El decano de la Corte bonaerense cuestionó al juez enfrentado con María Eugenia Vidal
Martes 16 de
Julio 2019
La polémica provocada por las declaraciones del presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lazzari, determinaron un pronunciamiento en el ámbito propio de ese tribunal.
El decano de los ministros, Héctor Negri, salió al cruce de su colega. Dice en un comunicado: “Ante declaraciones hechas por el presidente del Tribunal y que han tenido una amplia divulgación pública, en mi condición de ministro más antiguo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires me veo en la necesidad de señalar que las manifestaciones (de De Lázzari) deben ser entendidas como realizadas a título individual, extrapoladas de la labor propia del Tribunal”.
El pronunciamiento tiene valor por su procedencia, y porque Negri es vicepresidente del cuerpo de ministros.
En el texto surgido por las circunstancias institucionales desatadas a partir de los dichos de De Lázzari y la confrontación con el gobierno de María Eugenia Vidal, por cuestiones de jurisdicción, se incorpora la cuestión de las competencias específicas de la Corte provincial.
Menciona Negri que “a esta Suprema Corte ni a su presidente le caben, entre sus atribuciones, emitir juicio sobre la actividad de otros tribunales de jurisdicción federal ni de ninguna otra jurisdicción que le sea ajena, ni tratar de influir de algún modo en sus respectivas decisiones”.
De Lázzari había cuestionado el “abuso de testigos protegidos” y las “causas armadas” en el ámbito federal e involucró, aunque en forma genérica, a jueces y fiscales de ese fuero.
Advirtió, además, con el traslado de esos comportamientos a la Provincia. Por eso, María Eugenia Vidal le sugirió presentar esas denuncias a la justicia competente, como determina la Constitución para los funcionarios que presumen de la existencia de alguna evidencia de delito.
La controversia escaló en todo este lunes. Intervinieron magistrados en apoyo de De Lázzari. Incluso tuiteos favorables de la ex presidenta Cristina Fernández.
Este volumen político del caso repercutió la noche del lunes en el propio corazón de la Corte.
Negri entiende, también a título personal, que “las situaciones de extraordinaria gravedad que el señor presidente afirma conocer, que incluyen a magistrados y miembros del Ministerio Público y que lo llevan a percibir para nuestro país un panorama judicial " sinceramente deplorable”, advertible “con mayor nitidez en el orden federal” deben, con las indispensables precisiones, ser objeto de su parte de las acciones que personalmente le corresponden, según los mecanismos propios del estado de derecho”. La sugerencia vehemente es para que se presente en los juzgados pertinentes, en caso de presunción de delitos.
El decano sostiene, además, que “las similitudes inquietantes que afirma se dan en la Provincia, requieren de una inmediata respuesta para su corrección y eventual punición. Tarea ésta para la que, por su actual condición de presidente de esta Suprema Corte, se encuentra especialmente habilitado para conducir, sin formular denuncias de un modo general y abstracto que arrojan sombras sobre la labor que los jueces cotidianamente realizan”.
En el último párrafo, como meollo de la cuestión, Negri expone que “más allá del alto valor que la actividad política tiene, la misma debe ejercerse fuera de los cargos judiciales, como garantía de imparcialidad de la justicia que desde ellos se administra”.
El pronunciamiento tiene valor por su procedencia, y porque Negri es vicepresidente del cuerpo de ministros.
En el texto surgido por las circunstancias institucionales desatadas a partir de los dichos de De Lázzari y la confrontación con el gobierno de María Eugenia Vidal, por cuestiones de jurisdicción, se incorpora la cuestión de las competencias específicas de la Corte provincial.
Menciona Negri que “a esta Suprema Corte ni a su presidente le caben, entre sus atribuciones, emitir juicio sobre la actividad de otros tribunales de jurisdicción federal ni de ninguna otra jurisdicción que le sea ajena, ni tratar de influir de algún modo en sus respectivas decisiones”.
De Lázzari había cuestionado el “abuso de testigos protegidos” y las “causas armadas” en el ámbito federal e involucró, aunque en forma genérica, a jueces y fiscales de ese fuero.
Advirtió, además, con el traslado de esos comportamientos a la Provincia. Por eso, María Eugenia Vidal le sugirió presentar esas denuncias a la justicia competente, como determina la Constitución para los funcionarios que presumen de la existencia de alguna evidencia de delito.
La controversia escaló en todo este lunes. Intervinieron magistrados en apoyo de De Lázzari. Incluso tuiteos favorables de la ex presidenta Cristina Fernández.
Este volumen político del caso repercutió la noche del lunes en el propio corazón de la Corte.
Negri entiende, también a título personal, que “las situaciones de extraordinaria gravedad que el señor presidente afirma conocer, que incluyen a magistrados y miembros del Ministerio Público y que lo llevan a percibir para nuestro país un panorama judicial " sinceramente deplorable”, advertible “con mayor nitidez en el orden federal” deben, con las indispensables precisiones, ser objeto de su parte de las acciones que personalmente le corresponden, según los mecanismos propios del estado de derecho”. La sugerencia vehemente es para que se presente en los juzgados pertinentes, en caso de presunción de delitos.
El decano sostiene, además, que “las similitudes inquietantes que afirma se dan en la Provincia, requieren de una inmediata respuesta para su corrección y eventual punición. Tarea ésta para la que, por su actual condición de presidente de esta Suprema Corte, se encuentra especialmente habilitado para conducir, sin formular denuncias de un modo general y abstracto que arrojan sombras sobre la labor que los jueces cotidianamente realizan”.
En el último párrafo, como meollo de la cuestión, Negri expone que “más allá del alto valor que la actividad política tiene, la misma debe ejercerse fuera de los cargos judiciales, como garantía de imparcialidad de la justicia que desde ellos se administra”.
Con información de
Clarín
El gobierno firmó convenios con municipios y comunas para la construcción de 1000 nuevas aulas con mejor tecnología y comodidades para los alumnos.
— 𝗠𝗮𝘅𝗶 𝗥𝗼𝗺𝗲𝗿𝗼 (@MaxiRomero22) April 25, 2024
La inversión se realizará supuestamente en el marco del #PlanAbreEscuelas.
NO HUBO REPRESENTACIÓN DOCENTE INVITADA AL EVENTO. Como… pic.twitter.com/eDR3dKEv3V
