El Gobierno modificó el RIGI: qué cambios habrá para proveedores, inversiones y divisas
Lunes 16 de
Noviembre 2026 - 10:16
El Ejecutivo flexibilizó algunas reglas del régimen para ampliar su alcance.
El Gobierno introdujo modificaciones a la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que afectan a los proveedores locales, los plazos de inversión, el proceso para fusiones y el ingreso de divisas.
La medida, instrumentada mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, busca aportar mayor claridad en la implementación del régimen, agilizar la integración de proveedores locales y regular procesos de reorganización empresarial.
El decreto modifica la reglamentación para establecer un nuevo parámetro sobre quiénes son considerados proveedores locales. En el caso de las personas jurídicas, la condición se determinará exclusivamente por su constitución y domicilio en el país, sin considerar la nacionalidad ni la residencia de sus accionistas o la composición de su capital social.
De esta manera, una empresa extranjera que tenga domicilio en el país, podrá calificar como proveedor local. La modificación apunta a dinamizar la inclusión de empresas radicadas en el territorio nacional. Asimismo, se mantiene el requisito de que los bienes provistos cumplan con las reglas de origen nacional del MERCOSUR.
Para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, la norma sustituye el inciso i) del artículo 47 fijando una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión global en activos computables exigido al proyecto único.
Con este cambio, se distingue formalmente el cumplimiento del monto global de inversión respecto de los compromisos de inversión previstos para cada etapa individual, evitando superposiciones normativas entre los hitos temporales por etapa y la meta general del proyecto.
También se reglamentan los procedimientos ante cambios de estructura en los Vehículos de Proyecto Único (VPU). Por un lado, se estableció que la adquisición de acciones o cuotas de un VPU por parte de terceros no altera los derechos del régimen, pero no podrá computarse como inversión en activos computables para cumplir con las metas mínimas.
En paralelo, se habilita la cesión de participaciones o ingreso de nuevos miembros. La operación deberá ser notificada a la autoridad de aplicación en un plazo de 15 días corridos desde su inscripción, contando el organismo con 30 días corridos para formular observaciones.
Además, se autoriza expresamente la reorganización societaria mediante la transferencia integral de activos y obligaciones hacia una Sociedad Anónima (SA) o Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). Esta transferencia mantendrá la fecha de adhesión original y sus derechos sin considerarse una nueva adhesión al RIGI.
La normativa también adecua las condiciones del Banco Central (BCRA) para el acceso al mercado de cambios. Ahora se permite computar como divisas liquidadas no solo las ingresadas directamente por el VPU, sino también aquellas provenientes de aportes de no residentes o endeudamientos externos liquidadas por accionistas o socios.
Sobre este aspecto, el decreto determinó que para ser consideradas, los fondos deben destinarse de forma efectiva al Proyecto Único y contar con registros contables que garanticen su trazabilidad.
La medida, instrumentada mediante el Decreto 1366/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, busca aportar mayor claridad en la implementación del régimen, agilizar la integración de proveedores locales y regular procesos de reorganización empresarial.
El decreto modifica la reglamentación para establecer un nuevo parámetro sobre quiénes son considerados proveedores locales. En el caso de las personas jurídicas, la condición se determinará exclusivamente por su constitución y domicilio en el país, sin considerar la nacionalidad ni la residencia de sus accionistas o la composición de su capital social.
De esta manera, una empresa extranjera que tenga domicilio en el país, podrá calificar como proveedor local. La modificación apunta a dinamizar la inclusión de empresas radicadas en el territorio nacional. Asimismo, se mantiene el requisito de que los bienes provistos cumplan con las reglas de origen nacional del MERCOSUR.
Para los Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, la norma sustituye el inciso i) del artículo 47 fijando una fecha límite única para alcanzar el monto mínimo de inversión global en activos computables exigido al proyecto único.
Con este cambio, se distingue formalmente el cumplimiento del monto global de inversión respecto de los compromisos de inversión previstos para cada etapa individual, evitando superposiciones normativas entre los hitos temporales por etapa y la meta general del proyecto.
También se reglamentan los procedimientos ante cambios de estructura en los Vehículos de Proyecto Único (VPU). Por un lado, se estableció que la adquisición de acciones o cuotas de un VPU por parte de terceros no altera los derechos del régimen, pero no podrá computarse como inversión en activos computables para cumplir con las metas mínimas.
En paralelo, se habilita la cesión de participaciones o ingreso de nuevos miembros. La operación deberá ser notificada a la autoridad de aplicación en un plazo de 15 días corridos desde su inscripción, contando el organismo con 30 días corridos para formular observaciones.
Además, se autoriza expresamente la reorganización societaria mediante la transferencia integral de activos y obligaciones hacia una Sociedad Anónima (SA) o Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). Esta transferencia mantendrá la fecha de adhesión original y sus derechos sin considerarse una nueva adhesión al RIGI.
La normativa también adecua las condiciones del Banco Central (BCRA) para el acceso al mercado de cambios. Ahora se permite computar como divisas liquidadas no solo las ingresadas directamente por el VPU, sino también aquellas provenientes de aportes de no residentes o endeudamientos externos liquidadas por accionistas o socios.
Sobre este aspecto, el decreto determinó que para ser consideradas, los fondos deben destinarse de forma efectiva al Proyecto Único y contar con registros contables que garanticen su trazabilidad.
Con información de
Noticias Argentinas

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