¿Pullaro creó un cargo de planta permanente a medida para la vocera Virginia Coudannes?
Martes 20 de
Octubre 2026
Por:
La Lechuza Oly
El Decreto N.º 2115/2026 reubica a María Virginia Coudannes en una jefatura de Categoría 06, dentro de una estructura administrativa reorganizada bajo la órbita de la Gobernación.
La decisión abre interrogantes sobre la carrera administrativa, la transparencia, la ética pública y el futuro político de algunos funcionarios del actual Gobierno santafesino.
El Decreto N.º 2115/2026 dispone una nueva estructura para la Subsecretaría de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Ética del Sector Público, bajo la órbita de la Gobernación de Santa Fe.
En ese contexto, el artículo 2.º establece expresamente la reubicación de María Virginia Coudannes en un cargo de Categoría 06, denominado Jefa de Departamento de Políticas de Integridad, dentro del agrupamiento administrativo.
Del análisis del instrumento surge que el Poder Ejecutivo provincial dispuso su reubicación en una posición jerárquica de planta permanente, dentro de una estructura reorganizada bajo la dependencia de la Gobernación.
Asimismo, la documentación permite advertir una reorganización que implicaría la reducción de cargos en el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública y la ampliación de posiciones dentro de la estructura de la Gobernación.
La decisión adquiere particular relevancia administrativa y escalafonaria porque individualiza una jefatura a favor de una agente que, según reconoce el propio decreto, se encuentra de licencia por el ejercicio de una función política.
Existe, además, un aspecto económico que no resulta menor: la titularidad efectiva de una Jefatura de Departamento de Políticas de Integridad, Categoría 06, podría representar, de acuerdo con las estimaciones salariales consideradas, una remuneración superior a los siete (7) millones de pesos mensuales. Ese monto, sin embargo, requiere corroboración mediante la escala salarial aplicable y los adicionales correspondientes.
Ahora bien, el interrogante central es otro:
¿El Gobierno de Santa Fe simplemente reubicó a Virginia Coudannes en un cargo equivalente al que ya tenía en la planta permanente o le asignó una posición jerárquica superior mientras permanece de licencia por el desempeño de una función política?
La respuesta no es menor.
La legalidad de la medida dependerá, entre otros aspectos, de la normativa escalafonaria vigente, las condiciones de acceso a la función, la situación de revista anterior de la agente y los antecedentes administrativos del expediente.
Sin embargo, no es nuestro propósito ingresar aquí en una evaluación definitiva de su legalidad.
Preferimos detenernos en una serie de interrogantes profundamente políticos, vinculados con la transparencia gubernamental, el respeto por la carrera administrativa de los empleados públicos y los principios de ética que deberían orientar las decisiones del Estado.
¿Existe congruencia entre el discurso público que la funcionaria sostiene semanalmente sobre la gestión gubernamental y su reubicación en una jefatura de planta permanente mientras continúa desempeñándose como vocera de la Gobernación?
¿La posición administrativa asignada responde a una necesidad objetiva de la estructura estatal o representa una decisión destinada a beneficiar la situación escalafonaria particular de una funcionaria políticamente vinculada al gobernador?
¿Pullaro creó un cargo a medida para Virginia Coudannes o simplemente reorganizó uno preexistente?
Y todavía hay un interrogante político más profundo, que inevitablemente remite al escenario electoral de 2027.
¿Existe preocupación dentro del oficialismo por una eventual derrota electoral y, frente a esa posibilidad, se están asegurando posiciones administrativas estables para funcionarios que hoy ocupan cargos políticos?
En otras palabras: ¿se está utilizando la estructura permanente del Estado como una suerte de refugio administrativo para quienes eventualmente deban abandonar sus funciones políticas?
La metáfora resulta inevitable: ¿están preparando los botes salvavidas antes de saber si el barco naufragará en las elecciones de 2027?
No afirmamos que ese sea el propósito del decreto. Pero la decisión administrativa, sus beneficiarios y el contexto político justifican formular las preguntas.
Porque detrás de una reubicación escalafonaria puede existir un acto ordinario de administración. Pero también puede abrirse una discusión mucho más trascendente: dónde termina la legítima reorganización del Estado y dónde comienza el eventual uso de la carrera administrativa para proteger trayectorias políticas individuales.
Y esa discusión, en un gobierno que coloca la transparencia y la ética pública entre sus principales banderas discursivas, merece explicaciones.
El Decreto N.º 2115/2026 dispone una nueva estructura para la Subsecretaría de Lucha contra la Corrupción, Transparencia y Ética del Sector Público, bajo la órbita de la Gobernación de Santa Fe.
En ese contexto, el artículo 2.º establece expresamente la reubicación de María Virginia Coudannes en un cargo de Categoría 06, denominado Jefa de Departamento de Políticas de Integridad, dentro del agrupamiento administrativo.
Del análisis del instrumento surge que el Poder Ejecutivo provincial dispuso su reubicación en una posición jerárquica de planta permanente, dentro de una estructura reorganizada bajo la dependencia de la Gobernación.
Asimismo, la documentación permite advertir una reorganización que implicaría la reducción de cargos en el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública y la ampliación de posiciones dentro de la estructura de la Gobernación.
La decisión adquiere particular relevancia administrativa y escalafonaria porque individualiza una jefatura a favor de una agente que, según reconoce el propio decreto, se encuentra de licencia por el ejercicio de una función política.
Existe, además, un aspecto económico que no resulta menor: la titularidad efectiva de una Jefatura de Departamento de Políticas de Integridad, Categoría 06, podría representar, de acuerdo con las estimaciones salariales consideradas, una remuneración superior a los siete (7) millones de pesos mensuales. Ese monto, sin embargo, requiere corroboración mediante la escala salarial aplicable y los adicionales correspondientes.
Ahora bien, el interrogante central es otro:
¿El Gobierno de Santa Fe simplemente reubicó a Virginia Coudannes en un cargo equivalente al que ya tenía en la planta permanente o le asignó una posición jerárquica superior mientras permanece de licencia por el desempeño de una función política?
La respuesta no es menor.
La legalidad de la medida dependerá, entre otros aspectos, de la normativa escalafonaria vigente, las condiciones de acceso a la función, la situación de revista anterior de la agente y los antecedentes administrativos del expediente.
Sin embargo, no es nuestro propósito ingresar aquí en una evaluación definitiva de su legalidad.
Preferimos detenernos en una serie de interrogantes profundamente políticos, vinculados con la transparencia gubernamental, el respeto por la carrera administrativa de los empleados públicos y los principios de ética que deberían orientar las decisiones del Estado.
¿Existe congruencia entre el discurso público que la funcionaria sostiene semanalmente sobre la gestión gubernamental y su reubicación en una jefatura de planta permanente mientras continúa desempeñándose como vocera de la Gobernación?
¿La posición administrativa asignada responde a una necesidad objetiva de la estructura estatal o representa una decisión destinada a beneficiar la situación escalafonaria particular de una funcionaria políticamente vinculada al gobernador?
¿Pullaro creó un cargo a medida para Virginia Coudannes o simplemente reorganizó uno preexistente?
Y todavía hay un interrogante político más profundo, que inevitablemente remite al escenario electoral de 2027.
¿Existe preocupación dentro del oficialismo por una eventual derrota electoral y, frente a esa posibilidad, se están asegurando posiciones administrativas estables para funcionarios que hoy ocupan cargos políticos?
En otras palabras: ¿se está utilizando la estructura permanente del Estado como una suerte de refugio administrativo para quienes eventualmente deban abandonar sus funciones políticas?
La metáfora resulta inevitable: ¿están preparando los botes salvavidas antes de saber si el barco naufragará en las elecciones de 2027?
No afirmamos que ese sea el propósito del decreto. Pero la decisión administrativa, sus beneficiarios y el contexto político justifican formular las preguntas.
Porque detrás de una reubicación escalafonaria puede existir un acto ordinario de administración. Pero también puede abrirse una discusión mucho más trascendente: dónde termina la legítima reorganización del Estado y dónde comienza el eventual uso de la carrera administrativa para proteger trayectorias políticas individuales.
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