos delictivos contra establecimientos escolares.
En fecha 19 de abril de 2026, “el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe se dirige a toda la comunidad educativa con el fin de emitir una alerta preventiva frente a los hechos de público conocimiento ocurridos recientemente en nuestra provincia en relación a aparición de carteles y pintadas con amenazas de tiroteos en Establecimientos Escolares”.
El mensaje pone el foco en los “delitos de intimidación pública y la responsabilidad penal juvenil”, en las eventuales causas judiciales y allanamientos, en los costos económicos que generan estos episodios, y en la responsabilidad de los representantes legales. A la vez, subraya la necesidad de concientización y el rol de la familia en la prevención.
En particular, el apartado sobre “costos económicos” es contundente. Cada amenaza activa un despliegue estatal considerable: fuerzas policiales, brigadas tácticas, tránsito, servicios médicos. Todo eso cuesta. Y mucho.
La referencia -en esa misiva- al artículo 1754 del Código Civil y Comercial no es casual: los padres responden por los daños causados por sus hijos. La conclusión es directa: el Estado reclamará judicialmente esos gastos. Por lo tanto, el Estado Provincial demandará y reclamará judicialmente a los padres, madres y/o representantes legales el pago íntegro de los gastos operativos y la reparación económica por los daños y perjuicios ocasionados por las acciones de sus hijos.
Ahora bien, sin necesidad de ingresar en tecnicismos jurídicos (derecho administrativo, civil, constitucional, etc.), la escena deja abierta otro interrogante. ¿Se está construyendo un relato que desplaza la responsabilidad hacia la sociedad para aliviar la propia carga del Ministerio de Educación?
Hay un punto que no pasa desapercibido: en la misma comunicación no aparece —ni siquiera como mención— la posible o eventual responsabilidad del Estado. Mucho menos, si correspondiera, la del Ministerio de Educación -que conduce José Goity- en materia de prevención, detección temprana o cualquier otra instancia en la que pudiera caberle responsabilidad.
El Código Civil es citado, pero parece que de manera selectiva. No aparece, por ejemplo, el artículo 1767, que establece la responsabilidad de los establecimientos educativos por los daños sufridos o causados por alumnos menores de edad bajo su control. Una responsabilidad objetiva, que solo se exime ante caso fortuito.
Tampoco se abre el debate sobre otro punto sensible: las acciones —o las omisiones— de los funcionarios frente a la falta de inversión en equipos interdisciplinarios o en la ampliación de los dispositivos socioeducativos.
Desde algunos sectores gremiales, la interpretación es directa y sin rodeos: “el Ministerio encontró rápidamente el foco del conflicto en cualquier lado, menos en el grado de responsabilidad que le toca”.
Los datos refuerzan esa percepción. En la Delegación IV, una de las más extensas de la provincia, el equipo socioeducativo está integrado por apenas 23 profesionales. Trabajadoras sociales, psicólogas, psicopedagogas, terapistas ocupacionales. Todos para intervenir en cerca de 800 escuelas distribuidas a lo largo de 400 kilómetros.
No es solo una cuestión de psicólogos. Es, sobre todo, una cuestión de equipos. La Ley de Educación Nacional indica que “el Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones necesarias para que las distintas jurisdicciones garanticen… la conformación de gabinetes interdisciplinarios en las escuelas”
Paradójicamente, los propios objetivos del Ministerio hablan de abordar las problemáticas desde una perspectiva integral, evitando reducir todo a un “caso individual” y contemplando la complejidad institucional.
El Decreto 4380 de 2015, que da origen a los equipos socioeducativos, establece con claridad sus objetivos. En la dimensión institucional, plantea “contribuir a la identificación de los núcleos problemáticos que emergen en las escuelas desde una perspectiva integral, evitando la reducción al ‘caso individual’ y abordando las situaciones en su complejidad”.
En cuanto a la dimensión socio-familiar, dispone “realizar trabajo de campo para conocer la problemática socio-familiar de manera integral y contextualizada”, así como “orientar al grupo familiar en función de las necesidades detectadas y acompañarlo cuando resulte pertinente”.
Sin embargo, en la práctica, muchas veces llegan cuando el conflicto ya estalló.
El ajuste en el sistema educativo se hace visible en cada tema que se aborda. Docentes que cargan cada día con más responsabilidades, muchas veces por fuera de su rol específico. Equipos directivos con funciones cada vez más amplias, pero con recursos cada vez más escasos. Y, en contraste, funcionarios con exposiciones mediáticas pobres, sin ofrecer las respuestas que el sistema necesita.
--
Ampliaremos... porque la educación es un compromiso de todos.
Hay una pregunta que incomoda y que, curiosamente, no aparece en el discurso oficial: ¿qué rol y qué grado de responsabilidad asume el propio Ministerio de Educación? ¿Existe, en este caso, una responsabilidad objetiva del Estado?
La circular 0001 de la Secretaría de Gestión Territorial Educativa, del 28 de diciembre de 2023, fija el procedimiento frente a hechos delictivos contra establecimientos escolares.
En fecha 19 de abril de 2026, “el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe se dirige a toda la comunidad educativa con el fin de emitir una alerta preventiva frente a los hechos de público conocimiento ocurridos recientemente en nuestra provincia en relación a aparición de carteles y pintadas con amenazas de tiroteos en Establecimientos Escolares”.
El mensaje pone el foco en los “delitos de intimidación pública y la responsabilidad penal juvenil”, en las eventuales causas judiciales y allanamientos, en los costos económicos que generan estos episodios, y en la responsabilidad de los representantes legales. A la vez, subraya la necesidad de concientización y el rol de la familia en la prevención.
En particular, el apartado sobre “costos económicos” es contundente. Cada amenaza activa un despliegue estatal considerable: fuerzas policiales, brigadas tácticas, tránsito, servicios médicos. Todo eso cuesta. Y mucho.
La referencia -en esa misiva- al artículo 1754 del Código Civil y Comercial no es casual: los padres responden por los daños causados por sus hijos. La conclusión es directa: el Estado reclamará judicialmente esos gastos. Por lo tanto, el Estado Provincial demandará y reclamará judicialmente a los padres, madres y/o representantes legales el pago íntegro de los gastos operativos y la reparación económica por los daños y perjuicios ocasionados por las acciones de sus hijos.
Ahora bien, sin necesidad de ingresar en tecnicismos jurídicos (derecho administrativo, civil, constitucional, etc.), la escena deja abierta otro interrogante. ¿Se está construyendo un relato que desplaza la responsabilidad hacia la sociedad para aliviar la propia carga del Ministerio de Educación?
Hay un punto que no pasa desapercibido: en la misma comunicación no aparece —ni siquiera como mención— la posible o eventual responsabilidad del Estado. Mucho menos, si correspondiera, la del Ministerio de Educación -que conduce José Goity- en materia de prevención, detección temprana o cualquier otra instancia en la que pudiera caberle responsabilidad.
El Código Civil es citado, pero parece que de manera selectiva. No aparece, por ejemplo, el artículo 1767, que establece la responsabilidad de los establecimientos educativos por los daños sufridos o causados por alumnos menores de edad bajo su control. Una responsabilidad objetiva, que solo se exime ante caso fortuito.
Tampoco se abre el debate sobre otro punto sensible: las acciones —o las omisiones— de los funcionarios frente a la falta de inversión en equipos interdisciplinarios o en la ampliación de los dispositivos socioeducativos.
Desde algunos sectores gremiales, la interpretación es directa y sin rodeos: “el Ministerio encontró rápidamente el foco del conflicto en cualquier lado, menos en el grado de responsabilidad que le toca”.
Los datos refuerzan esa percepción. En la Delegación IV, una de las más extensas de la provincia, el equipo socioeducativo está integrado por apenas 23 profesionales. Trabajadoras sociales, psicólogas, psicopedagogas, terapistas ocupacionales. Todos para intervenir en cerca de 800 escuelas distribuidas a lo largo de 400 kilómetros.
No es solo una cuestión de psicólogos. Es, sobre todo, una cuestión de equipos. La Ley de Educación Nacional indica que “el Consejo Federal de Educación fijará las disposiciones necesarias para que las distintas jurisdicciones garanticen… la conformación de gabinetes interdisciplinarios en las escuelas”
Paradójicamente, los propios objetivos del Ministerio hablan de abordar las problemáticas desde una perspectiva integral, evitando reducir todo a un “caso individual” y contemplando la complejidad institucional.
El Decreto 4380 de 2015, que da origen a los equipos socioeducativos, establece con claridad sus objetivos. En la dimensión institucional, plantea “contribuir a la identificación de los núcleos problemáticos que emergen en las escuelas desde una perspectiva integral, evitando la reducción al ‘caso individual’ y abordando las situaciones en su complejidad”.
En cuanto a la dimensión socio-familiar, dispone “realizar trabajo de campo para conocer la problemática socio-familiar de manera integral y contextualizada”, así como “orientar al grupo familiar en función de las necesidades detectadas y acompañarlo cuando resulte pertinente”.
Sin embargo, en la práctica, muchas veces llegan cuando el conflicto ya estalló.
El ajuste en el sistema educativo se hace visible en cada tema que se aborda. Docentes que cargan cada día con más responsabilidades, muchas veces por fuera de su rol específico. Equipos directivos con funciones cada vez más amplias, pero con recursos cada vez más escasos. Y, en contraste, funcionarios con exposiciones mediáticas pobres, sin ofrecer las respuestas que el sistema necesita.
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