SANTA FE
Todos a prisión: la Justicia revocó la libertad para cinco integrantes de la banda de “Los Gitanos”
Martes 08 de
Octubre 2019
Así lo dispuso el juez de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, Sebastian Creus, en un fallo judicial que fue difundido este martes. “Si fueran liberados, luego se dificultaría notablemente su búsqueda”, destacó el juez.
El juez de la Cámara de Apelaciones en lo penal, Sebastian Creus, dispuso que cinco integrantes de la denominada banda de “Los Gitanos” que operaba en Santa Fe y la región y que cometían estafas mediante el “cuento del tío” queden detenidos con prisión preventiva. La medida, que fue informada este martes por la Oficina de Prensa de tribunales, revocó el beneficio de la excarcelación que había sido dispuesto en julio de este año por el juez de la investigación penal preparatoria, Jorge Pegassano, que hizo lugar al pedido de la defensa de los acusados, Raúl Berizzo.
El reciente fallo hizo lugar al pedido de la fiscal de la causa, María Laura Urquiza -del área de Delitos Complejos- que durante la audiencia de apelación del pasado 20 de septiembre solicitó al juez de alzada que los cinco gitanos continúen presos hasta que llegue la instancia de juicio oral y público tras existir un claro riesgo procesal, el de fuga, ya que los acusados residen temporalmente en distintos puntos del país.
Los cinco imputados, fueron detenidos en junio de este año por agentes de la Policía de Investigaciones cuando iban a bordo de una camioneta Ford Ranger y con el propósito de cometer una nueva estafa a una mujer que reside en el barrio Candioti Sur. Tras ser aprehendidos en la esquina de Suipacha y Belgrano, fueron puestos a disposición de la fiscal Urquiza que les atribuyó en una audiencia de imputación el delito de “estafas reiteradas” en al menos 16 oportunidades y asociación ilícita.
El 31 de julio, cuando se llevó a cabo la audiencia de tratamiento de la prisión preventiva, la representante del Ministerio Público de la Acusación, solicitó que los cinco gitanos permanezcan cautelados hasta que llegue el debate. Sin embargo, el juez Pegassano hizo lugar al planteo de Berizzo y los acusados quedaron en libertad tras acordar el pago de una fianza de 120 mil pesos. En tanto, fijaron domicilio en el estudio jurídico de su abogado particular.
El caso generó un fuerte rechazo en la Fiscalía por lo que esa misma tarde la propia oficina del organismo judicial envió un parte informativo donde aclaró que el fallo de Pegassano iba a ser recurrido ante un juez de segunda instancia para revertir la situación de la causa. El 20 de septiembre se llevó a cabo la audiencia con los acusados detenidos ya que los mismos no pudieron aportar el monto de dinero para abonar la fianza. En efecto, continuaron en prisión.
Para ordenar la prisión preventiva, el juez Creus valoró el peligro de fuga tras sostener que “si fueran liberados, luego se dificultaría notablemente su búsqueda”. ” Una persona indocumentada o no identificada, puede, con mayor facilidad, evadir sus obligaciones procesales evitando la restauración del vínculo de modo coercitivo (para decirlo en términos más vulgares: le resultará más fácil ocultarse a la actuación oficial para hacerlo comparecer)”, destacó el magistrado en su fallo.
El análisis de Creus fue en sintonia con lo que planteó la fiscal Urquiza en reiteradas oportunidades sobre lo dificultoso que fue para los investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) establecer los “verdaderos datos filiatorios de los imputados, al igual que sus lugares de residencia, que fluctúan por todo el territorio nacional, ya que todos los imputados son gitanos y varios de ellos no cuentan con una identidad aún definida debido al complejo entramado familiar al que pertenecen”.
“Cambiaban vehículos, los jefes operaban desde otros territorios, usaban teléfonos distintos, hacen todo esto para eludir el accionar de la Justicia”, expresó la fiscal en su momento cuando se desarrolló la audiencia de apelación. “Y todo esto no fue atendido por el juez al momento de resolver”, destacó Urquiza en aquella oportunidad.
El reciente fallo hizo lugar al pedido de la fiscal de la causa, María Laura Urquiza -del área de Delitos Complejos- que durante la audiencia de apelación del pasado 20 de septiembre solicitó al juez de alzada que los cinco gitanos continúen presos hasta que llegue la instancia de juicio oral y público tras existir un claro riesgo procesal, el de fuga, ya que los acusados residen temporalmente en distintos puntos del país.
Los cinco imputados, fueron detenidos en junio de este año por agentes de la Policía de Investigaciones cuando iban a bordo de una camioneta Ford Ranger y con el propósito de cometer una nueva estafa a una mujer que reside en el barrio Candioti Sur. Tras ser aprehendidos en la esquina de Suipacha y Belgrano, fueron puestos a disposición de la fiscal Urquiza que les atribuyó en una audiencia de imputación el delito de “estafas reiteradas” en al menos 16 oportunidades y asociación ilícita.
El 31 de julio, cuando se llevó a cabo la audiencia de tratamiento de la prisión preventiva, la representante del Ministerio Público de la Acusación, solicitó que los cinco gitanos permanezcan cautelados hasta que llegue el debate. Sin embargo, el juez Pegassano hizo lugar al planteo de Berizzo y los acusados quedaron en libertad tras acordar el pago de una fianza de 120 mil pesos. En tanto, fijaron domicilio en el estudio jurídico de su abogado particular.
El caso generó un fuerte rechazo en la Fiscalía por lo que esa misma tarde la propia oficina del organismo judicial envió un parte informativo donde aclaró que el fallo de Pegassano iba a ser recurrido ante un juez de segunda instancia para revertir la situación de la causa. El 20 de septiembre se llevó a cabo la audiencia con los acusados detenidos ya que los mismos no pudieron aportar el monto de dinero para abonar la fianza. En efecto, continuaron en prisión.
Para ordenar la prisión preventiva, el juez Creus valoró el peligro de fuga tras sostener que “si fueran liberados, luego se dificultaría notablemente su búsqueda”. ” Una persona indocumentada o no identificada, puede, con mayor facilidad, evadir sus obligaciones procesales evitando la restauración del vínculo de modo coercitivo (para decirlo en términos más vulgares: le resultará más fácil ocultarse a la actuación oficial para hacerlo comparecer)”, destacó el magistrado en su fallo.
El análisis de Creus fue en sintonia con lo que planteó la fiscal Urquiza en reiteradas oportunidades sobre lo dificultoso que fue para los investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) establecer los “verdaderos datos filiatorios de los imputados, al igual que sus lugares de residencia, que fluctúan por todo el territorio nacional, ya que todos los imputados son gitanos y varios de ellos no cuentan con una identidad aún definida debido al complejo entramado familiar al que pertenecen”.
“Cambiaban vehículos, los jefes operaban desde otros territorios, usaban teléfonos distintos, hacen todo esto para eludir el accionar de la Justicia”, expresó la fiscal en su momento cuando se desarrolló la audiencia de apelación. “Y todo esto no fue atendido por el juez al momento de resolver”, destacó Urquiza en aquella oportunidad.
Con información de
Aire de Santa Fe
