Amnistía Internacional rechazó el nuevo régimen penal juvenil
“Bajar la edad es un retroceso”
Lunes 14 de
Enero 2019
Amnistía Internacional Argentina expresó su rechazo a la propuesta del gobierno nacional de fijar un nuevo régimen de justicia penal juvenil que establezca una baja de la edad de imputabilidad a los 15 años, porque eso “representa un retroceso contrario a los principios internacionales de derechos humanos”.
En este sentido, la sede local de la organización internacional, con la firma de su titular, Mariela Belski, sostuvo que “esta necesaria reforma no puede hacerse de cualquier manera” dado que “el propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en sus Observaciones a Argentina de junio de 2018, hizo hincapié en que la ley penal juvenil no debe incluir disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal”.
La organización expresó su “alerta sobre los anuncios” del gobierno de Mauricio Macri en materia de seguridad “en detrimento de los derechos humanos”. En el mismo pronunciamiento se criticó el uso de las armas tipo Taser, que por ser de “electrochoque” pueden ser utilizadas por las fuerzas de seguridad para “malos tratos y torturas”. Amnistía refutó también las cifras dadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la participación de extranjeros en delitos ocurridos en el país.
En su declaración, Amnistía manifestó su “profunda preocupación” en relación con todos los recientes anuncios del Gobierno en materia de seguridad y advirtió que “el mantenimiento del orden y la seguridad no se contrapone con los derechos humanos”, sino que “por el contrario su respeto y protección es una de las dimensiones que mejor describe un Estado de Derecho”. Sobre las pistolas tipo Taser se recuerda que Amnistía realizó hace unos años una investigación respecto del uso de esas “armas de electrochoque”, trabajo del que surgieron “dos preocupaciones principales en materia de derechos humanos, que han sido compartidas por otros organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU”.
El organismo internacional sostuvo que por un lado “se subestiman los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas al uso de estas armas”. En segundo lugar, se recalcó que “las armas de electrochoque presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera inapropiada y excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento en la persona” sometida a su aplicación. Se remarcó que esto es “bien relevante” porque “el punto es cómo el gobierno puede garantizar que las fuerzas de seguridad hayan sido capacitadas y estén preparadas continuamente para que no ocurran usos incorrectos”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Sobre la baja de la edad de imputabilidad, “preocupa también” por el hecho de que “hace años Argentina ha sido interpelada por los organismos internacionales de derechos humanos a aprobar un sistema de justicia penal juvenil que brinde garantías a los jóvenes en conflicto con la ley penal”. Para lograr ese objetivo, la reforma debe tomar en cuenta que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU “en sus Observaciones a Argentina de junio de 2018, hizo hincapié en que la ley penal juvenil no debe incluir disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal”, aseguró Belski.
Teniendo en cuenta esas recomendaciones “llama la atención” la propuesta de bajar la edad de imputabilidad porque es “un retroceso” respecto de la vigencia de las normas internacionales de Derechos Humanos de las que el Estado argentino es firmante y, por ende, está obligado a respetar. Otro de los puntos que preocupan a Amnistía tiene que ver con “la asociación de la migración con la criminalidad”. En este aspecto preocupan las expresiones oficiales, en este caso de la ministra Bullrich, que se basan “en estadísticas tergiversadas” que “insisten en abordar a la migración desde un paradigma de seguridad y punitivo”.
Amnistía puntualizó que “a diferencia de lo anunciado a los medios, la totalidad de personas extranjeras detenidas en Argentina no es de 20 por ciento (del total de presos), sino que es de cerca del 6 por ciento, cifra que no se ha incrementado en los últimos años”. El organismo internacional sostuvo que el gobierno argentino “debe promover la regularización y la garantía de los derechos de las personas migrantes, en el marco de las políticas sociales y desde un enfoque de derechos humanos”.
Por todo lo expuesto, Amnistía “considera imperioso que el Gobierno respete los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de seguridad, escenario en donde en muchos casos se trata de la vida y la libertad de las personas, especialmente de las poblaciones más vulnerables”.
La organización expresó su “alerta sobre los anuncios” del gobierno de Mauricio Macri en materia de seguridad “en detrimento de los derechos humanos”. En el mismo pronunciamiento se criticó el uso de las armas tipo Taser, que por ser de “electrochoque” pueden ser utilizadas por las fuerzas de seguridad para “malos tratos y torturas”. Amnistía refutó también las cifras dadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la participación de extranjeros en delitos ocurridos en el país.
En su declaración, Amnistía manifestó su “profunda preocupación” en relación con todos los recientes anuncios del Gobierno en materia de seguridad y advirtió que “el mantenimiento del orden y la seguridad no se contrapone con los derechos humanos”, sino que “por el contrario su respeto y protección es una de las dimensiones que mejor describe un Estado de Derecho”. Sobre las pistolas tipo Taser se recuerda que Amnistía realizó hace unos años una investigación respecto del uso de esas “armas de electrochoque”, trabajo del que surgieron “dos preocupaciones principales en materia de derechos humanos, que han sido compartidas por otros organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU”.
El organismo internacional sostuvo que por un lado “se subestiman los riesgos relacionados con la salud y la vida de las personas expuestas al uso de estas armas”. En segundo lugar, se recalcó que “las armas de electrochoque presentan un alto riesgo de que se utilicen de manera inapropiada y excesiva (incluyendo malos tratos y torturas) debido a que no dejan rastros visibles de lesiones o sufrimiento en la persona” sometida a su aplicación. Se remarcó que esto es “bien relevante” porque “el punto es cómo el gobierno puede garantizar que las fuerzas de seguridad hayan sido capacitadas y estén preparadas continuamente para que no ocurran usos incorrectos”, expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Sobre la baja de la edad de imputabilidad, “preocupa también” por el hecho de que “hace años Argentina ha sido interpelada por los organismos internacionales de derechos humanos a aprobar un sistema de justicia penal juvenil que brinde garantías a los jóvenes en conflicto con la ley penal”. Para lograr ese objetivo, la reforma debe tomar en cuenta que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU “en sus Observaciones a Argentina de junio de 2018, hizo hincapié en que la ley penal juvenil no debe incluir disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal”, aseguró Belski.
Teniendo en cuenta esas recomendaciones “llama la atención” la propuesta de bajar la edad de imputabilidad porque es “un retroceso” respecto de la vigencia de las normas internacionales de Derechos Humanos de las que el Estado argentino es firmante y, por ende, está obligado a respetar. Otro de los puntos que preocupan a Amnistía tiene que ver con “la asociación de la migración con la criminalidad”. En este aspecto preocupan las expresiones oficiales, en este caso de la ministra Bullrich, que se basan “en estadísticas tergiversadas” que “insisten en abordar a la migración desde un paradigma de seguridad y punitivo”.
Amnistía puntualizó que “a diferencia de lo anunciado a los medios, la totalidad de personas extranjeras detenidas en Argentina no es de 20 por ciento (del total de presos), sino que es de cerca del 6 por ciento, cifra que no se ha incrementado en los últimos años”. El organismo internacional sostuvo que el gobierno argentino “debe promover la regularización y la garantía de los derechos de las personas migrantes, en el marco de las políticas sociales y desde un enfoque de derechos humanos”.
Por todo lo expuesto, Amnistía “considera imperioso que el Gobierno respete los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de seguridad, escenario en donde en muchos casos se trata de la vida y la libertad de las personas, especialmente de las poblaciones más vulnerables”.
Con información de
Página 12
