Brasil, paralizado: la Corte Suprema revisa la condena a prisión de Lula
Martes 23 de
Abril 2019
Brasil se detendrá este martes alrededor de las 14 con la revisión que un tribunal de tercera instancia realizará sobre la condena a 12 años y un mes de prisión contra el ex presidente y líder opositor Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción en el caso Lava Jato desde el 7 de abril pasado de 2018.
La Sala V del Superior Tribunal de Justicia (tercera instancia y máxima corte penal) se reunirá en Brasilia con transmisión por Internet para tomar una de las tres opciones: confirma la sentencia de Lula, si la reduce y le ofrece un salvoconducto como prisión domiciliaria o si anula la condena por irregularidades en el proceso, como busca la defensa.
El instructor del caso, el juez Félix Fischer, será el primero que votará sobre la apelación a la condena por corrupción dictada por el ex juez de la ciudad de Curitiba Sergio Moro, ahora ministro de Justicia y Seguridad de Jair Bolsonaro.
El STJ es el tribunal que revisa si la ley y el procedimiento fueron aplicados correctamente. Además de Fischer votarán Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas y Joel Ilan Parcionik.
El líder del Partido de los Trabajadores fue encontrado culpable en primera instancia -y ratificada en segunda por la cámara de Porto Alegre- de haber recibido un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá, estado de Sao Paulo, por parte de la empresa constructora OAS.
Una carta de la defensa es que Moro no encontró vínculos entre la corrupción en Petrobras y el inmueble en Guarujá, sino que lo atribuyó a "hechos indeterminados" como parte del dinero que OAS le entregó al PT como aportes ilegales de campaña.
La defensa de Lula sostiene que el ex presidente es un preso político que fue condenado, detenido e incomunicado en una sala de la policía en Curitiba para evitar su participación en las elecciones de octubre pasado, en las cuales figuraba como favorito.
La condena está sustentada en la delación premiada de un ex socio de OAS, Leo Pinheiro, que dijo que el departamento, según él, estaba destinado a Lula.
El inmueble había sido adquirido desde el pozo en 2006 por una cooperativa del sindicato de los bancarios de la que formaba parte la esposa fallecida de Lula, Marisa Leticia Rocco, pero por falta de fondos le pasó el emprendimiento a OAS.
Lula sostiene que desistió de poseer el departamento y que nunca hizo opción de la compra, pero la fiscalía afirmó en su acusación que formó parte de un acuerdo a cambio de tres contratos obtenidos en la petrolera Petrobras.
Pero el juez Moro, en su sentencia, escribió: "Este magistrado jamás afirmó en la sentencia que los valores obtenidos por la constructora OAS en los contratos con Petrobras fueron usados para pagos indebidos al ex presidente".
La defensa buscará también llevar el caso a la justicia electoral, ya que el Supremo Tribunal Federal, máxima corte del país, recortó los poderes de jurisdicción de Lava Jato. Este caso, como Moro lo ubicó dentro de donaciones ilegales -algo que igualó con corrupción personal- puede tener chances de ser enviado a la corte electoral.
El departamento nunca estuvo a nombre de Lula pero la acusación dijo que era un propietario oculto del mismo.
El instructor del caso, el juez Félix Fischer, será el primero que votará sobre la apelación a la condena por corrupción dictada por el ex juez de la ciudad de Curitiba Sergio Moro, ahora ministro de Justicia y Seguridad de Jair Bolsonaro.
El STJ es el tribunal que revisa si la ley y el procedimiento fueron aplicados correctamente. Además de Fischer votarán Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas y Joel Ilan Parcionik.
El líder del Partido de los Trabajadores fue encontrado culpable en primera instancia -y ratificada en segunda por la cámara de Porto Alegre- de haber recibido un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá, estado de Sao Paulo, por parte de la empresa constructora OAS.
Una carta de la defensa es que Moro no encontró vínculos entre la corrupción en Petrobras y el inmueble en Guarujá, sino que lo atribuyó a "hechos indeterminados" como parte del dinero que OAS le entregó al PT como aportes ilegales de campaña.
La defensa de Lula sostiene que el ex presidente es un preso político que fue condenado, detenido e incomunicado en una sala de la policía en Curitiba para evitar su participación en las elecciones de octubre pasado, en las cuales figuraba como favorito.
La condena está sustentada en la delación premiada de un ex socio de OAS, Leo Pinheiro, que dijo que el departamento, según él, estaba destinado a Lula.
El inmueble había sido adquirido desde el pozo en 2006 por una cooperativa del sindicato de los bancarios de la que formaba parte la esposa fallecida de Lula, Marisa Leticia Rocco, pero por falta de fondos le pasó el emprendimiento a OAS.
Lula sostiene que desistió de poseer el departamento y que nunca hizo opción de la compra, pero la fiscalía afirmó en su acusación que formó parte de un acuerdo a cambio de tres contratos obtenidos en la petrolera Petrobras.
Pero el juez Moro, en su sentencia, escribió: "Este magistrado jamás afirmó en la sentencia que los valores obtenidos por la constructora OAS en los contratos con Petrobras fueron usados para pagos indebidos al ex presidente".
La defensa buscará también llevar el caso a la justicia electoral, ya que el Supremo Tribunal Federal, máxima corte del país, recortó los poderes de jurisdicción de Lava Jato. Este caso, como Moro lo ubicó dentro de donaciones ilegales -algo que igualó con corrupción personal- puede tener chances de ser enviado a la corte electoral.
El departamento nunca estuvo a nombre de Lula pero la acusación dijo que era un propietario oculto del mismo.
Con información de
Ámbito
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