Darán recompensa a quienes denuncien arsenales ilegales
Jueves 23 de
Agosto 2018 - 09:46
Se calcula que en Santa Fe circulan 450 mil armas de fuego y sólo 150 mil de ellas pertenecen al circuito legal. Esa realidad, vinculada cada vez con más frecuencia al delito y la violencia letal, llevó a la provincia a crear una unidad "innovadora" en el manejo de la problemática.
Juntos, el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, adelantaron ayer que el área trabajará sobre distintos niveles: tras haber "ordenado" y peritado casi 14 mil armas en manos del Estado (sobre todo policiales y del Servicio Penitenciario), el control pasará ahora a los cotos de caza, los clubes de tiro y las armerías, y a la vez apuntará al desarme voluntario con un programa de recompensas a quienes denuncien arsenales ilegales. Si se comprueba su existencia, esos premios irán de 10 mil a 250 mil pesos.
Así, entre los objetivos que se trazó el Estado provincial, "ordenar" los arsenales policiales fue una prioridad.
"Para eso llevamos adelante algo inédito en el país", dijo Pullaro, tras recordar que en 1973 el gobierno nacional "tomó a su cargo el control y la fiscalización de armas de fuego".
"No obstante, la provincia entendió que debía desarrollar un programa para tener el control de armas legales e ilegales o informales", sostuvo. Y la primera medida pasó por lograr una "correcta fiscalización de todos los arsenales" en manos del Estado; en especial de la policía, lo que implicó llevar adelante pericias sobre casi 14 mil armas de puño.
También recordó que se retiraron unas 3.200 armas que venían del viejo sistema penal (las que deberán ser destruidas por orden de la Corte Suprema). Otras que estaban en desuso o con problemas de funcionamiento ya fueron eliminadas: 2.900 en el 2017 y 1.600 en lo que va de este año.
Pero aun esas acciones "fundamentales" resultaron insuficientes y se decidió encarar un "programa innovador".
En ese marco se creó la Unidad de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, un flamante programa que ahora apuntará a identificar a los tenedores legales y controlar las condiciones de uso y resguardo de armas y municiones en su posesión, así como en clubes de tiro, armerías y cotos de caza.
Por otro lado, alentará mediante campañas que quienes conozcan la existencia de lugares donde se esconden o resguardan (incluso por herencia) armas ilegales puedan denunciarlo.
Con resguardo de identidad, la información se recibirá en los centros territoriales de denuncia y de allí esos datos pasarán rápidamente a las fiscalías. Si en el proceso de investigación se verifica la presencia de armas, los denunciantes podrán recibir una recompensa de entre 10 mil y 250 mil pesos.
Lifschitz no dudó en relacionar los altos niveles de violencia con los circuitos del narcotráfico y el narcomenudeo y recordó que Santa Fe reclama "mayor incumbencia" judicial para poder intervenir en el segundo de esos fenómenos.
Una vez despejado que "en cualquier caso" en que un arma policial sea utilizada de forma ilegal "sería rápidamente detectable", afirmó el gobernador, el paso siguiente pasará por "extremar todas las acciones" sobre el mercado ilegal con la nueva unidad especial, que hilará más fino aun en ámbitos donde supuestamente toda arma está registrada.
Esa tarea se llevará adelante en convenio con los municipios, "y en especial con el de Rosario", dijo Lifschitz.
Cifras
El cálculo, según datos nacionales, es que por cada arma registrada hay dos ilegales. Para dimensionar el problema: en Santa Fe los tenedores legítimos llegan a cien mil y las armas registradas a 150 mil, lo que implica que en total circulan por la provincia unas 450 mil armas, al menos el 30 por ciento de ellas en Rosario.
Para lidiar con el problema, el ministro sostuvo que se trabajó "fuertemente". En toda la provincia, dijo, durante sus 33 meses de gestión los operativos de calle lograron secuestrar cerca de 6 mil armas de fuego y otras 700 se encontraron en allanamientos realizados en el marco de investigaciones.
Así, entre los objetivos que se trazó el Estado provincial, "ordenar" los arsenales policiales fue una prioridad.
"Para eso llevamos adelante algo inédito en el país", dijo Pullaro, tras recordar que en 1973 el gobierno nacional "tomó a su cargo el control y la fiscalización de armas de fuego".
"No obstante, la provincia entendió que debía desarrollar un programa para tener el control de armas legales e ilegales o informales", sostuvo. Y la primera medida pasó por lograr una "correcta fiscalización de todos los arsenales" en manos del Estado; en especial de la policía, lo que implicó llevar adelante pericias sobre casi 14 mil armas de puño.
También recordó que se retiraron unas 3.200 armas que venían del viejo sistema penal (las que deberán ser destruidas por orden de la Corte Suprema). Otras que estaban en desuso o con problemas de funcionamiento ya fueron eliminadas: 2.900 en el 2017 y 1.600 en lo que va de este año.
Pero aun esas acciones "fundamentales" resultaron insuficientes y se decidió encarar un "programa innovador".
En ese marco se creó la Unidad de Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, un flamante programa que ahora apuntará a identificar a los tenedores legales y controlar las condiciones de uso y resguardo de armas y municiones en su posesión, así como en clubes de tiro, armerías y cotos de caza.
Por otro lado, alentará mediante campañas que quienes conozcan la existencia de lugares donde se esconden o resguardan (incluso por herencia) armas ilegales puedan denunciarlo.
Con resguardo de identidad, la información se recibirá en los centros territoriales de denuncia y de allí esos datos pasarán rápidamente a las fiscalías. Si en el proceso de investigación se verifica la presencia de armas, los denunciantes podrán recibir una recompensa de entre 10 mil y 250 mil pesos.
Lifschitz no dudó en relacionar los altos niveles de violencia con los circuitos del narcotráfico y el narcomenudeo y recordó que Santa Fe reclama "mayor incumbencia" judicial para poder intervenir en el segundo de esos fenómenos.
Una vez despejado que "en cualquier caso" en que un arma policial sea utilizada de forma ilegal "sería rápidamente detectable", afirmó el gobernador, el paso siguiente pasará por "extremar todas las acciones" sobre el mercado ilegal con la nueva unidad especial, que hilará más fino aun en ámbitos donde supuestamente toda arma está registrada.
Esa tarea se llevará adelante en convenio con los municipios, "y en especial con el de Rosario", dijo Lifschitz.
Cifras
El cálculo, según datos nacionales, es que por cada arma registrada hay dos ilegales. Para dimensionar el problema: en Santa Fe los tenedores legítimos llegan a cien mil y las armas registradas a 150 mil, lo que implica que en total circulan por la provincia unas 450 mil armas, al menos el 30 por ciento de ellas en Rosario.
Para lidiar con el problema, el ministro sostuvo que se trabajó "fuertemente". En toda la provincia, dijo, durante sus 33 meses de gestión los operativos de calle lograron secuestrar cerca de 6 mil armas de fuego y otras 700 se encontraron en allanamientos realizados en el marco de investigaciones.
Con información de
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