Imputaron por trata de personas al detenido por el caso Maxi Sosa
Viernes 27 de
Septiembre 2019
Quedó detenido en una dependencia federal rafaelina a la espera de ser trasladado a una cárcel de la provincia. Cuál es su relación en el caso
Alrededor de las 17.30 de este jueves, en la sede del Juzgado Federal de Rafaela –fuero penal–, se realizó una audiencia de declaración indagatoria a Pablo A. P., mayor de edad, detenido el miércoles en la ciudad de Ceres por guardar presunta relación con la desaparición del niño Maximiliano Sosa, ocurrida en diciembre de 2015 en esa ciudad del norte del departamento San Cristóbal.
Según lo recabado terminada la audiencia, el detenido se abstuvo de declarar, quedando no obstante formalmente imputado en la causa y detenido en un lugar no determinado de la ciudad de Rafaela a la espera de ser trasladado a una cárcel provincial.
Según se pudo confirmar en la víspera de fuentes reservadas, la orden de detener al vecino de Ceres partió del Juzgado Federal de Rafaela –a cargo de Miguel Eugenio Abásolo– ya que el detenido tendría vinculación directa con el caso de la desaparición del niño Maximiliano Sosa, hecho ocurrido en diciembre de 2015 en la ciudad de Ceres, cuando “Maxi” contaba con tres años de edad. Más precisamente tendría relación con la abuela de Maxi, hoy detenida.
Allanamientos de la Policía Federal
A primera hora de la tarde del miércoles, personal de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal realizó un allanamiento en una vivienda de calle Domingo Matheu de Ceres –en cercanías de la ruta 34-, y luego de permanecer 12 horas en la vivienda produjeron la detención de un hombre mayor de edad identificado como Pablo A. P. y el secuestro de una camioneta y un auto de alta gama.
Se recuerda que en esta causa ya se encuentran detenidos con prisión preventiva desde el 1 de agosto de 2016 la abuela de Maxi Sosa, Patricia Sayago, y su pareja Ariel Malagueño, según lo determinó el juez de investigación penal preparatoria José Luis García Troiano, cuando la causa todavía se tramitaba en los tribunales ordinarios de la Justicia provincial.
Pruebas
Según pudo conocerse de fuentes reservadas que dialogaron con este medio en la jornada de la víspera, “hay abundancia de pruebas testimoniales y otras contundentes como para detener a Pablo P.”, principalmente su presunta “vinculación con la abuela de Maxi, Patricia Sayago”.
“Todo condujo hacia él –se escuchó– y ya quedó formalmente imputado y detenido en la causa por el delito de Trata de Personas”.
Por ese mismo delito la semana próxima se tomará declaración indagatoria a Patricia Sayago y a Ariel Malagueño. En el caso de Sayago, abuela de Maxi, será por el delito de “sustracción de menor” en concurso real con “trata de personas” y por “falsa denuncia”. En el caso de Malagueño por “sustracción de menor” en concurso real con “trata de personas”.
Se pudo saber además que en el Juzgado Federal de Rafaela se “tomó muy bien” la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en la cuestión de la competencia.
Esta decisión judicial fue decisiva para dar el paso del miércoles –la detención–, contando ya con suficientes medidas probatorias.
Competencia
En relación a la competencia de la Justicia provincial o federal en la tramitación de esta causa, merece un capítulo aparte ya que este conflicto jurisdiccional llegó en 2017 hasta la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, con idas y venidas, hasta que el pasado 4 de septiembre Guillermo Toledo, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, rechazó el pedido del magistrado federal de Rafaela para que la causa sea investigada en la Justicia provincial de San Cristóbal, y se determinó que el expediente continúe en la órbita federal tras sostener que no era posible “descartar el delito de Trata de Personas”, competencia del fuero federal.
Según lo recabado terminada la audiencia, el detenido se abstuvo de declarar, quedando no obstante formalmente imputado en la causa y detenido en un lugar no determinado de la ciudad de Rafaela a la espera de ser trasladado a una cárcel provincial.
Según se pudo confirmar en la víspera de fuentes reservadas, la orden de detener al vecino de Ceres partió del Juzgado Federal de Rafaela –a cargo de Miguel Eugenio Abásolo– ya que el detenido tendría vinculación directa con el caso de la desaparición del niño Maximiliano Sosa, hecho ocurrido en diciembre de 2015 en la ciudad de Ceres, cuando “Maxi” contaba con tres años de edad. Más precisamente tendría relación con la abuela de Maxi, hoy detenida.
Allanamientos de la Policía Federal
A primera hora de la tarde del miércoles, personal de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal realizó un allanamiento en una vivienda de calle Domingo Matheu de Ceres –en cercanías de la ruta 34-, y luego de permanecer 12 horas en la vivienda produjeron la detención de un hombre mayor de edad identificado como Pablo A. P. y el secuestro de una camioneta y un auto de alta gama.
Se recuerda que en esta causa ya se encuentran detenidos con prisión preventiva desde el 1 de agosto de 2016 la abuela de Maxi Sosa, Patricia Sayago, y su pareja Ariel Malagueño, según lo determinó el juez de investigación penal preparatoria José Luis García Troiano, cuando la causa todavía se tramitaba en los tribunales ordinarios de la Justicia provincial.
Pruebas
Según pudo conocerse de fuentes reservadas que dialogaron con este medio en la jornada de la víspera, “hay abundancia de pruebas testimoniales y otras contundentes como para detener a Pablo P.”, principalmente su presunta “vinculación con la abuela de Maxi, Patricia Sayago”.
“Todo condujo hacia él –se escuchó– y ya quedó formalmente imputado y detenido en la causa por el delito de Trata de Personas”.
Por ese mismo delito la semana próxima se tomará declaración indagatoria a Patricia Sayago y a Ariel Malagueño. En el caso de Sayago, abuela de Maxi, será por el delito de “sustracción de menor” en concurso real con “trata de personas” y por “falsa denuncia”. En el caso de Malagueño por “sustracción de menor” en concurso real con “trata de personas”.
Se pudo saber además que en el Juzgado Federal de Rafaela se “tomó muy bien” la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en la cuestión de la competencia.
Esta decisión judicial fue decisiva para dar el paso del miércoles –la detención–, contando ya con suficientes medidas probatorias.
Competencia
En relación a la competencia de la Justicia provincial o federal en la tramitación de esta causa, merece un capítulo aparte ya que este conflicto jurisdiccional llegó en 2017 hasta la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, con idas y venidas, hasta que el pasado 4 de septiembre Guillermo Toledo, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, rechazó el pedido del magistrado federal de Rafaela para que la causa sea investigada en la Justicia provincial de San Cristóbal, y se determinó que el expediente continúe en la órbita federal tras sostener que no era posible “descartar el delito de Trata de Personas”, competencia del fuero federal.
Con información de
UNO
