Nueva causa por el escándalo de los donantes truchos de Cambiemos
Acusados por falsear aportes
Miércoles 04 de
Julio 2018
El escándalo de los aportantes fantasma a la campaña de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires del año pasado, que tuvo entre sus candidatos a Estaban Bullrich y Graciela Ocaña, derivó ayer en la apertura de una nueva causa en el juzgado de Sebastián Casanello, a pedido del fiscal Carlos Stornelli, que imputó a dos responsables financieros que hicieron la rendición de aportes ante la Cámara Electoral. El fiscal menciona el posible lavado de dinero, ya que el núcleo de la maniobra es la utilización de la identidad de al menos 467 personas, en su mayoría beneficiarias de planes sociales, para hacerlos aparecer como donantes de entre 300 y 2 mil pesos.
Es decir, se desconoce el origen real del dinero. La posible existencia de violaciones a la ley de financiamiento de los partidos políticos, así como la afiliación de “prepo” al PRO, son cuestiones analizadas por ahora en una investigación preliminar a cargo del fiscal Jorge Di Lello.
La denuncia que toma Stornelli como punto de partida fue presentada por la fundación La Alameda, que a la vez se basó en las relevaciones del periodista Juan Amorín en El Destape. En un comienzo dio a conocer una lista de 205 personas que aparecen haciendo aportes en la rendición de Cambiemos ante la Cámara Electoral, pero que son pobres, viven en barrios muy humildes y en su mayoría tienen el denominador común de cobrar los planes sociales que originalmente se llamaban Ellas Hacen y Argentina Trabaja. Luego, otras tantas personas advirtieron que sus nombres estaban en la misma planilla y la lista se acerca ya a los 500 nombres. Para colmo, empezaron a constatar que habían sido afiliados al PRO, algunos desde 2006, sin haberlo solicitado ni firmado nada jamás.
El dictamen que presentó Stornelli apunta, en un principio, a dos nombres que no son los de los dirigentes que encabezaban las listas –y que, por cierto, hasta ahora no han dado explicaciones–, sino a los responsables financieros de la campaña bonaerense. Es decir, las personas que hacen la rendición y dan la cara. Uno de ellos es Alfredo Gabriel Irigoin, de 62 años, dirigente radical de la provincia de Buenos Aires, ex intendente de Laprida, ex senador provincial hasta 2007 y luego funcionario en el Ministerio de Ambiente de la Nación. También quedó imputada Carla Silvia Chaban, una joven del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sería cercana al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. En teoría, entre los responsables también figuraba Juan Vilche, del PRO de San Fernando, pero por el momento no aparece imputado por la fiscalía.
En declaraciones que hizo días atrás, Irigoin dijo que él tenía la función de firmar los recibos de donaciones que le iban llegando, que fueron alrededor de 15 mil. Que nada le había llamado la atención y que los aportes se derivaban a una cuenta bancaria. En la lista de rendición queda claro que muchas personas lo hacían en efectivo, luego el partido podía bancarizarlo.
Casanello dispuso ayer las primeras medias, en base al dictamen de Stornelli. Las imputaciones son el inicio, no está claro aún qué caminos puede tomar la investigación. La denuncia de Lucas Schraer, de La Alameda, señala que la finalidad de la maniobra fue “utilizar las funciones en el Estado para acceder a información sobre personas vulnerables y utilizarlas para introducir dinero ilícito en el sistema legal del financiamiento de partidos políticos”. Recuerda que una de las candidatas, Ocaña, tiene una causa abierta en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, impulsada por Hugo Moyano.
Di Lello ya deslizó que una vez que junte todos los elementos necesarios hará un denuncia pero ante los tribunales con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Lo que está llevando adelante ahora es una investigación preliminar de oficio, ante la sospecha de violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos. El informe que recibió esta semana de la Cámara Electoral, que se basó en el análisis de una muestra de cien casos tomados al azar de la lista de aportantes truchos, confirma que el 99 por ciento fueron afiliados sin saberlo al PRO. Un grupo de vecinos de la zona de Quilmes fue la semana pasada a la Cámara Electoral y cada uno de ellos pudo cotejar de manera individual esa afiliación. Luego hablaron con PáginaI12 y aseguraron que jamás se afiliaron ni aportaron nada, que sería imposible con la situación de pobreza en la que viven, además de que este grupo confesó su escasa simpatía por el oficialismo.
La denuncia que toma Stornelli como punto de partida fue presentada por la fundación La Alameda, que a la vez se basó en las relevaciones del periodista Juan Amorín en El Destape. En un comienzo dio a conocer una lista de 205 personas que aparecen haciendo aportes en la rendición de Cambiemos ante la Cámara Electoral, pero que son pobres, viven en barrios muy humildes y en su mayoría tienen el denominador común de cobrar los planes sociales que originalmente se llamaban Ellas Hacen y Argentina Trabaja. Luego, otras tantas personas advirtieron que sus nombres estaban en la misma planilla y la lista se acerca ya a los 500 nombres. Para colmo, empezaron a constatar que habían sido afiliados al PRO, algunos desde 2006, sin haberlo solicitado ni firmado nada jamás.
El dictamen que presentó Stornelli apunta, en un principio, a dos nombres que no son los de los dirigentes que encabezaban las listas –y que, por cierto, hasta ahora no han dado explicaciones–, sino a los responsables financieros de la campaña bonaerense. Es decir, las personas que hacen la rendición y dan la cara. Uno de ellos es Alfredo Gabriel Irigoin, de 62 años, dirigente radical de la provincia de Buenos Aires, ex intendente de Laprida, ex senador provincial hasta 2007 y luego funcionario en el Ministerio de Ambiente de la Nación. También quedó imputada Carla Silvia Chaban, una joven del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que sería cercana al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. En teoría, entre los responsables también figuraba Juan Vilche, del PRO de San Fernando, pero por el momento no aparece imputado por la fiscalía.
En declaraciones que hizo días atrás, Irigoin dijo que él tenía la función de firmar los recibos de donaciones que le iban llegando, que fueron alrededor de 15 mil. Que nada le había llamado la atención y que los aportes se derivaban a una cuenta bancaria. En la lista de rendición queda claro que muchas personas lo hacían en efectivo, luego el partido podía bancarizarlo.
Casanello dispuso ayer las primeras medias, en base al dictamen de Stornelli. Las imputaciones son el inicio, no está claro aún qué caminos puede tomar la investigación. La denuncia de Lucas Schraer, de La Alameda, señala que la finalidad de la maniobra fue “utilizar las funciones en el Estado para acceder a información sobre personas vulnerables y utilizarlas para introducir dinero ilícito en el sistema legal del financiamiento de partidos políticos”. Recuerda que una de las candidatas, Ocaña, tiene una causa abierta en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, impulsada por Hugo Moyano.
Di Lello ya deslizó que una vez que junte todos los elementos necesarios hará un denuncia pero ante los tribunales con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires. Lo que está llevando adelante ahora es una investigación preliminar de oficio, ante la sospecha de violación a la ley de financiamiento de los partidos políticos. El informe que recibió esta semana de la Cámara Electoral, que se basó en el análisis de una muestra de cien casos tomados al azar de la lista de aportantes truchos, confirma que el 99 por ciento fueron afiliados sin saberlo al PRO. Un grupo de vecinos de la zona de Quilmes fue la semana pasada a la Cámara Electoral y cada uno de ellos pudo cotejar de manera individual esa afiliación. Luego hablaron con PáginaI12 y aseguraron que jamás se afiliaron ni aportaron nada, que sería imposible con la situación de pobreza en la que viven, además de que este grupo confesó su escasa simpatía por el oficialismo.
Con información de
Página 12
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