Santa Fe: el peligro de un pequeño Estado totalitario
Por:
Rodolfo Mingarini – Abogado Especialista en Derecho Penal y Procesal
Lunes 02 de
Noviembre 2026 - 20:23
El llamado paquete de seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro volvió a quedar postergado por falta de acuerdos dentro del propio oficialismo.
Pero mientras la atención pública se concentraba en esa discusión, avanzaron otras dos iniciativas: una que amplía las facultades policiales sobre los teléfonos celulares y otra que modifica la organización de la Defensa Pública Penal, habilitando unidades especiales para defender, entre otros, a integrantes de las fuerzas de seguridad. El proyecto principal se detuvo, pero la expansión del poder estatal siguió avanzando.
La cuestión no es negar la necesidad de combatir el delito. Es advertir qué clase de Estado se está construyendo. Interrogatorios policiales sin las garantías ordinarias de defensa, allanamientos sin autorización judicial previa, zonas de intervención especial, nuevas facultades de inteligencia y restricciones a la libertad forman parte de las herramientas propuestas.
Cuando la seguridad se utiliza para desplazar garantías y debilitar controles, reaparece el método inquisitivo que nuestro sistema constitucional pretende superar.
Tampoco pueden examinarse estas reformas aisladamente. La acumulación de facultades policiales, la ampliación de las atribuciones del Ministerio Público Fiscal y las modificaciones institucionales que afectan al sistema de defensa obligan a preguntarse quién controlará efectivamente el ejercicio de ese poder. La independencia judicial y la defensa penal no son concesiones destinadas a favorecer delincuentes: son garantías de todos los ciudadanos frente a los posibles abusos del Estado.
Santa Fe no es un Estado totalitario. Pero sería irresponsable ignorar el riesgo de avanzar hacia un modelo provincial de poder cada vez más concentrado, con menos controles y mayores posibilidades de intervención sobre la vida privada.
Un pequeño Estado totalitario no aparece necesariamente de un día para otro: puede construirse mediante sucesivas leyes aprobadas en nombre de la seguridad.
La Constitución no es un obstáculo para combatir el delito. Es el límite que ningún gobernante debería pretender superar.
La cuestión no es negar la necesidad de combatir el delito. Es advertir qué clase de Estado se está construyendo. Interrogatorios policiales sin las garantías ordinarias de defensa, allanamientos sin autorización judicial previa, zonas de intervención especial, nuevas facultades de inteligencia y restricciones a la libertad forman parte de las herramientas propuestas.
Cuando la seguridad se utiliza para desplazar garantías y debilitar controles, reaparece el método inquisitivo que nuestro sistema constitucional pretende superar.
Tampoco pueden examinarse estas reformas aisladamente. La acumulación de facultades policiales, la ampliación de las atribuciones del Ministerio Público Fiscal y las modificaciones institucionales que afectan al sistema de defensa obligan a preguntarse quién controlará efectivamente el ejercicio de ese poder. La independencia judicial y la defensa penal no son concesiones destinadas a favorecer delincuentes: son garantías de todos los ciudadanos frente a los posibles abusos del Estado.
Santa Fe no es un Estado totalitario. Pero sería irresponsable ignorar el riesgo de avanzar hacia un modelo provincial de poder cada vez más concentrado, con menos controles y mayores posibilidades de intervención sobre la vida privada.
Un pequeño Estado totalitario no aparece necesariamente de un día para otro: puede construirse mediante sucesivas leyes aprobadas en nombre de la seguridad.
La Constitución no es un obstáculo para combatir el delito. Es el límite que ningún gobernante debería pretender superar.
Con información de
https://mingarinistudio.com/santa-fe-la-seguridad-como-excusa-para-ampliar-el-poder/
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