SANTA FE
Aires del Llano: dueños de terrenos en alerta por el remate de un lote
Miércoles 17 de
Octubre 2018
La subasta judicial ya tiene fecha y es por una deuda con la Municipalidad de Santo Tomé. La preocupación llegó a propietarios de algunas parcelas quienes dicen sentirse "desprotegidos"
De no mediar un acuerdo, el 14 de noviembre la Justicia procederá a rematar el lote Nº 4 del country Aires del Llano. Así lo informaron desde el municipio de Santo Tomé, luego de que se solicitara ante la Justicia la postergación de la primera fecha, que había sido fijada el 29 de septiembre.
Desde el gobierno local comentaron que todo comenzó en el 2013, cuando se le realizó al grupo económico Fontbar SA y Pioneros Argentinos SA (administradores del country) una verificación impositiva por la tarea que realizaban, la venta de inmuebles.
El área de hacienda del municipio sostiene que los administradores del barrio privado nunca reconocieron que la actividad que desarrollaban debía ser gravada con el tributo municipal Drei (Derecho de registro e Inspección)
"Cuando se vende un terreno, se debe mensurar y sobre eso se debe tributar. Deben tributar sobre este hecho imponible; sobre la venta de los inmuebles", sostuvo la secretaria de Hacienda y Administración del municipio, Claudia Pascual.
Dicha deuda, dijo la funcionaria, asciende a los ocho millones de pesos. "Intentamos cobrar la deuda en una instancia administrativa. La administración (municipal) siempre estuvo tratando de llegar a un acuerdo", dijo Pascual en declaraciones a la emisora LT 10.
Además, recordó que la verificación empezó en el 2013, y la instancia judicial en el 2015. "Hoy en el año 2018 llegamos a una fecha de remate. Durante todo ese transcurso, esta administración (por el municipio) ha tratado de consensuar y de llegar a un acuerdo con la empresa", aseguró.
Lote a rematar
El lote que la Justicia procedería a rematar será el Nº 4. Si bien es un espacio que no se encuentra mensurado, se trata de uno de los seis barrios con los que estuvo pensado desde un inicio el country. Los lotes 1, 2 y 3 ya se encuentran mensurados.
Respecto al terreno que se subastaría, Pascual aclaró: "Si la empresa vendió, lo vendió en forma indebida. Porque para poder vender tendría que haber estado mensurado. Si la empresa ha hecho eso, es totalmente ilegal".
En ese sentido, fuentes vinculadas a un grupo de personas que decidieron invertir en el fideicomiso comentaron a UNO Santa Fe que cerca de una decena de personas habrían comprado parcelas en el lote que prontamente iría a remate.
"Al municipio no le interesa rematar", aclaró Pascual pero advirtió: "Lo que al municipio le interesa es hacerse de esa acreencia como un deber de funcionario público. Es por orden de la Justicia. Corrió un tiempo prudencial y tuvieron oportunidad. Desde el municipio se les planteó miles de oportunidades para no llegar a esta instancia".
Réplicas en el Concejo
En el marco del mecanismo de participación ciudadana del Concejo Municipal de Santo tomé, llamado “Todos tenemos la palabra”, una de las personas damnificadas por el fideicomiso se presentó en el recinto a conversar con los ediles.
En el escrito que les dejó a los concejales, advierte que son cerca de 300 las familias que habrían sido afectadas por los administradores del country.
"Nuestra palabra en este recinto es la voz de 300 familias que se encuentran es este momento totalmente desprotegidas por todos los organismos del Estado", describe la nota.
"Nos cierran las puertas y no escuchan nuestros reclamos de realizar una exhaustiva investigación y/o pedidos de informes en una estafa millonaria, que si bien se produce entre particulares, el Estado está en conocimiento de lo sucedido a través de denuncias penales", agrega el escrito.
En esa línea, quienes dicen sentirse afectados en este escenario le reclaman al municipio de Santo Tomé que ejerza su “poder de policía evitando llegar a un final no deseado que con seguridad perjudicaría enormemente a esas 300 familias y suscitaría graves inconvenientes".
Desde el gobierno local comentaron que todo comenzó en el 2013, cuando se le realizó al grupo económico Fontbar SA y Pioneros Argentinos SA (administradores del country) una verificación impositiva por la tarea que realizaban, la venta de inmuebles.
El área de hacienda del municipio sostiene que los administradores del barrio privado nunca reconocieron que la actividad que desarrollaban debía ser gravada con el tributo municipal Drei (Derecho de registro e Inspección)
"Cuando se vende un terreno, se debe mensurar y sobre eso se debe tributar. Deben tributar sobre este hecho imponible; sobre la venta de los inmuebles", sostuvo la secretaria de Hacienda y Administración del municipio, Claudia Pascual.
Dicha deuda, dijo la funcionaria, asciende a los ocho millones de pesos. "Intentamos cobrar la deuda en una instancia administrativa. La administración (municipal) siempre estuvo tratando de llegar a un acuerdo", dijo Pascual en declaraciones a la emisora LT 10.
Además, recordó que la verificación empezó en el 2013, y la instancia judicial en el 2015. "Hoy en el año 2018 llegamos a una fecha de remate. Durante todo ese transcurso, esta administración (por el municipio) ha tratado de consensuar y de llegar a un acuerdo con la empresa", aseguró.
Lote a rematar
El lote que la Justicia procedería a rematar será el Nº 4. Si bien es un espacio que no se encuentra mensurado, se trata de uno de los seis barrios con los que estuvo pensado desde un inicio el country. Los lotes 1, 2 y 3 ya se encuentran mensurados.
Respecto al terreno que se subastaría, Pascual aclaró: "Si la empresa vendió, lo vendió en forma indebida. Porque para poder vender tendría que haber estado mensurado. Si la empresa ha hecho eso, es totalmente ilegal".
En ese sentido, fuentes vinculadas a un grupo de personas que decidieron invertir en el fideicomiso comentaron a UNO Santa Fe que cerca de una decena de personas habrían comprado parcelas en el lote que prontamente iría a remate.
"Al municipio no le interesa rematar", aclaró Pascual pero advirtió: "Lo que al municipio le interesa es hacerse de esa acreencia como un deber de funcionario público. Es por orden de la Justicia. Corrió un tiempo prudencial y tuvieron oportunidad. Desde el municipio se les planteó miles de oportunidades para no llegar a esta instancia".
Réplicas en el Concejo
En el marco del mecanismo de participación ciudadana del Concejo Municipal de Santo tomé, llamado “Todos tenemos la palabra”, una de las personas damnificadas por el fideicomiso se presentó en el recinto a conversar con los ediles.
En el escrito que les dejó a los concejales, advierte que son cerca de 300 las familias que habrían sido afectadas por los administradores del country.
"Nuestra palabra en este recinto es la voz de 300 familias que se encuentran es este momento totalmente desprotegidas por todos los organismos del Estado", describe la nota.
"Nos cierran las puertas y no escuchan nuestros reclamos de realizar una exhaustiva investigación y/o pedidos de informes en una estafa millonaria, que si bien se produce entre particulares, el Estado está en conocimiento de lo sucedido a través de denuncias penales", agrega el escrito.
En esa línea, quienes dicen sentirse afectados en este escenario le reclaman al municipio de Santo Tomé que ejerza su “poder de policía evitando llegar a un final no deseado que con seguridad perjudicaría enormemente a esas 300 familias y suscitaría graves inconvenientes".
Con información de
unosantafe
