El Congreso y los temas pendientes para tratar en el año electoral
Domingo 30 de
Diciembre 2018
Juicios por jurado, educación sexual, alquileres, aborto, extinción de dominio, financiamiento de partidos y ley anti-barrasbravas quedaron para ser tratados en 2019.
La Cámara de Diputados postergó hasta 2019 la sanción de diferentes proyectos, tras la falta de acuerdos entre el oficialismo y la oposición, entre los que se encuentran, entre otros, la instauración de los juicios por jurado, de educación sexual, la reforma a la ley de alquileres, el aborto y la extinción de dominio para recuperar los bienes productos de la corrupción.
El cuerpo concluye 2018 con la peor producción legislativa desde la restauración democrática, ya que sólo se realizaron en el período ordinario 11 sesiones a lo largo del año.
De todos modos, y más allá de esas cuestiones pendientes, el año parlamentario podría arrancar con el debate de la reforma del Código Penal, que el presidente Mauricio Macri presentaría el 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
Si bien 2019 es un año electoral, y la producción parlamentaria se ve reducida por la campaña proselitista, el oficialismo aspira a avanzar en acuerdos con la oposición para poder debatir cuestiones pendientes que no sean conflictivas, y para evitar la tradicional merma legislativa en un año de comicios generales.
En ese contexto, fuentes parlamentarias no descartan que se puedan debatir en el primer semestre del año la ley de alquileres y el proyecto para que los jueces e integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, aunque solo serían aprobados si logran un buen nivel de consenso con la oposición.
Tampoco pudieron ser debatidas en el recinto de la Cámara baja la ley de semillas y las denominadas “ley corta” de medios y de proveedores de internet, que no fueron incluidas en el temario de extraordinarias y que quedarán para 2019.
Baja producción
Más allá de las tres sesiones extraordinarias, los diputados debatieron un conjunto de 40 iniciativas, con lo que la Cámara baja concluirá este año con la peor producción legislativa desde la restauración democrática.
De hecho, la Cámara baja ya postergó también para 2019 los proyectos de extinción de dominio, para recuperar los bienes de la corrupción; de juicio por jurados, de educación sexual, ley de lobby y de conflictos de intereses, entre otras iniciativas.
La ley de extinción de dominio fue aprobada en Diputados a mediados del 2016, pero este año el Senado le incorporó cambios sustanciales y ahora el oficialismo evalúa el año próximo diseñar un nuevo texto pero acordado con los senadores.
De acuerdo al texto, el proyecto votado en Diputados permitía al fiscal, cuando se iniciaba la acción penal, comenzar el proceso para recuperar esos bienes; en cambio, la iniciativa del Senado proponía que esa medida se tome en el fuero civil y cuando ya exista al menos una condena de primera instancia.
En tanto, y en el proyecto de juicio por jurado, que no pudo llegar al recinto finalmente, la diferencias están en el propio oficialismo, ya algunos diputados no comparten la propuesta de la radical Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), que propone que las sentencias sean unánimes, ni están de acuerdo con incorporar los casos de corrupción.
Consensos que faltaron
Otra de las leyes pendientes es la que establece la reforma a la ley de alquileres, a la que le faltó mayores consensos para poder debatirla en el recinto, y que busca bajar los costos de los alquileres, disminuye los gastos de las inmobiliarias y establece un mecanismo de indexación.
Por otro lado, en el proyecto de educación sexual, que generó fuertes polémicas, sobre todo entre los representantes del interior, se volvió a plantear la misma disputa que dividió a la Cámara baja cuando se debatió en junio la legalización del aborto, y por ello se postergó su discusión.
En cuanto a la ley de despenalización del aborto, y según confirmó a Télam el diputado del PRO Daniel Lipovetzky, la intención de la Campaña por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito volverá a presentar el texto, aprobado por Diputados en 2017, pero que no pudo ser sancionado en el Senado, y podría ser uno de los temas con el que Diputados arranque 2019.
Precisamente, la educación sexual y la legalización del aborto, son dos cuestiones que atraviesan en forma transversal a todos los bloques y que generan divisiones internas, con lo cual se estima que sería poco probable que, en un año electoral, tengan chances de debatirse el próximo año.
En tanto, el proyecto contra los barrabravas, que fue aprobado en general por la Cámara baja, pero cuyo debate en particular empantanó la discusión, por lo que el texto volvió a comisión, y la ley de financiamiento de los partidos políticos, podrían ser dos temas clave a discutir en una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias en febrero próximo.
El gobierno apunta a febrero
El Gobierno intentará nuevamente en febrero conseguir que el Congreso apruebe el proyecto para combatir a las barrabravas y la reforma del régimen de financiamiento político, pese a que la Coalición Cívica de Elisa Carrió mantiene sus objeciones.
Hace menos de 10 días el jefe de Gabinete, Marcos Peña, mantuvo una reunión con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, en la que se acordó convocar a sesiones extraordinarias para febrero.
Fuentes del bloque de senadores de Cambiemos indicaron a NA que la decisión del Gobierno de tratar de avanzar nuevamente en febrero con los proyectos de ley “anti barras” y la de financiamiento político quedó así “confirmada”.
Ambos temas motivaron la convocatoria a sesiones extraordinarias de diciembre pero el Gobierno no consiguió la aprobación de ninguno: la razón principal fueron las objeciones de los aliados de la Coalición Cívica.
El proyecto para combatir a las barrabravas fue aprobado en general durante la última sesión de la Cámara de Diputados pero, en medio de un debate desordenado en la votación particular de cada artículo, se decidió devolverlo a comisión.
Más allá de la falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición sobre los cambios propuestos a la iniciativa, lo que determinó la suspensión del debate fue la intención de la bancada de Carrió de establecer una prohibición para que funcionarios públicos integren las comisiones directivas de los clubes de fútbol.
Ese cambio, propuesto en medio del debate que se desarrolló en el recinto, generó muchas dudas debido a que es algo usual que funcionarios públicos se integren a la vida de los clubes de fútbol, especialmente dirigentes del PRO en Boca Juniors, la escuadra que encabezó el presidente Mauricio Macri.
Por otra parte, el proyecto para modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales quedó congelado en el Senado y las objeciones de Carrió también influyeron en esa decisión.
La líder de la Coalición Cívica se opuso públicamente a la intención del Poder Ejecutivo de permitir que las empresas privadas realicen aportes de campaña, uno de los puntos centrales del proyecto que Macri envió al Congreso.
De esta manera, el Gobierno necesitará para febrero alcanzar un acuerdo con la co fundadora de Cambiemos para avanzar con estas dos iniciativas o resignarse a una votación que divida al interbloque oficialista.
El cuerpo concluye 2018 con la peor producción legislativa desde la restauración democrática, ya que sólo se realizaron en el período ordinario 11 sesiones a lo largo del año.
De todos modos, y más allá de esas cuestiones pendientes, el año parlamentario podría arrancar con el debate de la reforma del Código Penal, que el presidente Mauricio Macri presentaría el 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso.
Si bien 2019 es un año electoral, y la producción parlamentaria se ve reducida por la campaña proselitista, el oficialismo aspira a avanzar en acuerdos con la oposición para poder debatir cuestiones pendientes que no sean conflictivas, y para evitar la tradicional merma legislativa en un año de comicios generales.
En ese contexto, fuentes parlamentarias no descartan que se puedan debatir en el primer semestre del año la ley de alquileres y el proyecto para que los jueces e integrantes del Poder Judicial paguen el impuesto a las Ganancias, aunque solo serían aprobados si logran un buen nivel de consenso con la oposición.
Tampoco pudieron ser debatidas en el recinto de la Cámara baja la ley de semillas y las denominadas “ley corta” de medios y de proveedores de internet, que no fueron incluidas en el temario de extraordinarias y que quedarán para 2019.
Baja producción
Más allá de las tres sesiones extraordinarias, los diputados debatieron un conjunto de 40 iniciativas, con lo que la Cámara baja concluirá este año con la peor producción legislativa desde la restauración democrática.
De hecho, la Cámara baja ya postergó también para 2019 los proyectos de extinción de dominio, para recuperar los bienes de la corrupción; de juicio por jurados, de educación sexual, ley de lobby y de conflictos de intereses, entre otras iniciativas.
La ley de extinción de dominio fue aprobada en Diputados a mediados del 2016, pero este año el Senado le incorporó cambios sustanciales y ahora el oficialismo evalúa el año próximo diseñar un nuevo texto pero acordado con los senadores.
De acuerdo al texto, el proyecto votado en Diputados permitía al fiscal, cuando se iniciaba la acción penal, comenzar el proceso para recuperar esos bienes; en cambio, la iniciativa del Senado proponía que esa medida se tome en el fuero civil y cuando ya exista al menos una condena de primera instancia.
En tanto, y en el proyecto de juicio por jurado, que no pudo llegar al recinto finalmente, la diferencias están en el propio oficialismo, ya algunos diputados no comparten la propuesta de la radical Gabriela Burgos (UCR-Jujuy), que propone que las sentencias sean unánimes, ni están de acuerdo con incorporar los casos de corrupción.
Consensos que faltaron
Otra de las leyes pendientes es la que establece la reforma a la ley de alquileres, a la que le faltó mayores consensos para poder debatirla en el recinto, y que busca bajar los costos de los alquileres, disminuye los gastos de las inmobiliarias y establece un mecanismo de indexación.
Por otro lado, en el proyecto de educación sexual, que generó fuertes polémicas, sobre todo entre los representantes del interior, se volvió a plantear la misma disputa que dividió a la Cámara baja cuando se debatió en junio la legalización del aborto, y por ello se postergó su discusión.
En cuanto a la ley de despenalización del aborto, y según confirmó a Télam el diputado del PRO Daniel Lipovetzky, la intención de la Campaña por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito volverá a presentar el texto, aprobado por Diputados en 2017, pero que no pudo ser sancionado en el Senado, y podría ser uno de los temas con el que Diputados arranque 2019.
Precisamente, la educación sexual y la legalización del aborto, son dos cuestiones que atraviesan en forma transversal a todos los bloques y que generan divisiones internas, con lo cual se estima que sería poco probable que, en un año electoral, tengan chances de debatirse el próximo año.
En tanto, el proyecto contra los barrabravas, que fue aprobado en general por la Cámara baja, pero cuyo debate en particular empantanó la discusión, por lo que el texto volvió a comisión, y la ley de financiamiento de los partidos políticos, podrían ser dos temas clave a discutir en una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias en febrero próximo.
El gobierno apunta a febrero
El Gobierno intentará nuevamente en febrero conseguir que el Congreso apruebe el proyecto para combatir a las barrabravas y la reforma del régimen de financiamiento político, pese a que la Coalición Cívica de Elisa Carrió mantiene sus objeciones.
Hace menos de 10 días el jefe de Gabinete, Marcos Peña, mantuvo una reunión con el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, en la que se acordó convocar a sesiones extraordinarias para febrero.
Fuentes del bloque de senadores de Cambiemos indicaron a NA que la decisión del Gobierno de tratar de avanzar nuevamente en febrero con los proyectos de ley “anti barras” y la de financiamiento político quedó así “confirmada”.
Ambos temas motivaron la convocatoria a sesiones extraordinarias de diciembre pero el Gobierno no consiguió la aprobación de ninguno: la razón principal fueron las objeciones de los aliados de la Coalición Cívica.
El proyecto para combatir a las barrabravas fue aprobado en general durante la última sesión de la Cámara de Diputados pero, en medio de un debate desordenado en la votación particular de cada artículo, se decidió devolverlo a comisión.
Más allá de la falta de acuerdo entre el oficialismo y la oposición sobre los cambios propuestos a la iniciativa, lo que determinó la suspensión del debate fue la intención de la bancada de Carrió de establecer una prohibición para que funcionarios públicos integren las comisiones directivas de los clubes de fútbol.
Ese cambio, propuesto en medio del debate que se desarrolló en el recinto, generó muchas dudas debido a que es algo usual que funcionarios públicos se integren a la vida de los clubes de fútbol, especialmente dirigentes del PRO en Boca Juniors, la escuadra que encabezó el presidente Mauricio Macri.
Por otra parte, el proyecto para modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales quedó congelado en el Senado y las objeciones de Carrió también influyeron en esa decisión.
La líder de la Coalición Cívica se opuso públicamente a la intención del Poder Ejecutivo de permitir que las empresas privadas realicen aportes de campaña, uno de los puntos centrales del proyecto que Macri envió al Congreso.
De esta manera, el Gobierno necesitará para febrero alcanzar un acuerdo con la co fundadora de Cambiemos para avanzar con estas dos iniciativas o resignarse a una votación que divida al interbloque oficialista.
Con información de
ellitoral
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