La reforma laboral silenciosa: con la crisis, se impone el "multitasking" para evitar despidos
Por:
Sebastian Albornos
Martes 30 de
Julio 2019
Mientras los pedidos ante el Ministerio de Producción no cesan, las empresas buscan que se avalen acuerdos que permitan tener empleados "flexibles"
Durante este año, casi 70 empresas pidieron ingresar al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el ministerio de Producción y Trabajo para que se los habilite a efectuar despidos o suspensiones de empleados en grandes proporciones de acuerdo al porcentaje que integra la planta.
Hay 46 procesos en trámite, 10 culminaron sin acuerdo, siete con acuerdo y cinco que fueron archivados. Es poco menos de la mitad del total de los PPC pedidos en 2018, que fueron 146 (107 todavía se encuentran en trámite). En este contexto, las pymes ven a este camino como una alternativa para lograr su superviviencia.
Es que cuando una empresa decide suspender o despedir a una determinada cantidad de trabajadores por motivos económicos, la legislación les impone -antes de concretar esas medidas de afectación del empleo-, deba cumplirse un procedimiento administrativo.
La Ley 24.013 y su reglamentación establece que previamente a la comunicación de despidos o suspensiones por fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores, a más del 10% en empresas de 400 a 1000 trabajadores, y a más del 5% en empresas de más 1000 trabajadores, se deberá sustanciar el procedimiento preventivo de crisis de empresas.
Su finalidad es la de brindar a las partes la posibilidad de negociar (empresas, sindicatos y ministerio) a los fines encontrar alternativas válidas que permitan mantener la fuente de trabajo o disminuir al máximo posible la cantidad de trabajadores que resulten afectados por las medidas.
Pero no solo las grandes empresas como Carrefour lo solicitaron sino también grandes y pequeñas. Por ejemplo, la multinacional francesa acordó con el sindicato de comercio que no se tome como remunerativo parte de los aumentos salariales. Otras buscan que se habilite la denominada "polivalencia funcional" o multitasking, en la que un empleado desarrolla varias tareas sin importar la categoría en que se desempeñan.
Precisamente el multitasking fue uno de los objetivos de algunas de las empresas que solicitaron el PPC.
Es que, según explica Enrique Caviglia, especialista laboral de Arizmendi, el procedimiento brinda un ámbito de negociación para acordar soluciones que, en lo posible, preserven la mayor cantidad de empleos.
De todas maneras, advierte que la realización de este procedimiento no implica validar las medidas que después pueda adoptar el empleador, sino que es un requisito impuesto por la ley, que si no fuera cumplido motivará que aquél deba abonar, ante los reclamos pertinentes, los salarios caídos por las suspensiones o las diferencias indemnizatorias por los despidos que hubiera efectuado.
En este contexto, las empresas buscan incluir cambios en las relaciones laborales ya que argumentan que los convenios colectivos quedaron desactualizados y desaparecieron las estructuras tradicionales, lo que los obliga a reorganizarse.
Las relaciones laborales sufren la influencia de los procesos económicos y el avance tecnológico. Esto provoca, en muchos casos, que la tarea que realizaban tres o cuatro personas la pueda realizar solo una gracias a una nueva máquina o a un software.
Esa "flexibilidad", aseguran, apunta a adaptarse a sectores donde la tecnología genera cambios, deja puestos obsoletos o los reemplaza por otras formas de trabajo.
Hay 46 procesos en trámite, 10 culminaron sin acuerdo, siete con acuerdo y cinco que fueron archivados. Es poco menos de la mitad del total de los PPC pedidos en 2018, que fueron 146 (107 todavía se encuentran en trámite). En este contexto, las pymes ven a este camino como una alternativa para lograr su superviviencia.
Es que cuando una empresa decide suspender o despedir a una determinada cantidad de trabajadores por motivos económicos, la legislación les impone -antes de concretar esas medidas de afectación del empleo-, deba cumplirse un procedimiento administrativo.
La Ley 24.013 y su reglamentación establece que previamente a la comunicación de despidos o suspensiones por fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores, a más del 10% en empresas de 400 a 1000 trabajadores, y a más del 5% en empresas de más 1000 trabajadores, se deberá sustanciar el procedimiento preventivo de crisis de empresas.
Su finalidad es la de brindar a las partes la posibilidad de negociar (empresas, sindicatos y ministerio) a los fines encontrar alternativas válidas que permitan mantener la fuente de trabajo o disminuir al máximo posible la cantidad de trabajadores que resulten afectados por las medidas.
Pero no solo las grandes empresas como Carrefour lo solicitaron sino también grandes y pequeñas. Por ejemplo, la multinacional francesa acordó con el sindicato de comercio que no se tome como remunerativo parte de los aumentos salariales. Otras buscan que se habilite la denominada "polivalencia funcional" o multitasking, en la que un empleado desarrolla varias tareas sin importar la categoría en que se desempeñan.
Precisamente el multitasking fue uno de los objetivos de algunas de las empresas que solicitaron el PPC.
Es que, según explica Enrique Caviglia, especialista laboral de Arizmendi, el procedimiento brinda un ámbito de negociación para acordar soluciones que, en lo posible, preserven la mayor cantidad de empleos.
De todas maneras, advierte que la realización de este procedimiento no implica validar las medidas que después pueda adoptar el empleador, sino que es un requisito impuesto por la ley, que si no fuera cumplido motivará que aquél deba abonar, ante los reclamos pertinentes, los salarios caídos por las suspensiones o las diferencias indemnizatorias por los despidos que hubiera efectuado.
En este contexto, las empresas buscan incluir cambios en las relaciones laborales ya que argumentan que los convenios colectivos quedaron desactualizados y desaparecieron las estructuras tradicionales, lo que los obliga a reorganizarse.
Las relaciones laborales sufren la influencia de los procesos económicos y el avance tecnológico. Esto provoca, en muchos casos, que la tarea que realizaban tres o cuatro personas la pueda realizar solo una gracias a una nueva máquina o a un software.
Esa "flexibilidad", aseguran, apunta a adaptarse a sectores donde la tecnología genera cambios, deja puestos obsoletos o los reemplaza por otras formas de trabajo.
Con información de
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