Mercado Libre tendrá que pagar alrededor de 40 mil pesos a dos hermanos que adquirieron entradas para un recital y al llegar al ingreso al recital fueron detenidos porque las entradas habían sido denunciadas como robadas.
 
Como aclaración preliminar debo decir que si la Corte declaró inadmisible el recurso de queja de Mercado Libre, entiendo que no se encontraban presentes en el expediente los requisitos que hacen viable que la Corte se pronuncie en un caso, es decir, los requisitos del recurso extraordinario. Sin embargo, lo cierto es que al declarar firme la condena dictada en la Cámara de Apelaciones también adquiere firmeza el criterio sentado por esta última de hacer responsable a Mercado Libre por la intermediación de la compraventa de las entradas, en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor.
 
Este es realmente el punto que interesa y forma parte de un debate en el que el mundo jurídico argentino ha entrado hace ya unos años. Se trata de determinar si el sitio o buscador de Internet es responsable por el contenido o el origen ilícito del producto o servicio que los usuarios obtienen a través de él.
 
Como Fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal me tocó investigar y luego denunciar al sitio Cuevana en una cuestión similar, es decir, si existía responsabilidad (penal en ese caso, la de Mercado Libre en éste es sólo civil) de los responsables del sitio por la facilitación del acceso a material cinematográfico por parte de los usuarios sin el pago de derecho alguno.
 
En el caso de Cuevana, como el de Taringa, por contenidos protegidos por derechos de autor, o los de los buscadores de Internet (Google y Yahoo principalmente) por publicaciones no autorizadas o injuriosas (recordemos los juicios de las modelos por "linkeo" a sitios de pornografía), la discusión siempre gira en la (supuesta) imposibilidad de estos sitios de conocer el origen ilícito del material que se sube en ellos para que otros usuarios los bajen o consuman.
 
La fuente de responsabilidad jurídica por este tipo de situaciones estriba, precisamente, en el conocimiento o la posibilidad de conocer la ilicitud de esos contenidos, y ésta debe ser la base de una futura legislación en la materia.
 
Si bien la cuestión está muy debatida en nuestro país y sin una regulación específica, participo de la idea de que el "mundo de Internet" no puede autorregularse en todos sus aspectos y que el Estado tiene una misión que debe cumplir en esa regulación. En esta materia de la responsabilidad de los sitios que "intermedian" información, bienes, o servicios, entiendo que la obligación del Estado es dictar una ley muy clara que deslinde la responsabilidad de los que suben material, quienes facilitan el intercambio, y quienes lo bajan, de manera que el tipo de situaciones como la que dio origen a este comentario adquieran mayor seguridad jurídica y se eviten estos conflictos.
 
Honestamente no creo que en el estado actual del avance tecnológico los sitios más importantes de la red que hacen de intermediarios de información (como los buscadores o los que almacenan material protegido por derechos de autor) no puedan "realmente" controlar el contenido que se almacena en sus servidores (de lo contrario no entiendo cómo pueden afirmar que no admiten páginas de pornografía infantil). No obstante, y también como una forma de preservar la seguridad jurídica, entiendo que la legislación que se dicte sobre la responsabilidad de estos sitios debe basarse en que sean notificados por los perjudicados del contenido ilegítimo que están facilitando a sus usuarios (judicial o extrajudicialmente, esa es otra discusión), y a partir de allí, sin duda alguna, podrán ser luego demandados judicialmente si no remueven ese contenido.