En medio de una catarata de denuncias penales que involucra a un minúsculo grupo de escribanos del departamento La Capital, el Tribunal de Superintendencia del Notariado fue el órgano jurisdiccional encargado de sancionar duramente a uno de los fedatarios más cuestionados.
 
“En el caso particular de Martín O. Peón recayó sentencia, que no está firme y acaba de ser notificada”, reconoció esta mañana la escribana Carolina Culzoni, vicepresidenta del Consejo Directivo de la Primera Circunscripción. Ante la consulta formulada por El Litoral, la representante del Colegio confirmó que se le iniciaron tres expedientes internos al notario aludido, dos de los cuales terminaron en sanción.
 
Por irregularidades
 
El primer sumario data de 2011 “por irregularidades en la confección de actas en el registro de intervenciones”, tales como certificación de firmas, copias, etc. En esa oportunidad, “por incumplimiento de los requisitos en el registro de intervenciones” el Consejo Superior le pidió al Tribunal del Notariado una sanción de 2 años de suspensión.
 
El 28 de diciembre de 2012, el tribunal conformado por los camaristas civiles Norah Echarte, Edgardo Saux y Enrique Müller, resolvió aplicar al escribano Martín Oscar Peón la sanción requerida, y que el Consejo Superior fijó de cumplimiento efectivo hasta el 26 de noviembre de 2014, por lo que circunstancialmente “se encontraba suspendido”, refirió Culzoni.
 
El segundo expediente se inició en 2012, a través de los mecanismos internos de contralor que el propio Colegio de Escribanos realiza de manera periódica. En este caso, “fue sobre inspección de protocolo”, por el cual el Tribunal dispuso aplicar la sanción de destitución que fue notificada el viernes 22 de noviembre por la tarde.
 
Vía de apelación
 
“La sanción importa la cancelación de la matrícula y la vacancia del registro”, que “queda libre para ser concursado por otro” aspirante, agregó Culzoni. Asimismo, la vicepresidenta del Colegio se encargó de aclarar que “contra las decisiones del Tribunal de Superintendencia procede el recurso de apelación” y Peón “tiene 10 días para apelar ante la Cámara en lo Civil y Comercial”.
 
Este último fallo del Tribunal de Superintendencia del Notariado tuvo como responsables a los camaristas civiles Enrique Müller, Estela Aletti de Tarchini y Abraham Vargas, quienes actuaron por Ley Orgánica de Escribanos Nº 6.898, que regula el marco de actuaciones del Tribunal de Superintendencia. 
 
En cuanto al tercer expediente, se inició en 2013, a raíz de la denuncia penal del Registro de la Propiedad, y por la cual peón resultó procesado junto a otros dos colegas. En cuanto a ello, la Sala IV de la Cámara de Apelación Penal revocó los procesamientos y ordenó una nueva investigación.