Las inversiones chinas en la Argentina se mantienen a pesar de la acusación del embajador de Trump a Huawei
Martes 18 de
Agosto 2026
Hay más de US$300 millones comprometidos en proyectos ferroviarios y resta la aprobación de un proyecto minero con beneficios impositivos que debería invertir US$710 millones
l “caso Huawei”, impulsado por las declaraciones del embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, encendió una pregunta: ¿qué hacen las empresas chinas en la Argentina? El interrogante generó tensión diplomática y trasladó la mirada hacia el equilibrio que realiza la gestión de Javier Milei entre uno de sus principales socios, Estados Unidos, que dotó de dólares al país en tiempos de incertidumbre electoral, y el gigante asiático, con compañías oriundas de allí que son contratistas en la emergencia ferroviaria y subsidiarias que lograron meterse en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
La administración de Donald Trump no esconde sus reparos sobre los productos chinos. Desde un evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, el embajador Lamelas puntualizó sobre la tecnológica Huawei y un supuesto espionaje: “China exige a sus empresas que le den al Estado cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial (IA). Todo está controlado por el Partido Comunista Chino”.
Desde la compañía contestaron que se trata de “acusaciones sin sustento”. Por su parte, la embajada china respondió que su gobierno “atribuye alta importancia a la privacidad”, lanzó críticas a una “mentalidad de guerra fría” y sostuvo que la Argentina “no necesita que nadie le enseñe cómo traer inversiones”.
La puja tiene antecedentes discursivos y millonarios. Sobre los primeros, en febrero, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, participó de un evento sobre minerales críticos, como el litio. Allí manifestó reparos sobre China y dijo que “Argentina tiene capacidad para ser un socio clave”.
Precisamente una minera de origen chino, Zijin Mining, posó sus ojos sobre la Argentina. Si bien en 2022, durante la anterior gestión, anunciaron inversiones en el país luego de reunirse con autoridades del exministerio de Desarrollo Productivo, una subsidiaria suya entró a una de las apuestas económicas de la gestión Milei. Se trata de Sucursal Dedicada de Liex SA, que obtuvo a finales de julio la resolución por la que el Ministerio de Economía aprobó su ingreso al RIGI. Este esquema otorga beneficios impositivos a proyectos que demanden más de US$200 millones. En este caso: US$710 millones, para la construcción y operación de una planta productora de carbonato de litio.
Casi tres meses antes, una empresa pública, Operadora Ferroviaria (Trenes Argentinos) adjudicó una contratación directa por la emergencia ferroviaria a China Rainbow International Investment Co. Ltd. y a CRRC Tangshan, una compañía china que fabrica equipamiento para trenes. Quedaron comprometidos US$323 millones para la adquisición de 43 unidades diésel, 150 coches y la provisión de insumos durante los primeros tres años de mantenimiento.
Esta no fue la única vez en la que una empresa china se quedó con un contrato por la emergencia ferroviaria. El 20 de enero de 2025, el Gobierno anunció un primer giro de US$2 millones a la compañía china CRRC International CO LTD. “La adenda firmada por 130 millones de dólares permitirá priorizar la llegada de repuestos necesarios para el mantenimiento pesado de los coches eléctricos. Los elementos arribarán a partir del segundo semestre de 2025, en cuatro lotes”, indicó el comunicado oficial.
La actividad de empresas chinas no termina ahí. Ganfeng Lithium tiene proyectos en las provincias de Salta y Jujuy. Entre ellos, se destacan las iniciativas Mariana y Pozuelos Pastos Grandes. A su vez, la minera Shandong Gold es una de las firmas que trabaja en la mina de Veladero, en San Juan. El mapa suma actores al considerar a PowerChina, una compañía dedicada a la energía renovable.
Estas iniciativas contrastan con otras decisiones que tomó el Gobierno en licitaciones de gran envergadura con una denominada “cláusula anti China”. Ejemplo de ello fue la compulsa por la concesión de la Hidrovía o las de concesiones viales. Incluso, esa regla se repitió en una nueva licitación lanzada por el Poder Ejecutivo: AMBA I, un proyecto que busca mejorar el suministro de energía. Esa condición, ya repetida, establece que no podrán presentarse, ni como oferentes ni como integrantes de un oferente, personas jurídicas sujetas a control, directo o indirecto, de Estados soberanos, sus órganos o entes estatales, ni de empresas de titularidad estatal.
Esto se observa en las licitaciones más grandes de la administración libertaria. En contraposición, existen otras compras del Estado que no cuentan con esas condiciones. De hecho, fuentes del sector tecnológico indicaron a LA NACION que los productos Huawei pueden trabajar con el Estado. Pese a eso, la compañía no aparece como proveedora en el portal de compras públicas.
En ese sentido, las mismas fuentes del sector tecnológico señalaron que, a través de socios de Huawei, sus productos pueden competir en compulsas públicas. LA NACION solicitó mayor información sobre ellos a la empresa que fue foco de la polémica de la semana pasada, pero no obtuvo respuesta.
Ese interrogante gana volumen cuando la pregunta es qué cadenas de valor poseen productos chinos, qué consecuencias puede tener para una potencia como Estados Unidos y qué postura podría adoptar el Gobierno.
A Lamela sus declaraciones podrían costarle caro. El kirchnerismo en la Cámara de Diputados lo citó para el miércoles próximo para que dé explicaciones. El enviado de Trump no confirmó su presencia.
La administración de Donald Trump no esconde sus reparos sobre los productos chinos. Desde un evento de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina, el embajador Lamelas puntualizó sobre la tecnológica Huawei y un supuesto espionaje: “China exige a sus empresas que le den al Estado cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial (IA). Todo está controlado por el Partido Comunista Chino”.
Desde la compañía contestaron que se trata de “acusaciones sin sustento”. Por su parte, la embajada china respondió que su gobierno “atribuye alta importancia a la privacidad”, lanzó críticas a una “mentalidad de guerra fría” y sostuvo que la Argentina “no necesita que nadie le enseñe cómo traer inversiones”.
La puja tiene antecedentes discursivos y millonarios. Sobre los primeros, en febrero, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, participó de un evento sobre minerales críticos, como el litio. Allí manifestó reparos sobre China y dijo que “Argentina tiene capacidad para ser un socio clave”.
Precisamente una minera de origen chino, Zijin Mining, posó sus ojos sobre la Argentina. Si bien en 2022, durante la anterior gestión, anunciaron inversiones en el país luego de reunirse con autoridades del exministerio de Desarrollo Productivo, una subsidiaria suya entró a una de las apuestas económicas de la gestión Milei. Se trata de Sucursal Dedicada de Liex SA, que obtuvo a finales de julio la resolución por la que el Ministerio de Economía aprobó su ingreso al RIGI. Este esquema otorga beneficios impositivos a proyectos que demanden más de US$200 millones. En este caso: US$710 millones, para la construcción y operación de una planta productora de carbonato de litio.
Casi tres meses antes, una empresa pública, Operadora Ferroviaria (Trenes Argentinos) adjudicó una contratación directa por la emergencia ferroviaria a China Rainbow International Investment Co. Ltd. y a CRRC Tangshan, una compañía china que fabrica equipamiento para trenes. Quedaron comprometidos US$323 millones para la adquisición de 43 unidades diésel, 150 coches y la provisión de insumos durante los primeros tres años de mantenimiento.
Esta no fue la única vez en la que una empresa china se quedó con un contrato por la emergencia ferroviaria. El 20 de enero de 2025, el Gobierno anunció un primer giro de US$2 millones a la compañía china CRRC International CO LTD. “La adenda firmada por 130 millones de dólares permitirá priorizar la llegada de repuestos necesarios para el mantenimiento pesado de los coches eléctricos. Los elementos arribarán a partir del segundo semestre de 2025, en cuatro lotes”, indicó el comunicado oficial.
La actividad de empresas chinas no termina ahí. Ganfeng Lithium tiene proyectos en las provincias de Salta y Jujuy. Entre ellos, se destacan las iniciativas Mariana y Pozuelos Pastos Grandes. A su vez, la minera Shandong Gold es una de las firmas que trabaja en la mina de Veladero, en San Juan. El mapa suma actores al considerar a PowerChina, una compañía dedicada a la energía renovable.
Estas iniciativas contrastan con otras decisiones que tomó el Gobierno en licitaciones de gran envergadura con una denominada “cláusula anti China”. Ejemplo de ello fue la compulsa por la concesión de la Hidrovía o las de concesiones viales. Incluso, esa regla se repitió en una nueva licitación lanzada por el Poder Ejecutivo: AMBA I, un proyecto que busca mejorar el suministro de energía. Esa condición, ya repetida, establece que no podrán presentarse, ni como oferentes ni como integrantes de un oferente, personas jurídicas sujetas a control, directo o indirecto, de Estados soberanos, sus órganos o entes estatales, ni de empresas de titularidad estatal.
Esto se observa en las licitaciones más grandes de la administración libertaria. En contraposición, existen otras compras del Estado que no cuentan con esas condiciones. De hecho, fuentes del sector tecnológico indicaron a LA NACION que los productos Huawei pueden trabajar con el Estado. Pese a eso, la compañía no aparece como proveedora en el portal de compras públicas.
En ese sentido, las mismas fuentes del sector tecnológico señalaron que, a través de socios de Huawei, sus productos pueden competir en compulsas públicas. LA NACION solicitó mayor información sobre ellos a la empresa que fue foco de la polémica de la semana pasada, pero no obtuvo respuesta.
Ese interrogante gana volumen cuando la pregunta es qué cadenas de valor poseen productos chinos, qué consecuencias puede tener para una potencia como Estados Unidos y qué postura podría adoptar el Gobierno.
A Lamela sus declaraciones podrían costarle caro. El kirchnerismo en la Cámara de Diputados lo citó para el miércoles próximo para que dé explicaciones. El enviado de Trump no confirmó su presencia.
Con información de
La Nación
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