SANTA FE
Se conformó una "mesa del delito rural"
Por:
Juan Manuel Fernández
Viernes 14 de
Septiembre 2018 - 16:56
Mediante la firma de un convenio entre los ministerios de Seguridad y Producción con Carsfe, se dispone la creación de esta instancia para coordinar acciones conjuntas, como la conformación de un mapa de ilícitos en el agro. También se comprometen a desarrollar capacitaciones, monitoreos y evaluación de las acciones desarrolladas.
El gobierno santafesino y los productores agropecuarios acordaron esta mañana conformar una mesa en la cual trabajarán de manera coordinada para elaborar un mapa del delito rural, así como promover y gestionar alternativas de prevención policial y persecución penal.
Así lo dispone un convenio, firmado en Rosario, entre los ministerios de la Producción, a cargo de Alicia Ciciliani, y de Seguridad, que dirige Maximiliano Pullaro, con la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), representada por su presidente Carlos Catagnani.
Formalmente, el acuerdo propone “la implementación de la Mesa de Trabajo para el Abordaje Integral del Delito Rural” y es consecuencia -según consta en el documento- de las “inquietudes, necesidades y demandas” planteadas por la entidad rural al gobierno santafesino. Vale decir que frente a los reiterados casos de delitos sufridos por productores de toda la provincia (en mayor medida de abigeato) hace un año Carsfe creó una Comisión de Seguridad con el fin de llevar registro de los ilícitos, darlos a conocer y demandar soluciones en el plano policial y judicial.
El documento firmado en la sede rosarina de la cartera de seguridad consta de 11 cláusulas en las que se detallan objetivos y condiciones, entre ellas el compromiso de desarrollar actividades de capacitación para los agentes del gobierno provincial, monitoreo y evaluación de las acciones que surjan de la Mesa. Además se dispone una cláusula de confidencialidad, mediante la cual las partes “se comprometen a guardar la más estricta de las reservas de las tareas efectuadas y de la información recibidas”.
El acuerdo tiene una vigencia de 12 meses, que se prorrogarán automáticamente, y tiene como objetivos específicos de la Mesa de Trabajo para el Abordaje Integral del Delito Rural promover la constitución de un sistema de información provincial sobre delitos rurales; proponer o promover alternativas de gestión agropecuaria, policial y judicial; realizar y solicitar análisis o evaluaciones de los resultados del trabajo conjunto; y rendir cuentas al sector agropecuario sobre las actividades realizadas.
Tras la rúbrica, Ciciliani indicó en su cuenta de Twitter que el acuerdo implica un reconocimiento al pedido que hiciera Carsfe un año atrás de recategorizar el robo o faena de hacienda para poder abordar con mayor eficacia la problemática desde los poderes del Estado. “Profundizamos la lucha contra el abigeato considerándolo un delito complejo por su impacto en la salud pública y en el arraigo rural”, tuiteó la ministra.
En septiembre de 2017, cuando se creó la Comisión de Seguridad en Carsfe, el coordinador Gerardo Vicentini había explicado que aspiraban a tomar la problemática del delito rural “como una cadena de valor” sobre la cual detectar “puntos críticos” para avanzar en soluciones de manera conjunta con las autoridades provinciales. De nada sirve a los productores -había dicho- “ser eficiente tranqueras adentro, mejorando la inseminación, aumentando la productividad, utilizando la última tecnología”, si luego “se produce un hecho de inseguridad y afecta ese patrimonio”.
Así lo dispone un convenio, firmado en Rosario, entre los ministerios de la Producción, a cargo de Alicia Ciciliani, y de Seguridad, que dirige Maximiliano Pullaro, con la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), representada por su presidente Carlos Catagnani.
Formalmente, el acuerdo propone “la implementación de la Mesa de Trabajo para el Abordaje Integral del Delito Rural” y es consecuencia -según consta en el documento- de las “inquietudes, necesidades y demandas” planteadas por la entidad rural al gobierno santafesino. Vale decir que frente a los reiterados casos de delitos sufridos por productores de toda la provincia (en mayor medida de abigeato) hace un año Carsfe creó una Comisión de Seguridad con el fin de llevar registro de los ilícitos, darlos a conocer y demandar soluciones en el plano policial y judicial.
El documento firmado en la sede rosarina de la cartera de seguridad consta de 11 cláusulas en las que se detallan objetivos y condiciones, entre ellas el compromiso de desarrollar actividades de capacitación para los agentes del gobierno provincial, monitoreo y evaluación de las acciones que surjan de la Mesa. Además se dispone una cláusula de confidencialidad, mediante la cual las partes “se comprometen a guardar la más estricta de las reservas de las tareas efectuadas y de la información recibidas”.
El acuerdo tiene una vigencia de 12 meses, que se prorrogarán automáticamente, y tiene como objetivos específicos de la Mesa de Trabajo para el Abordaje Integral del Delito Rural promover la constitución de un sistema de información provincial sobre delitos rurales; proponer o promover alternativas de gestión agropecuaria, policial y judicial; realizar y solicitar análisis o evaluaciones de los resultados del trabajo conjunto; y rendir cuentas al sector agropecuario sobre las actividades realizadas.
Tras la rúbrica, Ciciliani indicó en su cuenta de Twitter que el acuerdo implica un reconocimiento al pedido que hiciera Carsfe un año atrás de recategorizar el robo o faena de hacienda para poder abordar con mayor eficacia la problemática desde los poderes del Estado. “Profundizamos la lucha contra el abigeato considerándolo un delito complejo por su impacto en la salud pública y en el arraigo rural”, tuiteó la ministra.
En septiembre de 2017, cuando se creó la Comisión de Seguridad en Carsfe, el coordinador Gerardo Vicentini había explicado que aspiraban a tomar la problemática del delito rural “como una cadena de valor” sobre la cual detectar “puntos críticos” para avanzar en soluciones de manera conjunta con las autoridades provinciales. De nada sirve a los productores -había dicho- “ser eficiente tranqueras adentro, mejorando la inseminación, aumentando la productividad, utilizando la última tecnología”, si luego “se produce un hecho de inseguridad y afecta ese patrimonio”.
Con información de
ellitoral
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