Santa Fe aumentará un 600% la superficie radarizada en las rutas
Domingo 24 de
Noviembre 2013
“¡Cuidado, radar vigila!”, el alerta del GPS se va a escuchar mucho más seguido en la provincia de Santa Fe. El gobierno provincial va a comprar 23 cinemómetros para instalar en distintos tramos de rutas que se consideran prioritarias. Con esta inversión, crece más de un 600% la superficie radarizada en la provincia, porque hasta ahora la Agencia de Seguridad Vial de Santa Fe (APSV) sólo contaba con cuatro cinemómetros. En el 2014, en cambio, tendrá 27 dispositivos en funcionamiento.
“Los 4 cinemómetros de la autopista fueron una experiencia piloto. Para contar con una capacidad relevante para prevenir accidentes hay que instalar entre 25 y 30 radares”, explicó Mariano Cuvertino, director de la APSV, en una entrevista con El Litoral.
La Agencia de Seguridad Vial tiene definidas algunas zonas estratégicas para radarizar con los 23 nuevos cinemómetros (15 fijos y 8 móviles). En realidad, la prioridad son las rutas nacionales (33, 34, 11 y 19), pero como Vialidad Nacional —que tiene jurisdicción— hasta ahora no le autorizó esos cinemómetros a la provincia, a pesar de que los funcionarios de la APSV iniciaron el trámite en enero de este año, la idea es privilegiar rutas provinciales estratégicas, como la 1, la 70, la 18 y la 14, entre otras
“Hay una clara decisión política de fortalecer el control en la provincia”, insistió Cuvertino, quien adelantó que también va a aumentar el personal de la Policía de Seguridad Vial, que en los próximos meses va a pasar de 170 a 250 efectivos.
Pero el número de radares también se incrementará porque se triplicarán, como mínimo, la cantidad de convenios que Vialidad Provincial firma con municipios y comunas que quieren realizar controles electrónicos de tránsito.
En la actualidad, hay sólo seis cinemómetros habilitados por la APSV en la provincia. El más cercano está en la avenida Alem, aquí en Santa Fe, pero también hay en Videla, Cañada Rosquín, Armstrong, Soldini y Centeno. En los próximos meses, los funcionarios de la APSV tienen previsto cerrar convenios con municipios y comunas para habilitar entre 15 y 20 cinemómetros más.
Cuando estos acuerdos estén vigentes, hay muchas rutas cercanas a la ciudad que estarán “radarizadas”; por ejemplo la 70 en Esperanza y Humboldt, la 11 en Nelson y Emilia, y hasta en la Ruta 1 en Arroyo Leyes.
¿Cómo evitar los abusos?
“En la década del ’90 hubo muchos abusos con los radares. Por eso, uno de los objetivos es garantizar la transparencia y legalidad de los cinemómetros que se van a instalar”, aseguró Cuvertino.
Cada cinemómetro debe estar homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), cumplir con los requisitos que establecen dos normas provinciales, legislación nacional y una resolución de la APSV. Además, tienen que ser calibrados una vez por año.
Para habilitar un cinemómetro, la Agencia de Seguridad Vial también debe controlar que las comunas y municipios coloquen la cartelería que advierte sobre la velocidad máxima permitida y la presencia del control electrónico.
El uso de los recursos económicos que generan los radares es un tema sensible. En los casos en los que se detectaron abusos, se cuestionó que era un mecanismo de financiación polémico para municipios y comunas que están cortos de recursos, y que lo hacían con el asesoramiento de estudios jurídicos de otras provincias y sin las habilitaciones correspondientes.
De hecho, esto sigue sucediendo en Santa Fe y en muchas provincias. Un informe de la Defensoría del Pueblo, que publicó El Litoral, precisó que más de 1.200 santafesinos que viven en el centro norte de la provincia iniciaron un trámite en la Defensoría por multas que consideraron “arbitrarias e ilegales” y que les labraron en Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y Misiones, entre muchas otras provincias. Muchas de estas multas se realizaron con radares y cinemómetros que no estaban autorizados (ver “Los radares, en el ojo de la polémica”).
En el caso de la Agencia de Seguridad Vial, las multas que generen los 27 cinemómetros tendrán un fin claro: sólo se pueden invertir en seguridad vial, en una cuenta que administra la APSV. “Uno de los objetivos es que el infractor financie políticas de prevención de accidentes”, concluyó Cuvertino.
Reclamos por multas “arbitrarias e ilegales”
En los últimos años, las multas que se labraron utilizando cinemómetros y radares en pequeñas localidades de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba, entre otras provincias, generaron muchos reclamos.
Está bien que se multe a los imprudentes que ponen en riesgo la vida de todos. Los vehículos deben respetar las velocidades máximas en las rutas, especialmente en los tramos urbanos para prevenir accidentes, pero el problema es que muchos de estos cinemómetros se colocaron sin la habilitación de Vialidad Nacional -en rutas nacionales- y sin cumplir las normas legales (homologación del Inti y cartelería que informe el límite de velocidad y la presencia del radar, entre otros requisitos).
Son este tipo de casos, los que generan las acusaciones contra municipios y comunas de que salen a “cazar” automovilistas, sobre todo turistas, con sus radares para engordar un presupuesto que suele ser escaso.
En lo que va del 2013, por ejemplo, 1.266 santafesinos registraron su reclamo en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe (Zona Norte) por multas que consideraron “arbitrarias e ilegales”. La mayoría de estas infracciones se labró en Corrientes, Chaco, Misiones, Entre Ríos y Córdoba, entre otras provincias.
Pero también hay reclamos en Santa Fe. En la página web de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) se advierte que las multas labradas con radares en Emilia, Tortugas y Calchaquí no corresponden (básicamente, porque el proceso de habilitación está en trámite o no se inició).
“Estas constancias de presuntas actas de infracción e intimaciones judiciales de pago carecen de aptitud para generar un procedimiento contravencional válido y la imposición de una sanción”, precisa la APSV.
En realidad, para que las multas de los cinemómetros sean válidas en rutas nacionales que atraviesan Santa Fe hay que contar con una doble autorización. “Los municipios y comunas deben tramitar la habilitación de Vialidad Nacional para instalar los cinemómetros, porque se modifica parte de una ruta, y la de Vialidad Provincial, a través de la APSV, que tiene la potestad del control del tránsito en Santa Fe”, explicó Mariano Cuvertino, director de la Agencia de Seguridad Vial santafesina.
La Agencia de Seguridad Vial tiene definidas algunas zonas estratégicas para radarizar con los 23 nuevos cinemómetros (15 fijos y 8 móviles). En realidad, la prioridad son las rutas nacionales (33, 34, 11 y 19), pero como Vialidad Nacional —que tiene jurisdicción— hasta ahora no le autorizó esos cinemómetros a la provincia, a pesar de que los funcionarios de la APSV iniciaron el trámite en enero de este año, la idea es privilegiar rutas provinciales estratégicas, como la 1, la 70, la 18 y la 14, entre otras
“Hay una clara decisión política de fortalecer el control en la provincia”, insistió Cuvertino, quien adelantó que también va a aumentar el personal de la Policía de Seguridad Vial, que en los próximos meses va a pasar de 170 a 250 efectivos.
Pero el número de radares también se incrementará porque se triplicarán, como mínimo, la cantidad de convenios que Vialidad Provincial firma con municipios y comunas que quieren realizar controles electrónicos de tránsito.
En la actualidad, hay sólo seis cinemómetros habilitados por la APSV en la provincia. El más cercano está en la avenida Alem, aquí en Santa Fe, pero también hay en Videla, Cañada Rosquín, Armstrong, Soldini y Centeno. En los próximos meses, los funcionarios de la APSV tienen previsto cerrar convenios con municipios y comunas para habilitar entre 15 y 20 cinemómetros más.
Cuando estos acuerdos estén vigentes, hay muchas rutas cercanas a la ciudad que estarán “radarizadas”; por ejemplo la 70 en Esperanza y Humboldt, la 11 en Nelson y Emilia, y hasta en la Ruta 1 en Arroyo Leyes.
¿Cómo evitar los abusos?
“En la década del ’90 hubo muchos abusos con los radares. Por eso, uno de los objetivos es garantizar la transparencia y legalidad de los cinemómetros que se van a instalar”, aseguró Cuvertino.
Cada cinemómetro debe estar homologado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), cumplir con los requisitos que establecen dos normas provinciales, legislación nacional y una resolución de la APSV. Además, tienen que ser calibrados una vez por año.
Para habilitar un cinemómetro, la Agencia de Seguridad Vial también debe controlar que las comunas y municipios coloquen la cartelería que advierte sobre la velocidad máxima permitida y la presencia del control electrónico.
El uso de los recursos económicos que generan los radares es un tema sensible. En los casos en los que se detectaron abusos, se cuestionó que era un mecanismo de financiación polémico para municipios y comunas que están cortos de recursos, y que lo hacían con el asesoramiento de estudios jurídicos de otras provincias y sin las habilitaciones correspondientes.
De hecho, esto sigue sucediendo en Santa Fe y en muchas provincias. Un informe de la Defensoría del Pueblo, que publicó El Litoral, precisó que más de 1.200 santafesinos que viven en el centro norte de la provincia iniciaron un trámite en la Defensoría por multas que consideraron “arbitrarias e ilegales” y que les labraron en Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba y Misiones, entre muchas otras provincias. Muchas de estas multas se realizaron con radares y cinemómetros que no estaban autorizados (ver “Los radares, en el ojo de la polémica”).
En el caso de la Agencia de Seguridad Vial, las multas que generen los 27 cinemómetros tendrán un fin claro: sólo se pueden invertir en seguridad vial, en una cuenta que administra la APSV. “Uno de los objetivos es que el infractor financie políticas de prevención de accidentes”, concluyó Cuvertino.
Reclamos por multas “arbitrarias e ilegales”
En los últimos años, las multas que se labraron utilizando cinemómetros y radares en pequeñas localidades de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Córdoba, entre otras provincias, generaron muchos reclamos.
Está bien que se multe a los imprudentes que ponen en riesgo la vida de todos. Los vehículos deben respetar las velocidades máximas en las rutas, especialmente en los tramos urbanos para prevenir accidentes, pero el problema es que muchos de estos cinemómetros se colocaron sin la habilitación de Vialidad Nacional -en rutas nacionales- y sin cumplir las normas legales (homologación del Inti y cartelería que informe el límite de velocidad y la presencia del radar, entre otros requisitos).
Son este tipo de casos, los que generan las acusaciones contra municipios y comunas de que salen a “cazar” automovilistas, sobre todo turistas, con sus radares para engordar un presupuesto que suele ser escaso.
En lo que va del 2013, por ejemplo, 1.266 santafesinos registraron su reclamo en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe (Zona Norte) por multas que consideraron “arbitrarias e ilegales”. La mayoría de estas infracciones se labró en Corrientes, Chaco, Misiones, Entre Ríos y Córdoba, entre otras provincias.
Pero también hay reclamos en Santa Fe. En la página web de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) se advierte que las multas labradas con radares en Emilia, Tortugas y Calchaquí no corresponden (básicamente, porque el proceso de habilitación está en trámite o no se inició).
“Estas constancias de presuntas actas de infracción e intimaciones judiciales de pago carecen de aptitud para generar un procedimiento contravencional válido y la imposición de una sanción”, precisa la APSV.
En realidad, para que las multas de los cinemómetros sean válidas en rutas nacionales que atraviesan Santa Fe hay que contar con una doble autorización. “Los municipios y comunas deben tramitar la habilitación de Vialidad Nacional para instalar los cinemómetros, porque se modifica parte de una ruta, y la de Vialidad Provincial, a través de la APSV, que tiene la potestad del control del tránsito en Santa Fe”, explicó Mariano Cuvertino, director de la Agencia de Seguridad Vial santafesina.
Con información de
El Litoral
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