Entre Ríos
La red de explotación sexual que funcionaba detrás de la terminal de Paraná había sido denunciada por Ammar
Martes 21 de
Octubre 2014
Desde la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina se repudió a las redes de explotación sexual, las amenazas, extorsiones y aprietes a trabajadoras sexuales que quieren trabajar por cuenta propia.
Desde la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) advirtieron que la red de explotación sexual que funcionaba detrás de la terminal de Paraná, había sido denunciada por esa organización ante la Justicia.
“Desde Ammar veníamos advirtiendo sobre esta situación a la Justicia. La proxeneta cobraba entre 300 y 500 pesos a las trabajadoras sexuales, las cuales vivían una situación de explotación en la zona de trabajo”, señalaron.
Ammar repudió las redes de explotación sexual, las amenazas, extorsiones y aprietes que sufrieron las trabajadoras al pretender ejercer la prostitución por cuenta propia. “Trabajamos en pos de que los Derechos Humanos de las trabajadoras sexuales del país sean reconocidos. Gracias a esta labor, en el 2003, en la provincia de Entre Ríos logramos derogar el artículo contravencional por el cual las mujeres que ejercían el trabajo sexual eran detenidas y debían pagar una multa”, reivindicaron.
“Desde Ammar decimos que con la regulación del trabajo sexual autónomo, estas situaciones van a desaparecer. No vamos a estar sujetas a amenazas por medio de proxenetas. Ammar no está a favor de la trata ni de la explotación de personas”.
El caso
Una investigación de la División Trata de Personas reveló y desarticuló una mafia que funcionaba alrededor del negocio de la prostitución en la zona de la terminal de ómnibus de Paraná.
En los allanmientos autorizados por el Juzgado federal en la Villa 351 y un local comercial ubicado frente a la Terminal.
En dichos operativos los uniformados encontraron cuadernos con anotaciones donde figuran los nombres de las personas que eran explotadas sexualmente, y las tarifas que les cobraba a cada una, entre otros elementos.
Al mismo tiempo, personal policial de la Dirección Toxicología allanó un local comercial que funciona como kiosco bajo la razón social Rochi, ubicado detrás de la Terminal, en busca de elementos que interesen a la causa, como varios teléfonos celulares y anotaciones que fueron secuestrados.
Según publicó UNO, las alternadoras debían afrontar un canon que variaba entre los 300 y los 500 pesos por noche, según la cantidad de horas que permanecían en la zona. La acusada es quien personalmente o mediante terceros cobraba el “alquiler” de cada esquina, como si fuera la dueña del espacio público. A quien pretendía pararse por su cuenta no tardaban en llegar las amenazas, los aprietes y las extorsiones que no dejaban otra chance que pagar o abandonar el lugar.
Con información de
unoentrerios
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