En el año 2011 la Junta Electoral de la Caja Profesional constituida –entre otros- por el Arquitecto Oscar Ezcurra (Director del régimen asistencial) no permite participar a la lista opositora (dicen desde la vereda de enfrente porque "sabían que perdían"), lo que originó un derrotero de denuncias penales y administrativas con duros cuestionamientos hacia los que se erigieron como titulares del Directorio, zambulléndose la entidad  en una profunda crisis institucional.

Aquel año (2011)  la Justicia suspendió "todo acto del proceso electoral", pero Amaro Busatto y Gerardo Severín asumieron igual con la anuencia del Arquitecto Oscar Ezcurra (en su rol de Presidente de la Junta Electoral) y llegaron a estar procesados por desobediencia judicial. Todos los años distintos afiliados han instado denuncias similares (por desobediencia judicial).

En la proliferación de causas una tuvo un incidente aún más gravoso para la vida de la instituciones: el Presidente de la Cámara de Diputados, Luis Rubeo (perteneciente al sector político del Diputado Leandro Busatto), envió una misiva al Juez Roberto Prieu Mántaras "instando un resultado en el proceso" en el marco de una causa relacionada a la Caja de Ingeniería. 
 
 
Ante esa situación el afiliado José Aglietto promovió una denuncia penal por “tráfico de influencias” -denuncia que pesa sobre los parlamentarios locales Luis Rubeo y Leandro Busatto- porque entendió que se presionó a la justicia de manera "inaceptable" y se favoreció claramente al padre del joven legislador: el actual presidente del Directorio de la Caja, Amaro Busatto.
 
 
Por otro lado, el Ingeniero Eduardo Bonini denunció penalmente por “defraudación” a los Directivos por la venta de inmuebles con posterioridad a la suspensión del proceso electoral.
 
 
La Justicia actúa con lentitud exasperante. Luego de 4 años la Sala I de la Cámara de Apelación en lo penal se declaró incompetente para resolver la cuestión de fondo (en una causa que se halla en trámite, que sigue): la nulidad del proceso electoral suspendido por la propia justicia. 
 
 
Posteriormente, el Magistrado Civil y Comercial Dr. Carlos Marcolín rechazó -previo sorteo de la causa- “la competencia atribuida a este juzgado para entender en la presente causa, por no compartir el criterio sostenido por la Sala Penal Primera para fundar su decisión” apoyando su decisorio en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
 
 
Actualmente, el expediente se encuentra viajando al "Superior Común" (Corte provincial) para que resuelva en definitiva qué jueces deben fallar sobre la solicitada nulidad del proceso electoral.
 
 
Se escuchan por lo bajo menciones de la oposición que podrían hacer peligrar la "objetividad e imparcialidad" de magistrados de la Sala I.

Comentan que el pliego (para ascender a Juez) del Dr. Oscar Burtnik recibió apoyo parlamentario (año 2014) en tiempos que el Diputado Leandro Busatto presidía comisiones estratégicas de la legislatura (Comisión de Acuerdos y Asuntos Constitucionales).

Por otro lado, Roberto Prieu Mántaras era Presidente de la Cámara de Apelación en lo Penal de Santa Fe cuando recibió la –aludida- misiva de Luis Rubeo. La causa por supuesto tráfico de influencias se tramita actualmente en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe a partir de un recurso en “queja” porque el Camarista Oscar Burtnik -a su turno- rechazó la constitución de querellante (del afiliado José Aglietto).
 
 
Dicen en ámbitos políticos que Leandro Busatto (reiteramos que es hijo del Director Presidente Amaro Busatto) se mueve bien desde la Presidencia de Asuntos Constitucionales de la Legislatura.
 
 
Los afiliados opositores que dicen representar a la mayoría apuntan que “estas personas (que gobiernan) de facto"  la Caja de Ingeniería administran los padrones, los fondos, lo que hace a la vida institucional "sin haber sido votados por los los afiliados" y comparan la situación con épocas oscuras de la historia Argentina. 
 
 
Dos de los tres afiliados que accedieron a la entrevista nunca fueron directivos de la Institución, pero todos ellos se muestran preocupados por el aspecto financiero (de la Caja), se quejan por la prestación de servicios y por la deficitaria gestión de la Mutual a la que se le han prestado millones de pesos.
 
 
La postura de los afiliados de denunciar públicamente la “crisis” se precipitó a partir de una publicación en la revista institucional, a la que caracterizan como “revista partidaria”. “Publican  algo que no es correcto, que es engañoso y no podemos permitirlo y reclamamos el derecho a réplica”, disparó Jorge Zavala en relación al juicio que sigue en trámite y que puede declarar "nulo" el proceso electoral del año 2011.
 
Mirá a continuación la entrevista completa en la que los afiliaos responden a todo.