SANTA FE
Fuerte intervención del Estado para cambiar el horizonte de barrio Yapeyú
Miércoles 10 de
Octubre 2018
Comenzó con un operativo policial, del que participaron 280 efectivos. Con los datos que aportaron los fiscales del MPA, detuvieron a 16 personas (6 con pedido de detección) y secuestraron 7 armas de fuego. Es una de las zonas de la ciudad más castigadas por la violencia. Durante la mañana, los equipos sociales salieron a recorrer el barrio para ofrecer asistencia en salud, educación y hábitat. Se realizarán operativos de documentación, regularización de suministro de energía y campañas de vacunación, entre otras iniciativas.
Comenzó con un fuerte operativo policial, con más de 280 efectivos provinciales y también fuerzas federales, pero el objetivo es transformar las condiciones de vida de un barrio atravesado por la violencia y en el que es necesario mejorar la infraestructura, los servicios y el acceso a las políticas de salud, educación y hábitat.
“Vamos a estar trabajando durante un largo tiempo aquí, en forma coordinada, para mejorar las condiciones del hábitat de los vecinos y trabajar sobre hechos delictivos puntuales, que hacen a la seguridad ciudadana. Sabemos que la inmensa mayoría de los vecinos quieren vivir en paz. Son gente trabajadora y de familia, que quiere desarrollarse y muchas veces no puede por estos hechos de violencia”, explicó Pablo Farías, ministro de Gobierno de la provincia, en una conferencia que se realizó en la sede de la Vecinal Santa Marta.
El intendente José Corral contó que se viene preparando esta intervención, en conjunto con la provincia y los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, desde hace varias semanas. “La seguridad es la principal preocupación que nos transmiten los vecinos —planteó Corral—. En un momento de dificultades económicas, la presencia del Estado sirve, del lado de los que hacen las cosas bien, para desarmar las economías del delito. Y acaban de salir los equipos sociales, representantes de distintas áreas del estado provincial y municipal, con una sola camiseta: la del Estado y con el objetivo de estar cerca y ayudar”.
El fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, recordó que esta iniciativa —“un plan de acción que partió del MPA”— tiene como antecedente una experiencia similar en Rosario. “El territorio se selecciona por los índices de violencia e implica un trabajo conjunto de varias áreas del Estado. Estamos analizando replicar esta experiencia en otras zonas de la ciudad”, adelantó.
A su lado, el fiscal Estanislao Giavedoni pasó en límpio los resultados de los operativos que se realizaron desde bien temprano. Se realizaron 27 allanamientos en los que se detuvo a 14 personas, de quienes se están verificando los antecedente penales.
Los allanamientos no se hicieron “al voleo”, sino a partir de investigaciones que venía llevando adelante el MPA. Por eso, entre las personas que “atraparon” los policías había 6 con pedido de detención.
El operativo incluyó efectivos de la Policía de Investigaciones, de la de Acción Táctica y del Grupo de Operaciones Especiales. En las viviendas que se allanaron encontraron siete armas de fuego y gran cantidad de municiones. “Una 9 milímetros, otra calibre 38 y también armas recortadas y tumberas”, precisó Giavedoni. Además “apareció” una moto con pedido de secuestro y medio ladrillo de una sustancia que parece marihuana (un dato que deberán corroborar los análisis de laboratorio).
En esta zona del noroeste de la ciudad, los delitos más comunes —según el fiscal— son abuso de armas, tentativas de homicidio, denuncias por usupacioens y amenazas calificadas por el uso de armas de fuego.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo que los detenidos fueron 16 (sumó dos menores a los 14 que contabilizó el fiscal) y contó que del operativo policial participaron 30 grupos tácticos, con algunos efectivos que incluso vinieron de otras partes de la provincia.
“En la primera instancia de esta intervención, las fuerzas policiales tienen una fuerte presencia en los cuadrantes determinados a partir del mapa del delito, que incluye los heridos de arma de fuego y los homicidios. Pero entendemos que la faz de seguridad sola no alcanza y se necesitan intervenciones multiagenciales como esta para mejorar las condiciones de vida de los vecinos. El Estado viene para quedarse y los equipos sociales van a hacer un censo, casa por casa, para saber cuáles son las necesidades en cada lugar”, aseguró el ministro.
En sintonía, el ministro de Desarrollo Social, Jorge Álvarez, coincidió en que se empieza por bajar los índices de violencia. “Pero el desafío es fortalecer la convivencia y la integración social, y garantizar el acceso a la salud, a la educación y a la protección social del Estado”, insistió.
Salud, educación y hábitat
A partir de ahora, la Policía de Acción Táctica (PAC) va a cumplir un rol clave en el barrio. Va a tener una sede en la comisaría (la seccional 7°) y va a sumar 60 policías al patrullaje del barrio. Nadie lo dijo, pero en la práctica implica que se hacer cargo de la seguridad del barrio. Es, justamente, una fuerza que se formó para intervenir en este tipo de situaciones.
Desde el gobierno provincial informaron que también se va a realizar un operativo de documentación rápida para llegar hasta aquellos que estén indocumentados.
En el barrio va a funcionar una sede descentralizada del Ministerio de Desarrollo Social, para orientar a las familias en el ejercicio pleno de sus derechos y en su inclusión en programas específicos de la provincia para ayudarlos.
La intervención, además, incluye una campaña de vacunación, asesoramiento para los beneficiarios de la Ley 5110, sobre discpacidad e intervenciones habitacionales de familias priorizadas del programa Abre Familia.
También se estima que van a regularizar 1.700 suministros de energía; es decir, conexiones irregulares — en otras palabras, “enganchados”— en el marco del programa energía segura. La empresa Aguas Santafesinas también va a realizar un relevamiento para detectar dificultades en la prestación del servicio de agua potable.
Violencia y precariedad habitacional
Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) explicaron que en el marco de una mesa de trabajo conjunta, se definió que serán dos los sectores a intervenir en el barrio: la zona conocida como Villa Teresa, ubicado dentro de la vecinal Ceferino Namuncurá; y el sector denominado La Ranita, ubicada entre las vecinales San Agustín y Yapeyú.
“Entre los motivos que fundamentan la elección del lugar, los especialistas indicaron que son lugares en los que se detectaron niveles elevados de violencia altamente lesiva e inseguridad; desconfianza ciudadana hacia la policía; irregularidad del trazado urbano; deficiencias en la infraestructura y los servicios; precariedad habitacional y deterioro de espacios públicos”, precisa un comunicado del MPA.
Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Estanislao Giavedoni y se llevaron a cabo con la debida autorización judicial. Participaron 140 efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), 120 de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y 20 de la Policía de Acción Táctica (PAT).
“Vamos a estar trabajando durante un largo tiempo aquí, en forma coordinada, para mejorar las condiciones del hábitat de los vecinos y trabajar sobre hechos delictivos puntuales, que hacen a la seguridad ciudadana. Sabemos que la inmensa mayoría de los vecinos quieren vivir en paz. Son gente trabajadora y de familia, que quiere desarrollarse y muchas veces no puede por estos hechos de violencia”, explicó Pablo Farías, ministro de Gobierno de la provincia, en una conferencia que se realizó en la sede de la Vecinal Santa Marta.
El intendente José Corral contó que se viene preparando esta intervención, en conjunto con la provincia y los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, desde hace varias semanas. “La seguridad es la principal preocupación que nos transmiten los vecinos —planteó Corral—. En un momento de dificultades económicas, la presencia del Estado sirve, del lado de los que hacen las cosas bien, para desarmar las economías del delito. Y acaban de salir los equipos sociales, representantes de distintas áreas del estado provincial y municipal, con una sola camiseta: la del Estado y con el objetivo de estar cerca y ayudar”.
El fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, recordó que esta iniciativa —“un plan de acción que partió del MPA”— tiene como antecedente una experiencia similar en Rosario. “El territorio se selecciona por los índices de violencia e implica un trabajo conjunto de varias áreas del Estado. Estamos analizando replicar esta experiencia en otras zonas de la ciudad”, adelantó.
A su lado, el fiscal Estanislao Giavedoni pasó en límpio los resultados de los operativos que se realizaron desde bien temprano. Se realizaron 27 allanamientos en los que se detuvo a 14 personas, de quienes se están verificando los antecedente penales.
Los allanamientos no se hicieron “al voleo”, sino a partir de investigaciones que venía llevando adelante el MPA. Por eso, entre las personas que “atraparon” los policías había 6 con pedido de detención.
El operativo incluyó efectivos de la Policía de Investigaciones, de la de Acción Táctica y del Grupo de Operaciones Especiales. En las viviendas que se allanaron encontraron siete armas de fuego y gran cantidad de municiones. “Una 9 milímetros, otra calibre 38 y también armas recortadas y tumberas”, precisó Giavedoni. Además “apareció” una moto con pedido de secuestro y medio ladrillo de una sustancia que parece marihuana (un dato que deberán corroborar los análisis de laboratorio).
En esta zona del noroeste de la ciudad, los delitos más comunes —según el fiscal— son abuso de armas, tentativas de homicidio, denuncias por usupacioens y amenazas calificadas por el uso de armas de fuego.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, dijo que los detenidos fueron 16 (sumó dos menores a los 14 que contabilizó el fiscal) y contó que del operativo policial participaron 30 grupos tácticos, con algunos efectivos que incluso vinieron de otras partes de la provincia.
“En la primera instancia de esta intervención, las fuerzas policiales tienen una fuerte presencia en los cuadrantes determinados a partir del mapa del delito, que incluye los heridos de arma de fuego y los homicidios. Pero entendemos que la faz de seguridad sola no alcanza y se necesitan intervenciones multiagenciales como esta para mejorar las condiciones de vida de los vecinos. El Estado viene para quedarse y los equipos sociales van a hacer un censo, casa por casa, para saber cuáles son las necesidades en cada lugar”, aseguró el ministro.
En sintonía, el ministro de Desarrollo Social, Jorge Álvarez, coincidió en que se empieza por bajar los índices de violencia. “Pero el desafío es fortalecer la convivencia y la integración social, y garantizar el acceso a la salud, a la educación y a la protección social del Estado”, insistió.
Salud, educación y hábitat
A partir de ahora, la Policía de Acción Táctica (PAC) va a cumplir un rol clave en el barrio. Va a tener una sede en la comisaría (la seccional 7°) y va a sumar 60 policías al patrullaje del barrio. Nadie lo dijo, pero en la práctica implica que se hacer cargo de la seguridad del barrio. Es, justamente, una fuerza que se formó para intervenir en este tipo de situaciones.
Desde el gobierno provincial informaron que también se va a realizar un operativo de documentación rápida para llegar hasta aquellos que estén indocumentados.
En el barrio va a funcionar una sede descentralizada del Ministerio de Desarrollo Social, para orientar a las familias en el ejercicio pleno de sus derechos y en su inclusión en programas específicos de la provincia para ayudarlos.
La intervención, además, incluye una campaña de vacunación, asesoramiento para los beneficiarios de la Ley 5110, sobre discpacidad e intervenciones habitacionales de familias priorizadas del programa Abre Familia.
También se estima que van a regularizar 1.700 suministros de energía; es decir, conexiones irregulares — en otras palabras, “enganchados”— en el marco del programa energía segura. La empresa Aguas Santafesinas también va a realizar un relevamiento para detectar dificultades en la prestación del servicio de agua potable.
Violencia y precariedad habitacional
Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) explicaron que en el marco de una mesa de trabajo conjunta, se definió que serán dos los sectores a intervenir en el barrio: la zona conocida como Villa Teresa, ubicado dentro de la vecinal Ceferino Namuncurá; y el sector denominado La Ranita, ubicada entre las vecinales San Agustín y Yapeyú.
“Entre los motivos que fundamentan la elección del lugar, los especialistas indicaron que son lugares en los que se detectaron niveles elevados de violencia altamente lesiva e inseguridad; desconfianza ciudadana hacia la policía; irregularidad del trazado urbano; deficiencias en la infraestructura y los servicios; precariedad habitacional y deterioro de espacios públicos”, precisa un comunicado del MPA.
Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal Estanislao Giavedoni y se llevaron a cabo con la debida autorización judicial. Participaron 140 efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), 120 de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y 20 de la Policía de Acción Táctica (PAT).
“Vamos a estar trabajando durante un largo tiempo aquí, en forma coordinada, para mejorar las condiciones del hábitat de los vecinos y trabajar sobre hechos delictivos puntuales, que hacen a la seguridad ciudadana”. Pablo Farías. Ministro de Gobierno de Santa Fe
“La seguridad es la principal preocupación que nos transmiten los vecinos. En un momento de dificultades económicas, la presencia del Estado sirve, del lado de los que hacen las cosas bien, para desarmar las economías del delito”. José Corral. Intendente de la ciudad.
“El territorio se selecciona por los índices de violencia e implica un trabajo conjunto de varias áreas del Estado. Estamos analizando replicar esta experiencia en otras zonas de la ciudad”. Carlos Arietti. Fiscal Regional de la Primera Circunscripción Judicial del MPA
“El Estado viene para quedarse y los equipos sociales van a hacer un censo, casa por casa, para saber cuáles son las necesidades en cada lugar”. Maximiliano Pullaro, Ministro de Seguridad de Santa Fe.
Con información de
ellitoral
