Santa Fe, ¿Santafestero o Santafermosa? El silencio del periodismo y las deudas de la transparencia institucional
Por:
La Lechuza Oly
Miércoles 28 de
Octubre 2026 - 08:58

El periodismo parece haber perdido protagonismo en Santa Fe.
La reproducción de comunicados oficiales, la escasez de cuestionamientos al poder y la falta de actualización de información pública relevante plantean interrogantes sobre la calidad institucional de la provincia y el verdadero ejercicio del control ciudadano.
En Santa Fe resulta cada vez más difícil encontrar un periodismo dispuesto a incomodar al poder político. Buena parte de la agenda informativa parece construirse alrededor de anuncios gubernamentales, declaraciones oficiales y contenidos que se reproducen sin demasiadas preguntas ni análisis críticos.
La función del periodismo, sin embargo, no consiste únicamente en comunicar lo que un gobierno quiere difundir. También implica investigar, contrastar información, exigir explicaciones y ejercer una mirada independiente sobre quienes administran los recursos públicos.
En determinados ámbitos políticos y periodísticos se percibe una actitud de prudencia que, en ocasiones, parece confundirse con silencio. Incluso existe la impresión de que algunos prefieren esperar a que concluya la actual gestión provincial para expresar cuestionamientos que hoy no se formulan públicamente.
Pero hay una cuestión fundamental: los acontecimientos deben investigarse e informarse mientras suceden. La responsabilidad periodística no puede quedar condicionada por los tiempos electorales ni por la permanencia de un gobierno en el poder.
La crítica retrospectiva puede resultar necesaria, pero nunca reemplaza el deber de informar oportunamente.
Dos ejemplos concretos que merecen explicaciones.
Más allá de las apreciaciones sobre el comportamiento de los medios, existen cuestiones vinculadas directamente con la transparencia de la administración provincial que justifican preguntas públicas.
1. La información sobre el personal ocupado en el Estado provincial.
En el sitio oficial del Gobierno de Santa Fe existe un apartado denominado Evolución del Personal Ocupado, destinado a brindar información sobre el personal permanente y transitorio del sector público ampliado.
Según la descripción institucional, ese relevamiento contempla datos mensuales, clasificación por organismos y sectores, comparaciones poblacionales, evolución de las horas cátedra y personal destinado a la prestación de servicios sociales, entre otros indicadores.
De acuerdo con la información señalada, la actualización de estos datos habría quedado interrumpida en marzo de 2025.
La situación merece una explicación oficial: ¿por qué no se mantiene actualizada una serie estadística de semejante importancia? ¿Cuántas personas integran actualmente el sector público provincial? ¿Cómo evolucionaron las distintas modalidades de contratación y la distribución del personal?
Se trata de información relevante para evaluar la administración de los recursos públicos, el funcionamiento del Estado y las decisiones adoptadas en materia de empleo público.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se organiza y administra el Estado que financia con sus impuestos.
2. La distribución de la publicidad oficial.
Una segunda cuestión se relaciona con la información pública sobre la inversión estatal en publicidad.
El propio Gobierno provincial mantiene un apartado destinado a difundir los montos asignados a publicidad oficial, discriminados por tipo de medio y organismos públicos.
En esa sección, la última información anual identificada corresponde a 2023, sin que aparezcan publicados los resúmenes correspondientes a los ejercicios posteriores.
Esto plantea interrogantes que merecen respuestas concretas: ¿cuánto dinero destinó el Estado provincial a publicidad durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026? ¿Cuáles fueron los medios beneficiarios? ¿Qué criterios objetivos se utilizaron para distribuir esos recursos?
La publicidad oficial constituye una herramienta legítima de comunicación institucional. Sin embargo, su asignación debe responder a criterios transparentes, razonables y verificables, compatibles con los principios de igualdad y libertad de expresión.
En conversaciones del ámbito político suele mencionarse una posible relación entre la distribución de la pauta oficial y la actitud editorial de determinados medios.
Esas apreciaciones, por sí solas, no permiten afirmar que existan condicionamientos económicos, acuerdos de silencio o conductas irregulares. Pero tampoco deberían impedir el debate público sobre la necesidad de conocer cómo se distribuyen los fondos estatales destinados a comunicación.
Precisamente, la publicación completa y oportuna de esa información permitiría despejar sospechas, facilitar el control ciudadano y fortalecer la independencia del sistema de medios.
En términos políticos e institucionales, Santa Fe parece acercarse cada vez más a las modos de Formosa y Santiago del Estero.
En Santa Fe resulta cada vez más difícil encontrar un periodismo dispuesto a incomodar al poder político. Buena parte de la agenda informativa parece construirse alrededor de anuncios gubernamentales, declaraciones oficiales y contenidos que se reproducen sin demasiadas preguntas ni análisis críticos.
La función del periodismo, sin embargo, no consiste únicamente en comunicar lo que un gobierno quiere difundir. También implica investigar, contrastar información, exigir explicaciones y ejercer una mirada independiente sobre quienes administran los recursos públicos.
En determinados ámbitos políticos y periodísticos se percibe una actitud de prudencia que, en ocasiones, parece confundirse con silencio. Incluso existe la impresión de que algunos prefieren esperar a que concluya la actual gestión provincial para expresar cuestionamientos que hoy no se formulan públicamente.
Pero hay una cuestión fundamental: los acontecimientos deben investigarse e informarse mientras suceden. La responsabilidad periodística no puede quedar condicionada por los tiempos electorales ni por la permanencia de un gobierno en el poder.
La crítica retrospectiva puede resultar necesaria, pero nunca reemplaza el deber de informar oportunamente.
Dos ejemplos concretos que merecen explicaciones.
Más allá de las apreciaciones sobre el comportamiento de los medios, existen cuestiones vinculadas directamente con la transparencia de la administración provincial que justifican preguntas públicas.
1. La información sobre el personal ocupado en el Estado provincial.
En el sitio oficial del Gobierno de Santa Fe existe un apartado denominado Evolución del Personal Ocupado, destinado a brindar información sobre el personal permanente y transitorio del sector público ampliado.
Según la descripción institucional, ese relevamiento contempla datos mensuales, clasificación por organismos y sectores, comparaciones poblacionales, evolución de las horas cátedra y personal destinado a la prestación de servicios sociales, entre otros indicadores.
De acuerdo con la información señalada, la actualización de estos datos habría quedado interrumpida en marzo de 2025.
La situación merece una explicación oficial: ¿por qué no se mantiene actualizada una serie estadística de semejante importancia? ¿Cuántas personas integran actualmente el sector público provincial? ¿Cómo evolucionaron las distintas modalidades de contratación y la distribución del personal?
Se trata de información relevante para evaluar la administración de los recursos públicos, el funcionamiento del Estado y las decisiones adoptadas en materia de empleo público.
La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se organiza y administra el Estado que financia con sus impuestos.
2. La distribución de la publicidad oficial.
Una segunda cuestión se relaciona con la información pública sobre la inversión estatal en publicidad.
El propio Gobierno provincial mantiene un apartado destinado a difundir los montos asignados a publicidad oficial, discriminados por tipo de medio y organismos públicos.
En esa sección, la última información anual identificada corresponde a 2023, sin que aparezcan publicados los resúmenes correspondientes a los ejercicios posteriores.
Esto plantea interrogantes que merecen respuestas concretas: ¿cuánto dinero destinó el Estado provincial a publicidad durante 2024, 2025 y lo transcurrido de 2026? ¿Cuáles fueron los medios beneficiarios? ¿Qué criterios objetivos se utilizaron para distribuir esos recursos?
La publicidad oficial constituye una herramienta legítima de comunicación institucional. Sin embargo, su asignación debe responder a criterios transparentes, razonables y verificables, compatibles con los principios de igualdad y libertad de expresión.
En conversaciones del ámbito político suele mencionarse una posible relación entre la distribución de la pauta oficial y la actitud editorial de determinados medios.
Esas apreciaciones, por sí solas, no permiten afirmar que existan condicionamientos económicos, acuerdos de silencio o conductas irregulares. Pero tampoco deberían impedir el debate público sobre la necesidad de conocer cómo se distribuyen los fondos estatales destinados a comunicación.
Precisamente, la publicación completa y oportuna de esa información permitiría despejar sospechas, facilitar el control ciudadano y fortalecer la independencia del sistema de medios.
En términos políticos e institucionales, Santa Fe parece acercarse cada vez más a las modos de Formosa y Santiago del Estero.

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