CUBA
La nueva constitución de Cuba: un proyecto contradictorio de "libertad política"
Martes 18 de
Diciembre 2018
El régimen que gobierna a Cuba desde hace sesenta años, estaría impulsando un proceso constitucional para elegir a sus representantes
El régimen que gobierna hace sesenta años en Cuba ya no se contenta con fabricar resultados electorales, ahora impulsa un proceso de reforma constitucional para sustituir la aún vigente, que data de 1976.
En noviembre el gobierno de Miguel Díaz Canel anunció el cierre de una primera etapa, que consistió en alrededor de 11.000 reuniones vecinales de consulta distribuidas en todo el territorio de la Isla. Algo ciertamente incomprobable, ya que no existen organismos de medición o control estatal.
El proyecto que pretende imponer el oficialismo es algo contradictorio: ya reza, en el artículo 1 de la nueva Constitución que los ciudadanos gozan de "libertad política", sin embargo, esta intención choca de frente con el artículo 3 en el que se establece que la "traición a la patria socialista es el más grave de los crímenes" y que el "socialismo y el sistema político son irrevocables". Es decir, que la libertad política entonces está acotada al cumplimiento de lo que prescribe el partido Comunista, el "único" partido constitucional. Por lo tanto, la única libertad que se le concede al cubano es la de participar en este partido político de carácter "martiano, fidelista y marxista leninista".
Otra particularidad es la del artículo 10, que sostiene que la "soberanía reside intransferiblemente en el pueblo" no obstante, esta no puede, aunque quisiera, "cambiar el sistema político".
Lo más interesante de la constitución se deja leer en el Capítulo IV, que desarrolla y aborda los Derechos y Deberes Cívicos y Políticos. Aquí se deja en claro que los cubanos "tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del Estado", "proponer y nominar candidatos", "elegir y ser elegido", "revocar" mandatos, etc.
Es curiosa la diferencia entre el texto que recita la norma y la realidad, que se advierte en el último proceso electoral sucedido a principios de este 2018, allí no hubo resquicio alguno para el cumplimiento siquiera mínimo de estos derechos. Por el contrario, las proscripciones, las detenciones arbitrarias y la criminalización de la actividad política resultaron ser el denominador común del proceso electoral.
Ahora bien, con relación al sistema electoral en sí, se presentan algunas modificaciones que merecen ser destacadas. Se establece la conformación del Consejo Electoral Nacional que deberá "garantizar la confiabilidad, transparencia, celeridad, publicidad, autenticidad e imparcialidad de los procesos electorales".
Además, se establece que éste tiene "autonomía" con respecto a otros poderes del Estado, aunque es de público conocimiento que el único poder del Estado reside en el partido Comunista, que a su vez concentra toda su fortaleza en la Comisión de Candidaturas, una institución que no cuenta con rango Constitucional, pero que en los hechos es a través de la cual se asegura el control discrecional de los procesos electorales.
Luego de incluir los cambios mencionados, el proyecto será sometido a un referéndum a realizarse seguramente en febrero de 2019. Entre las cláusulas transitorias se encuentra una que establece que, luego de aprobada la Constitución, la Asamblea tiene seis meses para sancionar una nueva Ley Electoral.
Podemos pensar entonces a partir de lo modificado, que no hay indicio alguno de apertura democrática en este proceso. Todos los acontecimientos parecen marcados por un guión preestablecido. De este modo se pierde una oportunidad histórica de generar, aunque más no sea, una mínima señal hacia una transición democrática. Seguramente debido a ello este proceso se realiza ante una apatía social generalizada.
El régimen de Cuba se gana un problema en el corto y mediano plazo, dado que ya no le quedan pretextos para enfrentar las demandas de una sociedad que, a su manera y con sus tiempos, comienza a pedir libertad. Ahora la oposición ilegalizada capitalizará políticamente todas las limitaciones que conlleva este modesto proyecto Constitucional y le quedará por delante la tarea de continuar exigiendo una apertura política razonable.
Con información de Leandro Querido, Politólogo especializado en observación electoral y director Ejecutivo de Transparencia Electoral.
En noviembre el gobierno de Miguel Díaz Canel anunció el cierre de una primera etapa, que consistió en alrededor de 11.000 reuniones vecinales de consulta distribuidas en todo el territorio de la Isla. Algo ciertamente incomprobable, ya que no existen organismos de medición o control estatal.
El proyecto que pretende imponer el oficialismo es algo contradictorio: ya reza, en el artículo 1 de la nueva Constitución que los ciudadanos gozan de "libertad política", sin embargo, esta intención choca de frente con el artículo 3 en el que se establece que la "traición a la patria socialista es el más grave de los crímenes" y que el "socialismo y el sistema político son irrevocables". Es decir, que la libertad política entonces está acotada al cumplimiento de lo que prescribe el partido Comunista, el "único" partido constitucional. Por lo tanto, la única libertad que se le concede al cubano es la de participar en este partido político de carácter "martiano, fidelista y marxista leninista".
Otra particularidad es la del artículo 10, que sostiene que la "soberanía reside intransferiblemente en el pueblo" no obstante, esta no puede, aunque quisiera, "cambiar el sistema político".
Lo más interesante de la constitución se deja leer en el Capítulo IV, que desarrolla y aborda los Derechos y Deberes Cívicos y Políticos. Aquí se deja en claro que los cubanos "tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del Estado", "proponer y nominar candidatos", "elegir y ser elegido", "revocar" mandatos, etc.
Es curiosa la diferencia entre el texto que recita la norma y la realidad, que se advierte en el último proceso electoral sucedido a principios de este 2018, allí no hubo resquicio alguno para el cumplimiento siquiera mínimo de estos derechos. Por el contrario, las proscripciones, las detenciones arbitrarias y la criminalización de la actividad política resultaron ser el denominador común del proceso electoral.
Ahora bien, con relación al sistema electoral en sí, se presentan algunas modificaciones que merecen ser destacadas. Se establece la conformación del Consejo Electoral Nacional que deberá "garantizar la confiabilidad, transparencia, celeridad, publicidad, autenticidad e imparcialidad de los procesos electorales".
Además, se establece que éste tiene "autonomía" con respecto a otros poderes del Estado, aunque es de público conocimiento que el único poder del Estado reside en el partido Comunista, que a su vez concentra toda su fortaleza en la Comisión de Candidaturas, una institución que no cuenta con rango Constitucional, pero que en los hechos es a través de la cual se asegura el control discrecional de los procesos electorales.
Luego de incluir los cambios mencionados, el proyecto será sometido a un referéndum a realizarse seguramente en febrero de 2019. Entre las cláusulas transitorias se encuentra una que establece que, luego de aprobada la Constitución, la Asamblea tiene seis meses para sancionar una nueva Ley Electoral.
Podemos pensar entonces a partir de lo modificado, que no hay indicio alguno de apertura democrática en este proceso. Todos los acontecimientos parecen marcados por un guión preestablecido. De este modo se pierde una oportunidad histórica de generar, aunque más no sea, una mínima señal hacia una transición democrática. Seguramente debido a ello este proceso se realiza ante una apatía social generalizada.
El régimen de Cuba se gana un problema en el corto y mediano plazo, dado que ya no le quedan pretextos para enfrentar las demandas de una sociedad que, a su manera y con sus tiempos, comienza a pedir libertad. Ahora la oposición ilegalizada capitalizará políticamente todas las limitaciones que conlleva este modesto proyecto Constitucional y le quedará por delante la tarea de continuar exigiendo una apertura política razonable.
Con información de Leandro Querido, Politólogo especializado en observación electoral y director Ejecutivo de Transparencia Electoral.
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