La Justicia investiga irregularidades en la concesión del comedor de Télam bajo la actual administración
Sábado 30 de
Junio 2018
Tras ordenar más de 350 despidos, el presidente de la agencia de noticias Rodolfo Pousá quedó en el centro de la tormenta por un servicio por el que pagó más de dos millones de pesos.
Mientras las autoridades de Télam despiden 354 trabajadores, la Justicia avanza en una causa por supuestas irregularidades en la concesión de un comedor de la agencia. En el expediente a cargo del juez federal Ariel Lijo no hay siquiera un contrato aportado, sólo facturas a nombre de dos personas, un matrimonio monotributista.
El caso se inició por una denuncia contra Rodolfo Pousá, presidente de Télam y otros directivos, responsables de los más 350 despidos ocurridos en los últimos días en el marco de drástico plan de ajuste que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri a instancia del FMI.
Según consta en la causa, hasta septiembre de 2016 ese servicio de comedor era llevado a cabo por personal de planta permanente de la agencia. Sin embargo, según la denuncia, a través de una maniobra encabezada por el gerente de Relaciones Laborales y Logística Carlos Villoldo, se habrían demorado unas refacciones urgentes en las instalaciones de gas de la cocina que culminaron con el corte del suministro el 19 de septiembre de 2016.
Bajo ese pretexto, los directivos de la empresa procedieron a la reapertura del comedor a través de la contratación de la empresa privada "La cocina del virrey", quienes contaban con hornos eléctricos.
Fuentes judiciales informaron que "no se habría practicado ninguno de los procedimientos de contratación previstos en la normativa vigente, no se cuenta con el contrato. Sólo aportaron las facturas de la prestación de ese servicio" a partir de noviembre de 2016.
De acuerdo a las fuentes de la investigación, las facturas aportadas por Télam no figuran a nombre de "La Cocina del Virrey", sino de un matrimonio, Daniel Cardillo y Paloma Lopez Carrión, quienes facturan como monotributistas. Es decir que sería una firma inexistente.
En la causa se libró una Orden de presentación a la agencia de noticias del Estado para que aporte los legajos correspondientes al procedimiento de contratación de la empresa, el contrato y la facturación correspondiente.
De acuerdo a lo informado en tribunales, en la agencia de noticias remitieron únicamente copias de ordenes de pago y de facturas imputadas al servicio de comedor. Dichas facturas van de los 50 mil hasta los 194 mil pesos, en concepto de servicio de catering o de comedor desde noviembre de 2016 hasta agosto de 2017
El total facturado en 9 meses fue de 2.053.730 pesos. Además no son facturas mensuales, varían las fechas. Hay meses en los que les facturaron hasta 4 veces en el mes y en días seguidos.
Según surge de la denuncia y se ve reflejado en algunas de las facturas aportadas, el gerente de Administración y Finanzas de Télam le habría informado al gerente general que "no se encuentra orden de compra, ni contrato y supera el monto de esa gerencia para su autorización y posterior pago". Es decir que le informaba que no podía autorizar su pago.
Sin embargo, a tráves de una autorización escrita del Gerente General Juan Carlos Gerding y por Villoldo ordenaron pagar esas sumas "en atención a la conformidad con los servicios prestados".
El juzgado pidió además informes a la AFIP, entre varias medidas solicitadas.
De los domicilios que figuran en las facturas como domicilios comerciales, uno de ellos es un Centro Cultural. Otro de los domicilios corresponde a un Museo que es patrimonio histórico.
El caso se inició por una denuncia contra Rodolfo Pousá, presidente de Télam y otros directivos, responsables de los más 350 despidos ocurridos en los últimos días en el marco de drástico plan de ajuste que lleva adelante el gobierno de Mauricio Macri a instancia del FMI.
Según consta en la causa, hasta septiembre de 2016 ese servicio de comedor era llevado a cabo por personal de planta permanente de la agencia. Sin embargo, según la denuncia, a través de una maniobra encabezada por el gerente de Relaciones Laborales y Logística Carlos Villoldo, se habrían demorado unas refacciones urgentes en las instalaciones de gas de la cocina que culminaron con el corte del suministro el 19 de septiembre de 2016.
Bajo ese pretexto, los directivos de la empresa procedieron a la reapertura del comedor a través de la contratación de la empresa privada "La cocina del virrey", quienes contaban con hornos eléctricos.
Fuentes judiciales informaron que "no se habría practicado ninguno de los procedimientos de contratación previstos en la normativa vigente, no se cuenta con el contrato. Sólo aportaron las facturas de la prestación de ese servicio" a partir de noviembre de 2016.
De acuerdo a las fuentes de la investigación, las facturas aportadas por Télam no figuran a nombre de "La Cocina del Virrey", sino de un matrimonio, Daniel Cardillo y Paloma Lopez Carrión, quienes facturan como monotributistas. Es decir que sería una firma inexistente.
En la causa se libró una Orden de presentación a la agencia de noticias del Estado para que aporte los legajos correspondientes al procedimiento de contratación de la empresa, el contrato y la facturación correspondiente.
De acuerdo a lo informado en tribunales, en la agencia de noticias remitieron únicamente copias de ordenes de pago y de facturas imputadas al servicio de comedor. Dichas facturas van de los 50 mil hasta los 194 mil pesos, en concepto de servicio de catering o de comedor desde noviembre de 2016 hasta agosto de 2017
El total facturado en 9 meses fue de 2.053.730 pesos. Además no son facturas mensuales, varían las fechas. Hay meses en los que les facturaron hasta 4 veces en el mes y en días seguidos.
Según surge de la denuncia y se ve reflejado en algunas de las facturas aportadas, el gerente de Administración y Finanzas de Télam le habría informado al gerente general que "no se encuentra orden de compra, ni contrato y supera el monto de esa gerencia para su autorización y posterior pago". Es decir que le informaba que no podía autorizar su pago.
Sin embargo, a tráves de una autorización escrita del Gerente General Juan Carlos Gerding y por Villoldo ordenaron pagar esas sumas "en atención a la conformidad con los servicios prestados".
El juzgado pidió además informes a la AFIP, entre varias medidas solicitadas.
De los domicilios que figuran en las facturas como domicilios comerciales, uno de ellos es un Centro Cultural. Otro de los domicilios corresponde a un Museo que es patrimonio histórico.
Con información de
minutouno
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