Extinción de dominio: el antecedente de Santa Fe
Miércoles 23 de
Enero 2019
“En Argentina el que las hace las paga”, dijo Mauricio Macri este lunes al anunciar el decreto que dará luz verde a la extinción de dominio para recuperar bienes de la corrupción y el narcotráfico.
Y agregó: “Está claro que todos estamos haciendo un esfuerzo muy grande paras sacar el país adelante. No puede ser que algunos vivos cometan delitos a costa de este esfuerzo”.
Pero el flamante decreto trajo una oleada de debates, discusiones doctrinarias y análisis políticos. En medio de la polémica, aparece un sólo antecedente en el país: Santa Fe.
En esa provincia, se creó la Agencia de Bienes Decomisados en septiembre del 2018. Ya subastaron 17 vehículos incautados a presuntos delincuentes (entre los que hubo BMW, Mini Cooper y Mercedes Benz) y recaudaron unos 4 millones de pesos.
Allí alcanza con que un juez impute a una persona para que la oficina, que depende del Ministerio de Justicia, pueda disponer de los bienes que se consideren fruto de un hecho ilícito. Durante los primeros seis meses sólo tienen la posibilidad de administrarlos, luego los pueden disponer a través de subastas.
Todavía no tuvieron casos de imputados que luego queden absueltos y reclamen los bienes decomisados. Pero tienen prevista una solución: durante tres años deben tener el dinero inmovilizado (la ley les permite ponerlo en un plazo fijo para que no se devalúe). Lo que sí les sucedió es que les impusieron medidas cautelares para que no puedan disponer de los vehículos que remataron, pero los jueces que debieron fallar lo hicieron a favor del Estado.
“Es que a pesar de que se trata de bienes fungibles, los jueces consideran que el Estado siempre es solvente y en cualquier caso puede pagar”, explica a NOTICIAS Matías Figueroa, el subsecretario de Justicia y uno de los impulsores del proyecto. Y agrega: “De todas maneras, cuando los vehículos se quedaban en depósitos judiciales se deterioraban considerablemente”.
El funcionario dice que desde el Estado Nacional no les consultaron, a pesar de ser parte de la única experiencia argentina en la materia. Y sobre las diferencias de la agencia provincial con el anuncio de Macri, indica: “Nosotros conseguimos la extinción de dominio por ley de manera unánime. Eso lo hace menos endeble en la Justicia que el proyecto del Gobierno, que salió por decreto”.
La agencia fue creada por la ley Nº 13.579. Tiene dos depósitos: uno en la localidad de Alvear, con casi diez mil metros cuadrados, que alberga una importante cantidad de bienes incautados, correspondientes a las circunscripciones judiciales de Rosario y Venado Tuerto. Y otro, de cinco mil metros cuadrados en Santo Tomé, donde son destinados los objetos secuestrados a raíz de sumarios penales en las circunscripciones de Santa Fe, Rafaela y Reconquista.
La próxima experiencia de subastas de vehículos será en Santa Fe en febrero. Pondrán a la venta 15 autos recuperados de diferentes delitos y planean recaudar varios millones de pesos que luego destinarán a políticas sociales. Así, mientras en el país se debate si puede o no aplicarse el decreto de Macri, en Santa Fe se lanzaron a realizar su propia experiencia.
Pero el flamante decreto trajo una oleada de debates, discusiones doctrinarias y análisis políticos. En medio de la polémica, aparece un sólo antecedente en el país: Santa Fe.
En esa provincia, se creó la Agencia de Bienes Decomisados en septiembre del 2018. Ya subastaron 17 vehículos incautados a presuntos delincuentes (entre los que hubo BMW, Mini Cooper y Mercedes Benz) y recaudaron unos 4 millones de pesos.
Allí alcanza con que un juez impute a una persona para que la oficina, que depende del Ministerio de Justicia, pueda disponer de los bienes que se consideren fruto de un hecho ilícito. Durante los primeros seis meses sólo tienen la posibilidad de administrarlos, luego los pueden disponer a través de subastas.
Todavía no tuvieron casos de imputados que luego queden absueltos y reclamen los bienes decomisados. Pero tienen prevista una solución: durante tres años deben tener el dinero inmovilizado (la ley les permite ponerlo en un plazo fijo para que no se devalúe). Lo que sí les sucedió es que les impusieron medidas cautelares para que no puedan disponer de los vehículos que remataron, pero los jueces que debieron fallar lo hicieron a favor del Estado.
“Es que a pesar de que se trata de bienes fungibles, los jueces consideran que el Estado siempre es solvente y en cualquier caso puede pagar”, explica a NOTICIAS Matías Figueroa, el subsecretario de Justicia y uno de los impulsores del proyecto. Y agrega: “De todas maneras, cuando los vehículos se quedaban en depósitos judiciales se deterioraban considerablemente”.
El funcionario dice que desde el Estado Nacional no les consultaron, a pesar de ser parte de la única experiencia argentina en la materia. Y sobre las diferencias de la agencia provincial con el anuncio de Macri, indica: “Nosotros conseguimos la extinción de dominio por ley de manera unánime. Eso lo hace menos endeble en la Justicia que el proyecto del Gobierno, que salió por decreto”.
La agencia fue creada por la ley Nº 13.579. Tiene dos depósitos: uno en la localidad de Alvear, con casi diez mil metros cuadrados, que alberga una importante cantidad de bienes incautados, correspondientes a las circunscripciones judiciales de Rosario y Venado Tuerto. Y otro, de cinco mil metros cuadrados en Santo Tomé, donde son destinados los objetos secuestrados a raíz de sumarios penales en las circunscripciones de Santa Fe, Rafaela y Reconquista.
La próxima experiencia de subastas de vehículos será en Santa Fe en febrero. Pondrán a la venta 15 autos recuperados de diferentes delitos y planean recaudar varios millones de pesos que luego destinarán a políticas sociales. Así, mientras en el país se debate si puede o no aplicarse el decreto de Macri, en Santa Fe se lanzaron a realizar su propia experiencia.
Con información de
Perfil
