El Tribunal rechazó anteayer el pedido de la oposición en un fallo unánime de sus cinco miembros, cuatro de ellos designados por Insfrán. Concluyeron que los legisladores no demostraron “cuál es el interés o el derecho afectado”, como así tampoco para qué querían obtener esa información pública.
 
“En otras palabras -expuso el Tribunal, en una resolución con múltiples errores de ortografía-, la información requerida no se sabe a aque [sic] efectos se solicita, amén de ni siquiera demostrar como [sic] es que la contratación señalada ha ocasionado un perjuicio como lo manifiestan, sin probarlo.”Alejandro Vandebroele, el socio al que el vicepresidente Boudou dice desconocerAlejandro Vandebroele, el socio al que el vicepresidente Boudou dice desconocer
 
Los legisladores radicales Martín Osvaldo Hernández y Osvaldo Omar Zárate pretendían acceder al expediente administrativo en el que el ministro de Economía formoseño, Jorge Ibáñez, dispuso pagarle $ 7,6 millones a The Old Fund por su supuesto asesoramiento para el canje de la deuda provincial que negoció Boudou desde el Palacio de Hacienda.
 
Ese pago acumuló múltiples datos grises. Entre otras, que The Old Fund carecía de expertos en reestructuraciones, finanzas o siquiera de un perito mercantil, y cobró en efectivo y varios meses antes de que ese canje siquiera se completara.
 
La factura que The Old Fund le entregó a Formosa -una de las provincias más pobres y con peores índices sociales del país- fue la 0002 de su formulario -la primera había sido anulada- y escrita a mano.
 
En ese negocio, el socio de Boudou, José María Núñez Carmona, resultó clave, según reconoció Vandenbroele en un audio que su esposa Laura Muñoz entregó a la Justicia, donde sospechan que la operación escondió en realidad el pago de una coima.
 
En esa línea, apenas se depositaron los $ 7,6 millones provenientes del Fondo Fiduciario Provincial (Fonfipro) -ya investigado en el “caso Skanska”- en la cuenta de The Old Fund en el Banco Macro, Vandenbroele retiró más de $ 4 millones, que convirtió a dólares y retiró, en efectivo, en Buenos Aires.
 
Poco después de que LA NACION reveló esa operatoria, los diputados Hernández y Zárate, junto con el senador nacional Luis Petcoff Naidenoff, radicaron una denuncia penal ante la justicia federal con asiento en Formosa. Pero se giró al fuero provincial, que poco después dispuso su cierre sin mayores medidas probatorias.


Puertas que se cierran
 
Hernández y Zárate corrieron con igual suerte en la Legislatura, donde el PJ provincial bloqueó el pedido de informes y una movida para que funcionarios del Ejecutivo se presentaran ante el cuerpo para dar explicaciones sobre ese pago.
 
En todos esos casos, los legisladores exigían que el gobernador Insfrán y sus colaboradores respondieran algunas preguntas. Entre otras, “¿cómo se contrató? ¿Por qué a esa empresa? ¿Qué antecedentes profesionales tenía? ¿Qué procedimiento administrativo de contratación de servicios se utilizó? ¿Se realizó un estudio de antecedentes sobre la empresa?”
 
Ahora, siete meses después de recibido el pedido de Hernández y Zárate, el Tribunal rechazó su pedido. Los jueces Guillermo Alucin, Eduardo Hang, Marcos Quinteros, Ricardo Cabrera y Ariel Coll concluyeron que ambos no acreditaron “el perjuicio material sufrido en su calidad de afectados”, ni “un derecho subjetivo o interés legítimo”.
 
Esa falta de “legitimación necesaria”, estimó el Tribunal, que los diputados no pueden “poner en marcha la estructura judicial”. Por tanto, “no habiéndose comprobado los extremos que acrediten la necesidad [de habilitar el pedido] corresponde el rechazo del mismo en todas sus partes”.
 
Ahora los legisladores intentarán acudir a la Corte Suprema.