Amazonas bajo fuego cruzado, comercio y finanzas en verdes
Por:
Pablo A. Cortínez
Sábado 14 de
Septiembre 2019 - 10:00
Lamentablemente, el principal pulmón del planeta ha sido noticia en estas semanas. Las imágenes y las noticias que delatan incendios en una de las regiones más biodiversas del planeta, han sido desgarradoras.
En estos días hubo novedades en el ámbito financiero que también involucran al Amazonas. Menos estridentes para el público general, pero igualmente relevantes para la conservación, esas novedades que pasaron desapercibidas para algunos se refieren al Fondo Amazonas, cuyo objetivo es respaldar acciones que prevengan, monitoreen y combatan la deforestación, al mismo tiempo que promuevan el uso sostenible de recursos en esa región de Brasil.
Según su último informe, en sus diez años de actividad, el Fundo Amazonia recibió fondos por u$s 1.300 millones, financió más de 100 proyectos, y benefició a 162.000 personas vía actividades productivas sostenibles. Ahora bien, más del 90% de los fondos que administra proviene de Noruega en forma de donaciones, en tanto el gobierno alemán aporta una porción menor.
Si bien el objeto de esta nota no es juzgar la política ambiental del principal socio comercial de Argentina, resulta útil como evidencia respecto de la creciente transversalidad que las cuestiones ambientales han adquirido a nivel internacional, incluyendo las finanzas.
En sentido figurado, los aportes de los dos países europeos para el Fondo Amazonas están “bajo fuego”, producto de cambios no consensuados que introduciría el país receptor. Mientras Noruega congeló un desembolso comprometido por u$s 33 millones, Alemania hizo lo propio con otro por u$s 39 millones, en el marco de una situación que eventualmente podría tener implicancias en el comercio de cara al flamante Acuerdo Mercosur – Unión Europea. El lema del Fondo: “Brasil lo protege. El mundo apoya. Todos ganan” corre peligro pues, según los donantes, debido a que Brasil no estaría protegiendo el Amazonas, “el mundo” dejaría de apoyar y, en consecuencia, todos perderíamos.
Esto nos lleva a algunas consideraciones tomando el caso citado solo como un ejemplo: i) si Argentina pretende recibir fondos con destinos ecológicos, resulta fundamental tomar nota y los recaudos necesarios sobre los requisitos “razonables” de los inversores / donantes; ii) así como el nivel de concientización acerca de las cuestiones ambientales ha crecido en las últimas décadas, la responsabilidad fiduciaria en el ámbito de las finanzas ha cambiado, y el nivel de exigencia de los inversores ha evolucionado.
Con esto en mente, me pregunto lo siguiente: si nuestra región chaqueña representa el principal bosque nativo del país, ¿por qué no diseñar un “Fondo Chaqueño” que facilite la conservación de “nuestro Amazonas” de manera análoga al fondo brasilero mencionado? Ello requeriría, entre otros, planificar a mediano plazo el andamiaje legal, financiero e impositivo, así como el reporting y monitoreo adecuados. ¿De qué hablamos? Hablamos de atraer recursos financieros para fondear proyectos que beneficien el ambiente, contribuyendo a cumplir el Acuerdo de País y los ODS. ¿De quiénes hablamos?
Por un lado, de países que pueden ser donantes pero también de multilaterales, de cientos fondos de pensión, compañías de seguro, family offices, fondos y otros inversores institucionales del exterior que invierten en instrumentos financieros (bonos verdes, fondos de private equity) que, convenientemente estructurados y/o blended finance mediante, resulten confiables respecto del uso de los fondos y del impacto ambiental que generen.
¿De cuánto hablamos? Si circunscribimos estos fondos a los signatarios de los Principios de Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés), se trata de unos 2.000 inversores que administran activos por u$s 90 trillions. Un porcentaje mínimo podría generar enormes cambios que Argentina necesita en esta materia.
Según su último informe, en sus diez años de actividad, el Fundo Amazonia recibió fondos por u$s 1.300 millones, financió más de 100 proyectos, y benefició a 162.000 personas vía actividades productivas sostenibles. Ahora bien, más del 90% de los fondos que administra proviene de Noruega en forma de donaciones, en tanto el gobierno alemán aporta una porción menor.
Si bien el objeto de esta nota no es juzgar la política ambiental del principal socio comercial de Argentina, resulta útil como evidencia respecto de la creciente transversalidad que las cuestiones ambientales han adquirido a nivel internacional, incluyendo las finanzas.
En sentido figurado, los aportes de los dos países europeos para el Fondo Amazonas están “bajo fuego”, producto de cambios no consensuados que introduciría el país receptor. Mientras Noruega congeló un desembolso comprometido por u$s 33 millones, Alemania hizo lo propio con otro por u$s 39 millones, en el marco de una situación que eventualmente podría tener implicancias en el comercio de cara al flamante Acuerdo Mercosur – Unión Europea. El lema del Fondo: “Brasil lo protege. El mundo apoya. Todos ganan” corre peligro pues, según los donantes, debido a que Brasil no estaría protegiendo el Amazonas, “el mundo” dejaría de apoyar y, en consecuencia, todos perderíamos.
Esto nos lleva a algunas consideraciones tomando el caso citado solo como un ejemplo: i) si Argentina pretende recibir fondos con destinos ecológicos, resulta fundamental tomar nota y los recaudos necesarios sobre los requisitos “razonables” de los inversores / donantes; ii) así como el nivel de concientización acerca de las cuestiones ambientales ha crecido en las últimas décadas, la responsabilidad fiduciaria en el ámbito de las finanzas ha cambiado, y el nivel de exigencia de los inversores ha evolucionado.
Con esto en mente, me pregunto lo siguiente: si nuestra región chaqueña representa el principal bosque nativo del país, ¿por qué no diseñar un “Fondo Chaqueño” que facilite la conservación de “nuestro Amazonas” de manera análoga al fondo brasilero mencionado? Ello requeriría, entre otros, planificar a mediano plazo el andamiaje legal, financiero e impositivo, así como el reporting y monitoreo adecuados. ¿De qué hablamos? Hablamos de atraer recursos financieros para fondear proyectos que beneficien el ambiente, contribuyendo a cumplir el Acuerdo de País y los ODS. ¿De quiénes hablamos?
Por un lado, de países que pueden ser donantes pero también de multilaterales, de cientos fondos de pensión, compañías de seguro, family offices, fondos y otros inversores institucionales del exterior que invierten en instrumentos financieros (bonos verdes, fondos de private equity) que, convenientemente estructurados y/o blended finance mediante, resulten confiables respecto del uso de los fondos y del impacto ambiental que generen.
¿De cuánto hablamos? Si circunscribimos estos fondos a los signatarios de los Principios de Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés), se trata de unos 2.000 inversores que administran activos por u$s 90 trillions. Un porcentaje mínimo podría generar enormes cambios que Argentina necesita en esta materia.
Con información de
Ámbito
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