JUEVES 17 DE MAYO
SANTA FE
Inhibieron los bienes de los titulares de dos concesionarias de autos
Martes 26 de
Febrero 2019
Tras el llamado a indagatoria, el juez federal Nº 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, ordenó inhibir los bienes generales de los propietarios de las dos concesionarias ubicadas en el terreno perteneciente, en parte, al Estado nacional.
El mismo se encuentra situado en avenida Alem y Las Heras, en una zona donde diariamente circulan miles de automóviles y que cotiza por un alto precio.
Se trata de la firmas Nation y Vitacar, cuyos dueños (Marcos V. y Jorge Alberto M.) serán indagados el próximo 27 de marzo por el delito de partícipes necesarios de la "defraudación al Estado", luego de ocupar el terreno, de manera ilegal, desde fines del 2001 hasta la actualidad en el caso de Vitacar, mientras que Nation hasta el 2018, luego de adquirir dos lotes de la manzana 99ª en una subasta organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
La resolución judicial, que hizo lugar al pedido del fiscal del caso, Gustavo Onel, ordenó la misma acción contra los exfucionarios nacionales, Fernando Miguel Suárez y Antonio Alberto Vulcano. El primero fue el director del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe) desde el 4 de junio del 2003 hasta el 9 de agosto del 2012. En tanto, el segundo ocupó el cargo de presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (organismo creado tras la disolución del Onabe), desde agosto del 2012 hasta el 21 de diciembre del 2015.
La medida dictada por el juez Rodríguez ordenó la inhibición general de los bienes de Suárez y Vulcano por un monto de $16.000.000, cada uno. A su vez, dispuso la misma orden para los bienes del titular de Nation por 8.500.000 y de Vitacar por 7.500.000.
La medida cautelar está destinada al congelamiento de los bienes de los cuatro investigados por las sumas indicadas y tiene por objeto garantizar que en un futuro pueda responderse penalmente por el perjuicio ocasionado en torno a la maniobra que investiga la Justicia federal.
Al respecto, el fiscal Gustavo Onel, explicó de cuánto oscilaría el fraude investigado aunque todavía no se llevó a cabo un informe detallado de tasación. "El monto del perjuicio inicial es al menos 47 millones y medio de pesos", destacó el representante del Ministerio Público Fiscal.
"Nosotros consideramos que si uno de los ocupantes, en el caso de la firma Nation, llegó a un acuerdo con el Estado nacional, a través del cual en el año 2017 pagamos un millón seiscientos mil pesos, nosotros multiplicamos eso para atrás, desde 2001 a 2015, y nos da una cifra de 25 millones en relación con ese ocupante. La sumataria de ese concepto, a valores actuales asciende a 47 millones de pesos", explicó el fiscal a UNO en la Radio, por FM Sol 91.5.
Onel además reiteró que las dos concesionarias se radicaron en 1999 en el terreno y celebraron un contrato con el Estado nacional por dos años. En 2001, tras concluir el compromiso continuaron emplazadas en el terreno que originalmente era propiedad del la ex-Estación Talleres Santa Fe del Ramal “F”.
"Los contratos nunca se renovaron, nunca se actualizaron los cánones y las firmas siguieron ocupando los terrenos en cuestión", acotó el fiscal.
Por último y ante la consulta de si podría haber más personas involucradas en el delito investigado, el funcionario judicial aclaró: "Es posible, de igual manera nosotros estamos en un proceso inicial donde en principio hemos elegido la imputación contra las personas que son los dos titulares de los emprendimientos y contra los dos funcionarios que estuvieron a cargo del organismo de control".
El caso salió a la luz la semana pasada, luego de que el juez Rodríguez formalice el llamado a indagatoria para los concesionarios y los dos exfuncionarios nacionales.
Dicha indagatoria fue fijada para el 27 de marzo próximo para los titulares de las concesionarias, mientras que los dos exfuncionarios serán indagados en la ciudad de Buenos Aires, mediante un exhorto judicial ante el juez penal de turno.
En el caso de Suárez y Vúlcano, el fiscal Onel los imputará como "coautores del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, bajo la modalidad de administración fraudulenta, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público".
En tanto, los titulares de Nation y Vitacar serán acusados "como partícipes necesarios del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, bajo la modalidad de administración fraudulenta".
Se trata de la firmas Nation y Vitacar, cuyos dueños (Marcos V. y Jorge Alberto M.) serán indagados el próximo 27 de marzo por el delito de partícipes necesarios de la "defraudación al Estado", luego de ocupar el terreno, de manera ilegal, desde fines del 2001 hasta la actualidad en el caso de Vitacar, mientras que Nation hasta el 2018, luego de adquirir dos lotes de la manzana 99ª en una subasta organizada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
La resolución judicial, que hizo lugar al pedido del fiscal del caso, Gustavo Onel, ordenó la misma acción contra los exfucionarios nacionales, Fernando Miguel Suárez y Antonio Alberto Vulcano. El primero fue el director del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe) desde el 4 de junio del 2003 hasta el 9 de agosto del 2012. En tanto, el segundo ocupó el cargo de presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (organismo creado tras la disolución del Onabe), desde agosto del 2012 hasta el 21 de diciembre del 2015.
La medida dictada por el juez Rodríguez ordenó la inhibición general de los bienes de Suárez y Vulcano por un monto de $16.000.000, cada uno. A su vez, dispuso la misma orden para los bienes del titular de Nation por 8.500.000 y de Vitacar por 7.500.000.
La medida cautelar está destinada al congelamiento de los bienes de los cuatro investigados por las sumas indicadas y tiene por objeto garantizar que en un futuro pueda responderse penalmente por el perjuicio ocasionado en torno a la maniobra que investiga la Justicia federal.
Al respecto, el fiscal Gustavo Onel, explicó de cuánto oscilaría el fraude investigado aunque todavía no se llevó a cabo un informe detallado de tasación. "El monto del perjuicio inicial es al menos 47 millones y medio de pesos", destacó el representante del Ministerio Público Fiscal.
"Nosotros consideramos que si uno de los ocupantes, en el caso de la firma Nation, llegó a un acuerdo con el Estado nacional, a través del cual en el año 2017 pagamos un millón seiscientos mil pesos, nosotros multiplicamos eso para atrás, desde 2001 a 2015, y nos da una cifra de 25 millones en relación con ese ocupante. La sumataria de ese concepto, a valores actuales asciende a 47 millones de pesos", explicó el fiscal a UNO en la Radio, por FM Sol 91.5.
Onel además reiteró que las dos concesionarias se radicaron en 1999 en el terreno y celebraron un contrato con el Estado nacional por dos años. En 2001, tras concluir el compromiso continuaron emplazadas en el terreno que originalmente era propiedad del la ex-Estación Talleres Santa Fe del Ramal “F”.
"Los contratos nunca se renovaron, nunca se actualizaron los cánones y las firmas siguieron ocupando los terrenos en cuestión", acotó el fiscal.
Por último y ante la consulta de si podría haber más personas involucradas en el delito investigado, el funcionario judicial aclaró: "Es posible, de igual manera nosotros estamos en un proceso inicial donde en principio hemos elegido la imputación contra las personas que son los dos titulares de los emprendimientos y contra los dos funcionarios que estuvieron a cargo del organismo de control".
El caso salió a la luz la semana pasada, luego de que el juez Rodríguez formalice el llamado a indagatoria para los concesionarios y los dos exfuncionarios nacionales.
Dicha indagatoria fue fijada para el 27 de marzo próximo para los titulares de las concesionarias, mientras que los dos exfuncionarios serán indagados en la ciudad de Buenos Aires, mediante un exhorto judicial ante el juez penal de turno.
En el caso de Suárez y Vúlcano, el fiscal Onel los imputará como "coautores del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, bajo la modalidad de administración fraudulenta, en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público".
En tanto, los titulares de Nation y Vitacar serán acusados "como partícipes necesarios del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, bajo la modalidad de administración fraudulenta".
Con información de
UNO
