El presidente Barack Obama ha firmado este martes una ley que impone límites al espionaje de la NSA, la agencia de espionaje electrónico. La reforma, adoptada por el Congreso tras dos días de drama parlamentario, recorta, por primera vez desde los atentados de 2001, a los poderes de la agencia para controlar las comunicaciones electrónicas de los estadounidenses. La adopción de la nueva ley también permite a las autoridades de EE UU reiniciar un programa de recopilación de datos telefónicos que quedó en suspenso en la madrugada del lunes
 
El Senado ratificó con 67 votos a favor y 32 en contra la versión de la USA Freedom Act, adoptada a mediados de mayo por la Cámara de Representantes. El voto llegó tras una larga jornada de debate. Hasta el último minuto, los halcones intentaron introducir enmiendas para suavizar los controles a la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) que la nueva ley impone.
 
Las enmiendas, promovidas entre otros por el líder del Senado, el republicano de Kentucky Mitch McConnell, salieron derrotadas. McConnell defendía las competencias de la NSA y apelaba a la amenaza terrorista para rechazar la reforma. El sector más crítico con la NSA, encabezado por otro republicano de Kentucky, el senador y aspirante presidencial Rand Paul, tampoco pudo frenar la ley.
 
Una vez aprobada la ley por el Senado y la Cámara de Representantes, Obama la rubricó. El presidente era partidario de una reforma que, por primera vez en la última década y media, intenta embridar los poderes expansivos de la agencia de espionaje.
 
La USA Freedom Act, o Ley de la Libertad de EE UU, busca un término medio entre los defensores de un espionaje opaco y con límites escasos, y los detractores absolutos del espionaje electrónico. Un elemento central de la ley es que retira a la NSA la capacidad de almacenar los datos sobre las llamadas telefónicas de millones de estadounidenses y coloca estos datos en manos de las compañías telefónicas. Los espías podrán acceder a estos datos caso a caso y previa autorización judicial.
 
El debate sobre la reforma de la NSA enfrenta a los partidarios de privilegiar la seguridad en la lucha contra los terroristas con los defensores de las libertades civiles. Es un debate antiguo que se reavivió tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que murieron cerca de tres mil personas y que evidenciaron la falta de coordinación de las agencias de espionaje estadounidenses.
 
Pero en aquel momento, con una sensación de amenaza compartida por toda la sociedad estadounidense, pocos cuestionaban la necesidad de reforzar los poderes de las agencias de espionaje, aunque el precio fuera ver laminadas las libertades civiles. Han pasado casi 14 años y las percepciones han cambiado. El 11-S queda lejos, Osama Bin Laden, cerebro de los atentados, está muerto y EE UU intenta dejar atrás las guerras que comenzó después de los ataques.
 
Un factor decisivo son las revelaciones del analista Ed Snowden sobre el espionaje de la NSA, en 2013. Sin estas revelaciones posiblemente la USA Freedom Act no existiría. Snowden reveló el que, amparado por la sección 215 de la Patriot Act —una ley aprobada bajo la conmoción del 11-S—, permitía a la NSA recopilar las listas de llamadas telefónicas, incluidos los números, la hora y la duración de las llamadas.
 
Un problema añadido en el debate de estos días es que la sección 215 expiró en la medianoche del domingo al lunes. En la madrugada del lunes, la NSA se quedó sin autoridad para seguir recopilando datos, una circunstancia que, según la Administración Obama, restaba a las autoridades una herramienta clave ante el terrorismo.
 
La aprobación, el martes, de la USA Freedom Act, resuelve el problema. Una vez que Obama firme la ley, la NSA recuperará la autoridad para almacenar datos durante un periodo de transición de medio año. El lapso habrá sido de unos días. Al final de este periodo, la USA Freedom Act contempla que los datos pasen definitivamente a las compañías telefónicas.