Espert festeja el fallo de Servini y sospecha del macrismo por el intento de impugnación
Lunes 01 de
Julio 2019
José Bonacci es el apoderado del partido Unite que lleva a José Luis Espert como candidato a presidente y quien diseñó la estrategia para burlar al oficialismo nacional que buscaba por todos los medios evitar la presentación del economista.
El rosarino utilizó la misma jugada que en el 2017 cuando al radical José Boasso no le permitieron competir por adentro de Cambiemos y lo hizo por Unite. Esa lista cosechó 80 mil votos y le impidió sumar un diputado más al macrismo.
Gran conocedor de los vericuetos del sistema electoral ha sabido aprovechar la ley al pie de la letra como de sus grises para mantener vigente la personería partidaria a pesar de las distintas reformas que se propusieron terminar con los "sellos de goma", como se dice en la jerga a los partidos que no cuentan con plataforma social y que suelen "prestarse" a quienes lo necesiten.
En esta oportunidad llevará al economista ultraliberal José Luis Espert como precandidato a presidente y logró eludir una impugnación interpuesta por Gabriel Molina quien aseguraba ser el postulante del partido de Bonacci.
Sin embargo, un fallo de la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, rechazó la queja y autorizó la fórmula Espert-Rosales por considerar que la impugnación no contaba con "argumento jurídico o documentación que avale su postura".
Además, la magistrada indica en la resolución que "el camino elegido -por Molina- resulta a todas luces improcedente e incluso, contrario de la propia ley que invoca" y por no presentar "ni un solo documento que acredite la presentación formal" de su candidatura.
En diálogo con La Política Online, Bonacci estimó que "Molina erra por ignorancia o a propósito el rumbo de su impugnación porque apunta a bajar la fórmula de Espert en vez de reclamar que fue, supuestamente, reemplazado, lo cual no ocurrió, jamás presentó nada, ni lo conozco".
Bonacci recordó que las causas para impugnar una candidatura presidencial son muy claras y están definidas por la ley "como no tener la edad suficiente, tener otra nacionalidad o haber cometido delitos de lesa humanidad, pero no por lo que dice Molina".
Es por ello que el apoderado señala que el intento por hacer caer la candidatura de Espert responde exclusivamente a la necesidad electoral del gobierno que teme que el economista le quite un porcentaje importante de votos muy valiosos en las PASO porque que si llega a ser superado por el peronismo por muchos puntos podría generar pánico en los mercados.
Además, la sospecha es alimentada por el propio Miguel Molina que, tal como señala Bonacci, en su perfil de Facebook afirma haber cumplido funciones en el gobierno de Rodríguez Larreta como "Asesor en Subsecretaría de Participación Ciudadana en Ministerio de Gestión Pública y Descentralización del GCABA".
Sin embargo, según pudo saber LPO, en la Cámara Electoral sospechan que en la presentación de Espert podría encontrarse irregularidades en los avales y habría intención de controlar.
Para Bonacci todos los pasos formales ya fueron cumplidos y los plazos de observación también "hicimos todo esto respetando absolutamente todos los requisitos" y agrega que "al ser internas, el control de legalidad lo realiza la junta electoral partidaria mientras que la justicia hace control jurisdiccional de legalidad de los actos partidarios".
En conclusión, que si al momento de la presentación de avales nadie hizo ninguna observación a la junta electoral de Unite y/o a la justicia electoral en su momento, no habría posibilidad ahora de revisión "porque los plazos han caducado".
Gran conocedor de los vericuetos del sistema electoral ha sabido aprovechar la ley al pie de la letra como de sus grises para mantener vigente la personería partidaria a pesar de las distintas reformas que se propusieron terminar con los "sellos de goma", como se dice en la jerga a los partidos que no cuentan con plataforma social y que suelen "prestarse" a quienes lo necesiten.
En esta oportunidad llevará al economista ultraliberal José Luis Espert como precandidato a presidente y logró eludir una impugnación interpuesta por Gabriel Molina quien aseguraba ser el postulante del partido de Bonacci.
Sin embargo, un fallo de la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, rechazó la queja y autorizó la fórmula Espert-Rosales por considerar que la impugnación no contaba con "argumento jurídico o documentación que avale su postura".
Además, la magistrada indica en la resolución que "el camino elegido -por Molina- resulta a todas luces improcedente e incluso, contrario de la propia ley que invoca" y por no presentar "ni un solo documento que acredite la presentación formal" de su candidatura.
En diálogo con La Política Online, Bonacci estimó que "Molina erra por ignorancia o a propósito el rumbo de su impugnación porque apunta a bajar la fórmula de Espert en vez de reclamar que fue, supuestamente, reemplazado, lo cual no ocurrió, jamás presentó nada, ni lo conozco".
Bonacci recordó que las causas para impugnar una candidatura presidencial son muy claras y están definidas por la ley "como no tener la edad suficiente, tener otra nacionalidad o haber cometido delitos de lesa humanidad, pero no por lo que dice Molina".
Es por ello que el apoderado señala que el intento por hacer caer la candidatura de Espert responde exclusivamente a la necesidad electoral del gobierno que teme que el economista le quite un porcentaje importante de votos muy valiosos en las PASO porque que si llega a ser superado por el peronismo por muchos puntos podría generar pánico en los mercados.
Además, la sospecha es alimentada por el propio Miguel Molina que, tal como señala Bonacci, en su perfil de Facebook afirma haber cumplido funciones en el gobierno de Rodríguez Larreta como "Asesor en Subsecretaría de Participación Ciudadana en Ministerio de Gestión Pública y Descentralización del GCABA".
Sin embargo, según pudo saber LPO, en la Cámara Electoral sospechan que en la presentación de Espert podría encontrarse irregularidades en los avales y habría intención de controlar.
Para Bonacci todos los pasos formales ya fueron cumplidos y los plazos de observación también "hicimos todo esto respetando absolutamente todos los requisitos" y agrega que "al ser internas, el control de legalidad lo realiza la junta electoral partidaria mientras que la justicia hace control jurisdiccional de legalidad de los actos partidarios".
En conclusión, que si al momento de la presentación de avales nadie hizo ninguna observación a la junta electoral de Unite y/o a la justicia electoral en su momento, no habría posibilidad ahora de revisión "porque los plazos han caducado".
Con información de
La Política Online
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