Francia
Gases lacrimógenos contra niños en el desalojo de un edificio ocupado
Lunes 02 de
Diciembre 2013
Niña sostiene un juguete mientras la policía desmantela el campamento gitano en Saint Ouen, cerca de París
Una mujer y dos niños precisaron asistencia médica este lunes en Lyon, debido a problemas respiratorios, después de que la Policía Nacional emplease gases lacrimógenos y porras para desalojar un inmueble ocupado por un colectivo de inmigrantes gitanos en el segundo distrito de la tercera ciudad de Francia. Otras dos personas fueron detenidas durante la operación, iniciada a las 7.00 de la mañana, por resistencia e insultos a la autoridad.
Situado en el número 71 del muelle Perrache, el edificio perteneciente a la SPL Lyon Confluence servía de vivienda ilegal a un total de 85 romaníes originarios de la Europa del Este, entre los cuales había 30 menores. La orden de desalojo había sido decretada la semana pasada por el prefecto (gobernador civil) de la capital del Ródano, Jean-François Carenco, y los squatters habían sido prevenidos de que las fuerzas del orden vendrían hoy.
Por esta razón pidieron ayuda al Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP) y un piquete de dicha ONG se hallaba presente en el lugar cuando llegaron las siete furgonetas del Cuerpo Republicano de Seguridad (CRS) e intentó bloquear el acceso al mismo.
Violencia policial
De acuerdo con el jefe de la Dirección Departamental de Seguridad Pública del Ródano, Albert Doutre, "una treintena de activistas inició una sentada frente al squad para impedir la evacuación y hubo que recurrir a la fuerza para dispersarles". Según un vecino del barrio, durante la acción policial se produjeron forcejeos y patadas, los agentes usaron sus porras y terminaron por recurrir a los gases.
En un comunicado difundido en su página web, el MRAP ha denunciado "el uso inadmisible de la fuerza contra los niños" y ha protestado por "la violación de la circular interna del Ministerio del Interior del 26 de agosto de 2012, que recomienda realizar un diagnóstico social y ofrecer soluciones de realojamiento a los desalojados antes de desmantelar un asentamiento". Además, en opinión de esta asociación, el procedimiento de expulsión resulta ilegal dado que, para acceder a la casa los inmigrantes no forzaron ninguna puerta y no se puede hablar por lo tanto de intrusión.
Al parecer, la mayoría de los ocupantes del inmueble en el muelle de Perrache procedían del squad Rita, del séptimo distrito luonés, de cual habían sido echados en septiembre. Las familias con hijos pequeños van a ser realojadas por los servicios sociales de la ciudad.
Defensor del Pueblo
Mientras, el MRASP ya ha anunciado que presentará una demanda ante el Defensor del Pueblo, Dominique Baudis por el uso de gases en presencia de niños.
"En el Hexágono viven unos 20.000 inmigrantes de etnia gitana, la mayoría procedentes de Rumanía, Bulgaria y la antigua Yugoslavia. Casi todos huyen de la pobreza y la discriminación crónicas que sufren en sus países", informa Amnistía Internacional (AI).
Cuando el presidente François Hollande llegó al poder en mayo de 2012, se comprometió a elaborar una política de integración para ofrecer viviendas a personas que viven en condiciones inhumanas. Sin embargo, durante la primera mitad de 2013, el ejecutivo socialista superó el récord del anterior gobierno conservador de Nicolas Sarkozy, desalojando por la fuerza en sólo 6 meses a más de 10.000 romaníes de los asentamientos peri-urbanos en que se habían establecido.
"Francia no tiene disposiciones que brinden una protección eficaz contra los desalojos forzosos. En la mayoría de los casos, éstos se producen en un clima de hostilidad y sin que se proponga vivienda alternativa alguna. Las personas de etnia gitana están condenadas a vivir en una constante inseguridad, desplazándose de un campamento a otro. Hay que ilegalizar cuanto antes estos desalojos forzosos", ha dicho John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de AI.
Por esta razón pidieron ayuda al Movimiento contra el Racismo y por la Amistad entre los Pueblos (MRAP) y un piquete de dicha ONG se hallaba presente en el lugar cuando llegaron las siete furgonetas del Cuerpo Republicano de Seguridad (CRS) e intentó bloquear el acceso al mismo.
Violencia policial
De acuerdo con el jefe de la Dirección Departamental de Seguridad Pública del Ródano, Albert Doutre, "una treintena de activistas inició una sentada frente al squad para impedir la evacuación y hubo que recurrir a la fuerza para dispersarles". Según un vecino del barrio, durante la acción policial se produjeron forcejeos y patadas, los agentes usaron sus porras y terminaron por recurrir a los gases.
En un comunicado difundido en su página web, el MRAP ha denunciado "el uso inadmisible de la fuerza contra los niños" y ha protestado por "la violación de la circular interna del Ministerio del Interior del 26 de agosto de 2012, que recomienda realizar un diagnóstico social y ofrecer soluciones de realojamiento a los desalojados antes de desmantelar un asentamiento". Además, en opinión de esta asociación, el procedimiento de expulsión resulta ilegal dado que, para acceder a la casa los inmigrantes no forzaron ninguna puerta y no se puede hablar por lo tanto de intrusión.
Al parecer, la mayoría de los ocupantes del inmueble en el muelle de Perrache procedían del squad Rita, del séptimo distrito luonés, de cual habían sido echados en septiembre. Las familias con hijos pequeños van a ser realojadas por los servicios sociales de la ciudad.
Defensor del Pueblo
Mientras, el MRASP ya ha anunciado que presentará una demanda ante el Defensor del Pueblo, Dominique Baudis por el uso de gases en presencia de niños.
"En el Hexágono viven unos 20.000 inmigrantes de etnia gitana, la mayoría procedentes de Rumanía, Bulgaria y la antigua Yugoslavia. Casi todos huyen de la pobreza y la discriminación crónicas que sufren en sus países", informa Amnistía Internacional (AI).
Cuando el presidente François Hollande llegó al poder en mayo de 2012, se comprometió a elaborar una política de integración para ofrecer viviendas a personas que viven en condiciones inhumanas. Sin embargo, durante la primera mitad de 2013, el ejecutivo socialista superó el récord del anterior gobierno conservador de Nicolas Sarkozy, desalojando por la fuerza en sólo 6 meses a más de 10.000 romaníes de los asentamientos peri-urbanos en que se habían establecido.
"Francia no tiene disposiciones que brinden una protección eficaz contra los desalojos forzosos. En la mayoría de los casos, éstos se producen en un clima de hostilidad y sin que se proponga vivienda alternativa alguna. Las personas de etnia gitana están condenadas a vivir en una constante inseguridad, desplazándose de un campamento a otro. Hay que ilegalizar cuanto antes estos desalojos forzosos", ha dicho John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de AI.
Con información de
El Mundo
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