25 DE ABRIL 2024
El caso Valdés, último hito de una trama histórica de lazos inexplicables y oscuros negocios de la Policía Federal
Por:
Hernán Lascano
Miércoles 02 de
Octubre 2019
El turbio incidente que tiene preso al ex jefe de la delegación Santa Fe de la fuerza es el eslabón más reciente de una cadena de hechos impactantes que nunca fueron aclarados, la mayoría expresivos del nexo entre uniformados y el comercio de drogas.
El crimen de Sandra Cabrera desnudó una tela estructural de ese tipo de negocios. También el de un jefe de Rosario que en 2012 presentó el secuestro de 14 kilos de cocaína que resultaron ser bicarbonato. El hecho de ahora abona esa línea de hechos donde la opacidad y la mentira son denominadores comunes. La Justicia Federal de Rosario, sin aclarar estos casos que revelan una corrupción sistémica, contribuye a la incertidumbre
En la Delegación Antinarcóticos Rosario de la Policía Federal, exactamente en un cajón del escritorio de la oficina del jefe en el primer piso de la calle Francia, quedaba de manera fija un listado con un prolijo inventario de nombres, teléfonos y direcciones. Esa agenda de una carilla esperaba a cada nuevo jefe, que casi siempre llegaban de otros destinos, para que conocieran a los contribuyentes que pagaban mensualmente para garantizar tolerancia a sus actividades ilegales.
Eso lo dijo un informante en una denuncia anónima dejada en la mesa de entrada de una fiscalía federal de Rosario en junio de 2013. Nunca se sabrá si eso era cierto. La veracidad sí comprobada fue la otra parte de la denuncia. Allí el anónimo decía que el jefe de la Delegación de la Federal hasta 2012 había hecho un operativo en el que decomisó 14 kilos de cocaína en la calle República al 6000 a un chico de 15 años. Sostuvo que esa mercancía la había proporcionado un traficante jamás tocado por las fuerzas de seguridad de Rosario, del que aportaba nombre, para que el recién llegado jefe se presentara ante la prensa con un primer procedimiento exitoso. Y que si se molestaban en hacer una prueba de laboratorio detectarían que esos 14 kilos aún en depósito no eran de cocaína sino bicarbonato.
El entonces fiscal federal Juan Murray decidió verificar. Mandó la partida al laboratorio de Drogas Peligrosas en la ciudad de Santa Fe. Allí el bioquímico comisario inspector Néstor Pozzi trazó su firma en un dictamen: bicarbonato de sodio. El autor del anónimo, al menos en esa parte, tenía razón. Lo que también decía era que el donante de los 14 kilos era Esteban Alvarado. Un empresario criminal al que ni la policía ni la Justicia Federal de Rosario tocó jamás y que ahora, a siete años del episodio del bicarbonato, fiscales provinciales pusieron preso, como ideólogo del secuestro y brutal ejecución hace once meses del prestamista Lucio Maldonado, y como mentor de una trama de empresas de origen económico no basado en ingresos legales.
Para cuando se hizo esa prueba de laboratorio ya hacía un año que el comisario de la Policía Federal que se había presentado ante los medios rosarinos mostrando los 14 kilos de cocaína había volado de su puesto. Se llama Gustavo Serna. Había llegado a Rosario por una resolución firmada por la secretaria de Seguridad Cristina Camaño durante la gestión de la ministra de Seguridad Nilda Garré. La prensa había revelado que el flamante jefe de la Federal de Rosario había estado preso en una causa abierta en Córdoba por contrabando de droga a Italia de la que resultó con falta de mérito.
Todo el detalle de este caso fue copiosamente detallado en los medios. Un comisario de la Federal registrado en los canales rosarinos secuestrando paquetes de cocaína que eran bicarbonato. Una pericia oficial que así lo certificaba. Una referencia a que ese operativo era la “cortesía” de un hombre conocido en el hampa local como Esteban Alvarado. Un comisario que tenía una causa previa por narcotráfico. La Justicia Federal de Rosario hasta el día de hoy no avanzó un paso con todo esto.
En 2012 una denuncia anónima llegada a la Justicia Federal vinculó a policías con gente relacionada con Alvarado. En esa causa, que tuvo inicio pero no avanzó, está nombrado en conexión a ese grupo irregular uno de los tres policías federales pasados a disponibilidad el viernes pasado por el opaco incidente del 9 de septiembre en el que resultó baleado en Villa Constitución el ex jefe de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Mariano Valdés, que está preso por falsear instrumentos públicos y mentir acerca de lo ocurrido.
Aquella causa de 2012 nunca la Justicia Federal de Rosario la profundizó. Lo mismo ocurre con otro expediente abierto en 2014 denominado “Lavado de Activos banda de Medina”. El aludido es Luis Medina, narcotraficante asesinado el 29 de diciembre de 2013 junto a su novia Justina Pérez Castelli en la zona sur de Rosario. En ese legajo aparece un lazo entre Alvarado y Maldonado. Siete años después Alvarado está preso como instigador del asesinato de Maldonado. El caso también quedó empantanado y a cinco años de su apertura no se conocen resultados.
La Justicia Federal no se entromete con la Policía Federal tampoco pese a las notables evidencias de que hombres de esa fuerza en Rosario, durante 2004, estaban implicados de lleno en la venta de drogas. Los pesados indicios surgieron cuando un juez provincial investigó el asesinato de Sandra Cabrera, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices, ejecutada de un tiro en la nuca. Por este caso estuvo detenido y procesado el policía federal Diego Parvluczyk que obtuvo una falta de mérito. Pero la pesquisa liderada por el juez Carlos Carbone, hoy camarista, demostraba que Sandra Cabrera hacía rutinarios negocios con drogas con los policías federales. Estos, según informantes de la causa, le entregaban a la mujer saldos de droga de procedimientos, conocidos en la jerga como “retazos”, para que ella los comercializara.
Sandra Cabrera fue asesinada de un tiro en la nuca.
Cuando el oficial federal Parvluczyk fue convocado por el juez a declarar como testigo, antes de surgir sospechas de que era el homicida, fue acompañado a Tribunales por el entonces jefe de la Delegación Rosario de la Policía Federal, subcomisario Alberto Lomonte. En el juzgado consideraron la extemporánea presencia de Lomonte “un acto de presión inaceptable”. Sospechaban que lo que quería averiguar el jefe policial era cuánto aparecía del negocio con los “retazos” en la causa del homicidio. Todos los registros de vasta circulación en los medios sobre policías federales vendiendo drogas en el contexto de este asesinato emblemático no dieron paso a investigación alguna en la Justicia Federal de Rosario.
Ese modelo de tramas retorcidas con policías federales implicados resurge en la opacidad del caso de la balacera contra el comisario Valdés en la autopista Buenos Aires-Rosario. Las escuchas telefónicas solicitadas por los fiscales provinciales muestran conductas para el asombro en los colegas del ahora preso ex jefe de la Delegación Santa Fe de la Federal.
Los policías llamaba a Valdés y no le preguntaban al salir de declarar cómo estaba, algo esperable ante una persona atacada a tiros, sino cómo había resultado la entrevista, qué le habían preguntado y si los investigadores sospechaban algo. También se repitieron los actos inexplicables. El primer día que Roxana González, la policía que viajaba con Valdés el día de los tiros, declaró en Arroyo Seco, el subjefe de la Delegación Santa Fe de la Federal Higinio Bellagio y el oficial Víctor Domenech se presentaron al lado de ella para escuchar lo que decía. Hoy el primero está detenido y el segundo en disponibilidad.
Los actos impropios de federales frente al turbio suceso de Valdés se repitieron hasta el final. La ambición de controlar las versiones de lo ocurrido proporcionadas por Valdés, que entre otros delitos está preso por mentir, se mostraron hasta el día en que la suboficial González mantenía una entrevista reservada con los fiscales del caso. En ese momento el segundo jefe de la Policía Federal Rosario se presentó en el Centro de Justicia Penal. Como no pudo ingresar a la audiencia, que era privada, le dejó un teléfono con su número al marido de la abogada de la joven policía para que lo llamara terminada la audiencia.
Quien lo llamó no fue la uniformada sino el fiscal que había interrogado a la joven. Le preguntó qué quería. El sorprendido jefe le dijo que solo pretendía prestar colaboración a lo que el fiscal le repuso que si persistía en la improcedente conducta de meterse en una investigación que no le concernía lo haría detener.
Aún no se logró definir quién disparó contra Valdés ni la camioneta usada. Pero sí que hubo un encuentro por algún motivo y que todos los federales implicados mintieron sobre lo que ocurrió allí y los verdaderos motivos. El fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez acaba de decir que en Santa Fe esta actitud de la Policía Federal, en cuanto a encubrir o entorpecer investigaciones, es una marca constante.
Esta persistente polución es asimismo una línea histórica en Rosario. Con venta de retazos de drogas debajo del asesinato de una mujer, con secuestros de sustancias estupefacientes que resultan ser bicarbonato y ahora con este tipo de incidentes que expresan, más que hitos aislados, un modo de ser de la Policía Federal. También de la Justicia Federal de Rosario que en los casos del pasado no hizo contribuciones para aclarar algo de esto.
En la Delegación Antinarcóticos Rosario de la Policía Federal, exactamente en un cajón del escritorio de la oficina del jefe en el primer piso de la calle Francia, quedaba de manera fija un listado con un prolijo inventario de nombres, teléfonos y direcciones. Esa agenda de una carilla esperaba a cada nuevo jefe, que casi siempre llegaban de otros destinos, para que conocieran a los contribuyentes que pagaban mensualmente para garantizar tolerancia a sus actividades ilegales.
Eso lo dijo un informante en una denuncia anónima dejada en la mesa de entrada de una fiscalía federal de Rosario en junio de 2013. Nunca se sabrá si eso era cierto. La veracidad sí comprobada fue la otra parte de la denuncia. Allí el anónimo decía que el jefe de la Delegación de la Federal hasta 2012 había hecho un operativo en el que decomisó 14 kilos de cocaína en la calle República al 6000 a un chico de 15 años. Sostuvo que esa mercancía la había proporcionado un traficante jamás tocado por las fuerzas de seguridad de Rosario, del que aportaba nombre, para que el recién llegado jefe se presentara ante la prensa con un primer procedimiento exitoso. Y que si se molestaban en hacer una prueba de laboratorio detectarían que esos 14 kilos aún en depósito no eran de cocaína sino bicarbonato.
El entonces fiscal federal Juan Murray decidió verificar. Mandó la partida al laboratorio de Drogas Peligrosas en la ciudad de Santa Fe. Allí el bioquímico comisario inspector Néstor Pozzi trazó su firma en un dictamen: bicarbonato de sodio. El autor del anónimo, al menos en esa parte, tenía razón. Lo que también decía era que el donante de los 14 kilos era Esteban Alvarado. Un empresario criminal al que ni la policía ni la Justicia Federal de Rosario tocó jamás y que ahora, a siete años del episodio del bicarbonato, fiscales provinciales pusieron preso, como ideólogo del secuestro y brutal ejecución hace once meses del prestamista Lucio Maldonado, y como mentor de una trama de empresas de origen económico no basado en ingresos legales.
Para cuando se hizo esa prueba de laboratorio ya hacía un año que el comisario de la Policía Federal que se había presentado ante los medios rosarinos mostrando los 14 kilos de cocaína había volado de su puesto. Se llama Gustavo Serna. Había llegado a Rosario por una resolución firmada por la secretaria de Seguridad Cristina Camaño durante la gestión de la ministra de Seguridad Nilda Garré. La prensa había revelado que el flamante jefe de la Federal de Rosario había estado preso en una causa abierta en Córdoba por contrabando de droga a Italia de la que resultó con falta de mérito.
Todo el detalle de este caso fue copiosamente detallado en los medios. Un comisario de la Federal registrado en los canales rosarinos secuestrando paquetes de cocaína que eran bicarbonato. Una pericia oficial que así lo certificaba. Una referencia a que ese operativo era la “cortesía” de un hombre conocido en el hampa local como Esteban Alvarado. Un comisario que tenía una causa previa por narcotráfico. La Justicia Federal de Rosario hasta el día de hoy no avanzó un paso con todo esto.
En 2012 una denuncia anónima llegada a la Justicia Federal vinculó a policías con gente relacionada con Alvarado. En esa causa, que tuvo inicio pero no avanzó, está nombrado en conexión a ese grupo irregular uno de los tres policías federales pasados a disponibilidad el viernes pasado por el opaco incidente del 9 de septiembre en el que resultó baleado en Villa Constitución el ex jefe de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Mariano Valdés, que está preso por falsear instrumentos públicos y mentir acerca de lo ocurrido.
Aquella causa de 2012 nunca la Justicia Federal de Rosario la profundizó. Lo mismo ocurre con otro expediente abierto en 2014 denominado “Lavado de Activos banda de Medina”. El aludido es Luis Medina, narcotraficante asesinado el 29 de diciembre de 2013 junto a su novia Justina Pérez Castelli en la zona sur de Rosario. En ese legajo aparece un lazo entre Alvarado y Maldonado. Siete años después Alvarado está preso como instigador del asesinato de Maldonado. El caso también quedó empantanado y a cinco años de su apertura no se conocen resultados.
La Justicia Federal no se entromete con la Policía Federal tampoco pese a las notables evidencias de que hombres de esa fuerza en Rosario, durante 2004, estaban implicados de lleno en la venta de drogas. Los pesados indicios surgieron cuando un juez provincial investigó el asesinato de Sandra Cabrera, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices, ejecutada de un tiro en la nuca. Por este caso estuvo detenido y procesado el policía federal Diego Parvluczyk que obtuvo una falta de mérito. Pero la pesquisa liderada por el juez Carlos Carbone, hoy camarista, demostraba que Sandra Cabrera hacía rutinarios negocios con drogas con los policías federales. Estos, según informantes de la causa, le entregaban a la mujer saldos de droga de procedimientos, conocidos en la jerga como “retazos”, para que ella los comercializara.
Sandra Cabrera fue asesinada de un tiro en la nuca.
Cuando el oficial federal Parvluczyk fue convocado por el juez a declarar como testigo, antes de surgir sospechas de que era el homicida, fue acompañado a Tribunales por el entonces jefe de la Delegación Rosario de la Policía Federal, subcomisario Alberto Lomonte. En el juzgado consideraron la extemporánea presencia de Lomonte “un acto de presión inaceptable”. Sospechaban que lo que quería averiguar el jefe policial era cuánto aparecía del negocio con los “retazos” en la causa del homicidio. Todos los registros de vasta circulación en los medios sobre policías federales vendiendo drogas en el contexto de este asesinato emblemático no dieron paso a investigación alguna en la Justicia Federal de Rosario.
Ese modelo de tramas retorcidas con policías federales implicados resurge en la opacidad del caso de la balacera contra el comisario Valdés en la autopista Buenos Aires-Rosario. Las escuchas telefónicas solicitadas por los fiscales provinciales muestran conductas para el asombro en los colegas del ahora preso ex jefe de la Delegación Santa Fe de la Federal.
Los policías llamaba a Valdés y no le preguntaban al salir de declarar cómo estaba, algo esperable ante una persona atacada a tiros, sino cómo había resultado la entrevista, qué le habían preguntado y si los investigadores sospechaban algo. También se repitieron los actos inexplicables. El primer día que Roxana González, la policía que viajaba con Valdés el día de los tiros, declaró en Arroyo Seco, el subjefe de la Delegación Santa Fe de la Federal Higinio Bellagio y el oficial Víctor Domenech se presentaron al lado de ella para escuchar lo que decía. Hoy el primero está detenido y el segundo en disponibilidad.
Los actos impropios de federales frente al turbio suceso de Valdés se repitieron hasta el final. La ambición de controlar las versiones de lo ocurrido proporcionadas por Valdés, que entre otros delitos está preso por mentir, se mostraron hasta el día en que la suboficial González mantenía una entrevista reservada con los fiscales del caso. En ese momento el segundo jefe de la Policía Federal Rosario se presentó en el Centro de Justicia Penal. Como no pudo ingresar a la audiencia, que era privada, le dejó un teléfono con su número al marido de la abogada de la joven policía para que lo llamara terminada la audiencia.
Quien lo llamó no fue la uniformada sino el fiscal que había interrogado a la joven. Le preguntó qué quería. El sorprendido jefe le dijo que solo pretendía prestar colaboración a lo que el fiscal le repuso que si persistía en la improcedente conducta de meterse en una investigación que no le concernía lo haría detener.
Aún no se logró definir quién disparó contra Valdés ni la camioneta usada. Pero sí que hubo un encuentro por algún motivo y que todos los federales implicados mintieron sobre lo que ocurrió allí y los verdaderos motivos. El fiscal federal de Santa Fe Walter Rodríguez acaba de decir que en Santa Fe esta actitud de la Policía Federal, en cuanto a encubrir o entorpecer investigaciones, es una marca constante.
Esta persistente polución es asimismo una línea histórica en Rosario. Con venta de retazos de drogas debajo del asesinato de una mujer, con secuestros de sustancias estupefacientes que resultan ser bicarbonato y ahora con este tipo de incidentes que expresan, más que hitos aislados, un modo de ser de la Policía Federal. También de la Justicia Federal de Rosario que en los casos del pasado no hizo contribuciones para aclarar algo de esto.
Con información de
Aire de Santa Fe
