El primer elemento a analizar, es que los juzgados que tenemos en la actualidad son los mismos que hace prácticamente cuarenta años. El segundo punto a tener en consideración, consiste en que los edificios  y la infraestructura tribunalicia sigue siendo la misma de cuarenta años a esta parte.
De igual modo no podemos dejar de desconocer, que la litigiosidad en materia penal se ha quintuplicado por lo menos desde cuarenta años a esta parte.
Pero hay otro factor importante a tener en cuenta en materia penal: hoy la vorágine  de causas es asombrosa, los jueces no pueden ni siquiera terminar el treinta por ciento del trabajo de sus juzgados y se ven obligados a  atender solo las causas con detenidos, es decir las causas urgentes. 
A esto debe adicionarse los rotundos y numerosos cambios en las distintas modalidades delictivas, los cuales sin lugar a dudas llevan a que los magistrados y representantes del ministerio Público deban mantenerse actualizados a estas nuevas formas del delito mediante la realización de cursos de capacitación específicos los cuales restan tiempo para el análisis de la casuística diaria de sus juzgados y/o fiscalías.
Lo cierto y concreto es que los juzgados son pocos en relación a la cantidad y complejidad de las causas que se tramitan actualmente, y sólo en el recuerdo de los memoriosos quedaron aquellos tiempos donde los jueces conocían a todos los detenidos que tenían a su cargo e incluso en  la unidad penal en que estaban alojados. 
Los caminos de tribunales nos dan datos a diario sobre los retrasos de la justicia en Santa Fe. Se puede ver que cada día que pasa se amontona un número mayor de casos pendientes o sin comenzar a resolver.
Crónicamente surgen en las noticias, hechos como homicidios, violaciones, robos calificados, heridos por accidentes de tránsitos, los cuales son comunes en la casuística diaria del foro santafesino.
También debe tenerse en cuenta, que no siempre los “sumarios prevencionales” son claros y transparentes al punto tal que le puedan servir al juez para tomar una resolución correcta respecto de los imputados; es decir que en algunos casos la policía al ser auxiliar de la justicia en la confección de los expedientes se “encarga” de que los mismos expresen una realidad distinta de la que verdaderamente sucede.
A ello se suma otro factor gravitante y trascendental en la ciudad de Santa Fe: sólo la mitad de los Jueces Penales de la Cámara de Apelaciones se encuentran en funciones por distintos motivos. 
Lo cierto es que existen cuatro Salas Penales compuesta cada una de ellas por tres Magistrados: por lo tanto son doce camaristas en total. De estos doce camaristas, sólo se encuentran en funciones por distintos motivos seis de ellos.
Es decir que estos seis Jueces de Cámara, deben resolver complejísimas cuestiones de distinta índole penal para tener al día sus “despachos”. Pero asimismo, deben tener al día el despacho de los otros seis camaristas faltantes que hace más de dos años no están en funciones por distintos motivos.
Debe tenerse en cuenta, que la competencia de las Cámaras de Apelación en lo Penal no sólo se circunscribe a cuestiones de esta índole, ya que también deben resolver cuestiones relacionadas a delitos de menores, como asimismo faltas o contravenciones provinciales. 
Pese a esta insostenible situación, el Poder Ejecutivo Provincial demoro injustificadamente el envío de los pliegos a la Legislatura Provincial para el nombramiento de los magistrados que ocupen los cargos vacantes de la Cámara de Apelación en lo Penal de la Primera Circunscripción Judicial.
Sólo como dato estadístico, mencionaremos que durante el año 2012 ingresaron a tratamiento de las Cámaras de Apelación en lo Penal setecientas setenta y siete causas, lo cuál significa que cada Vocal de Cámara ha intervenido en doscientas cincuenta y nueve causas como primer voto.
En lo que va del año 2013, entraron a tratamiento de la Cámara Penal aproximadamente trescientas cincuenta causas a resolución, lo cuál significa que cada magistrado ha intervenido en ciento dieciséis causas que han pasado a resolución. 
Antes estas estadísticas, surgen algunos interrogantes: ¿Es viable una justicia donde los jueces resuelvan más de una causa por día?, ¿Quién debe solucionar esta falta de nombramiento de magistrados?, ¿es el Poder Judicial el que debe dar respuesta a esta problemática?.  
Lo cierto es que existe un recargo que no permite tener una justicia penal de acuerdo a la calidad y cantidad de fallos que requiere nuestra jurisdicción, por falta de vacantes que podrían solucionarse con voluntad política.
Al respecto reflexionamos, que una democracia debería perder el nombre de tal no siendo capaz de juzgar a su debido tiempo a un justiciable. 
Las demoras -a veces insoportables para la persona sometida a proceso como así también para la victima- en la  justicia santafesina, transforman la “equidad” en un anhelo irrealizable y la “efectividad” de un Estado de Derecho en una retórica abstracta.
También es cierto que además de nuevos juzgados y fiscalias se necesita una mejora en la “infraestructura” edilicia de los tribunales, y algunos empleados necesitan una mayor capacitación.
 Pero el nuevo proceso judicial será solo una proclama académica, si no se resuelven cuestiones que permitan previamente implementar el debido proceso con la celeridad que requieren los nuevos tiempos.
En conclusión, la justicia de una población hace a su calidad como estándar de buena vida en sociedad. No es posible saber si uno es culpable o inocente demorando los procesos penales "in eternum". Al efecto las permanentes marchas de la justicia santafesina que reclaman decisiones procesales o condenas en casos concretos, deberán esperar a que la voluntad política se digne a llenar los cargos de jueces vacantes.
Y esto, precisamente no es responsabilidad del Poder Judicial sino del Poder Ejecutivo, que debe tener la voluntad política de enviar los pliegos a tratamiento del Poder Legislativo Provincial, para el nombramiento de Jueces que suplan los cargos vacantes.-