El Gobierno planea despedir a 3 mil empleados públicos contratados vía universidades
Martes 10 de
Julio 2018
A través del decreto 632/2018 el Gobierno decidió un congelamiento en las contrataciones en la administración pública, entre otras medidas, con el objetivo de ahorrar más de $ 20.000 millones.
Organismos afectados
El freno a las contrataciones en el sector público abarca toda la estructura del Estado con excepción de la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
También quedan al margen de esta decisión los nombramientos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Servicio Exterior y el Cuerpo de Guardaparques Nacionales.
• Universidades
El decreto define que los convenios vigentes celebrados entre el Estado y universidades nacionales, provinciales privadas u otras instituciones de enseñanza pública, quedarán sin efecto a partir del 1 de enero de 2019.
• Premios y bonificaciones
La norma prohíbe además las bonificaciones, premios, incentivos y suplementos que percibe el personal del sector público hasta el 31 de diciembre de 2019.
• Viáticos y gastos de movilidad
Respecto a las sumas abonadas en concepto de servicios extraordinarios, gastos de movilidad, gastos fijos de movilidad, reintegro por gastos de comida y viáticos, el decreto exige que los organismos remitan, dentro del plazo de 30 días de su entrada en vigencia, un informe a Modernización en el que se contemple "la evolución de los citados conceptos, que avale su cumplimiento y que prevea su disminución en un 30% para lo que resta del ejercicio presupuestario en curso".
• Viajes al exterior
Sobre los viajes al exterior, el decreto establece que sólo las autoridades de nivel de Ministro o superior podrán utilizar pasajes de clase ejecutiva, con la aprobación previa de Jefatura de Gabinete. En el caso de los funcionarios con rango de Secretario, sólo podrán hacer uso de clase ejecutiva cuando el viaje tenga una duración mayor a las ocho horas.
• Vehículos de uso oficial
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá efectuar en el plazo de 30 días un relevamiento de vehículos de uso oficial que se encuentren tanto a disposición del traslado de funcionarios como los destinados al uso operativo del área a la cual se encuentren asignados, y un informe de la flota óptima de vehículos, "a los efectos de posterior transferencia o enajenación según criterios de razonabilidad y austeridad".
Mientras se elabora dicho informe, el Gobierno decidió suspender los procesos de adquisición o alquiler con opción de compra de vehículos destinados a uso oficial que se encuentren en curso.
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Serían la mitad de los que el Ejecutivo relevó contratados así. La medida se aplicaría a fin de año. Al resto los recontratarían con otra modalidad no tercerizada. Los gremios creen que son más de 9 mil casos. Despidos en Télam y el insólito caso del mantenimiento de la Rosada.
El plan de ajuste y reducción de gastos en la administración pública nacional devenido del acuerdo con el FMI obliga al Gobierno a un proceso de austeridad que en estas horas ganó visibilidad con los 354 despidos en la agencia estatal de noticias Télam y continuará con revisiones en distintos organismos. Otra de las decisiones que ya tomó el Ejecutivo es discontinuar a partir de 2019 los contratos por “asistencia técnica”, que se pagan a través de las universidades nacionales, que hoy alcanzan a poco más de 6 mil trabajadores, y de ese total sólo la mitad serían reubicados bajo otras modalidades de contratación en el Estado.
El préstamo con el FMI por 50 mil millones de dólares trajo aparejado el compromiso del Ejecutivo de acelerar la reducción del déficit fiscal. El pasado 1º de junio el empoderado coordinador y ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular de Modernización, Andrés Ibarra, dieron a conocer los alcances del “plan de austeridad”.
En aquella jornada se anunció que no habrá ingresos en el Estado durante 24 meses bajo ninguna modalidad y que los citados convenios tercerizados vía universidades quedarán sin efecto a partir del 31 de diciembre y ya no podrán utilizarse más para contratar profesionales.
De acuerdo al último relevamiento oficial, de abril pasado, quedan en el Estado 6.060 agentes que cobran por intermedio de universidades como las de La Matanza o San Martín, las más habituales.
Un listado “en el que está el grueso” de los AT (según su sigla), contabilizó entonces 1.095 en el Ministerio de Producción, 848 en el Sistema Federal de Medios Públicos, 609 en Salud, 428 en Transporte, 384 en Energía, 343 en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), 314 en Interior, 285 en Anses, 259 en la Comisión Nacional de Energía Atómica, 179 en Hacienda, 76 en la Secretaría General de la Presidencia, entre las principales.
El freno a las contrataciones en el sector público abarca toda la estructura del Estado con excepción de la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
También quedan al margen de esta decisión los nombramientos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Servicio Exterior y el Cuerpo de Guardaparques Nacionales.
• Universidades
El decreto define que los convenios vigentes celebrados entre el Estado y universidades nacionales, provinciales privadas u otras instituciones de enseñanza pública, quedarán sin efecto a partir del 1 de enero de 2019.
• Premios y bonificaciones
La norma prohíbe además las bonificaciones, premios, incentivos y suplementos que percibe el personal del sector público hasta el 31 de diciembre de 2019.
• Viáticos y gastos de movilidad
Respecto a las sumas abonadas en concepto de servicios extraordinarios, gastos de movilidad, gastos fijos de movilidad, reintegro por gastos de comida y viáticos, el decreto exige que los organismos remitan, dentro del plazo de 30 días de su entrada en vigencia, un informe a Modernización en el que se contemple "la evolución de los citados conceptos, que avale su cumplimiento y que prevea su disminución en un 30% para lo que resta del ejercicio presupuestario en curso".
• Viajes al exterior
Sobre los viajes al exterior, el decreto establece que sólo las autoridades de nivel de Ministro o superior podrán utilizar pasajes de clase ejecutiva, con la aprobación previa de Jefatura de Gabinete. En el caso de los funcionarios con rango de Secretario, sólo podrán hacer uso de clase ejecutiva cuando el viaje tenga una duración mayor a las ocho horas.
• Vehículos de uso oficial
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) deberá efectuar en el plazo de 30 días un relevamiento de vehículos de uso oficial que se encuentren tanto a disposición del traslado de funcionarios como los destinados al uso operativo del área a la cual se encuentren asignados, y un informe de la flota óptima de vehículos, "a los efectos de posterior transferencia o enajenación según criterios de razonabilidad y austeridad".
Mientras se elabora dicho informe, el Gobierno decidió suspender los procesos de adquisición o alquiler con opción de compra de vehículos destinados a uso oficial que se encuentren en curso.
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Serían la mitad de los que el Ejecutivo relevó contratados así. La medida se aplicaría a fin de año. Al resto los recontratarían con otra modalidad no tercerizada. Los gremios creen que son más de 9 mil casos. Despidos en Télam y el insólito caso del mantenimiento de la Rosada.
El plan de ajuste y reducción de gastos en la administración pública nacional devenido del acuerdo con el FMI obliga al Gobierno a un proceso de austeridad que en estas horas ganó visibilidad con los 354 despidos en la agencia estatal de noticias Télam y continuará con revisiones en distintos organismos. Otra de las decisiones que ya tomó el Ejecutivo es discontinuar a partir de 2019 los contratos por “asistencia técnica”, que se pagan a través de las universidades nacionales, que hoy alcanzan a poco más de 6 mil trabajadores, y de ese total sólo la mitad serían reubicados bajo otras modalidades de contratación en el Estado.
El préstamo con el FMI por 50 mil millones de dólares trajo aparejado el compromiso del Ejecutivo de acelerar la reducción del déficit fiscal. El pasado 1º de junio el empoderado coordinador y ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular de Modernización, Andrés Ibarra, dieron a conocer los alcances del “plan de austeridad”.
En aquella jornada se anunció que no habrá ingresos en el Estado durante 24 meses bajo ninguna modalidad y que los citados convenios tercerizados vía universidades quedarán sin efecto a partir del 31 de diciembre y ya no podrán utilizarse más para contratar profesionales.
De acuerdo al último relevamiento oficial, de abril pasado, quedan en el Estado 6.060 agentes que cobran por intermedio de universidades como las de La Matanza o San Martín, las más habituales.
Un listado “en el que está el grueso” de los AT (según su sigla), contabilizó entonces 1.095 en el Ministerio de Producción, 848 en el Sistema Federal de Medios Públicos, 609 en Salud, 428 en Transporte, 384 en Energía, 343 en la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), 314 en Interior, 285 en Anses, 259 en la Comisión Nacional de Energía Atómica, 179 en Hacienda, 76 en la Secretaría General de la Presidencia, entre las principales.
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