¿Quién debe redactar la nueva Constitución? La pregunta que puede poner paños fríos al estallido social en Chile
Por:
Pablo Biffi
Miércoles 13 de
Noviembre 2019
La crisis política en Chile, que comenzó a gestarse en la noche del 17 al 18 de octubre. se inició con la protesta de estudiantes por el aumento de 30 centavos en el boleto del metro.
Pero rápidamente quedó en claro que el origen no eran "los 30 centavos, sino los 30 años". El juego de número remitía a las tres décadas de democracia que, aunque celebradas, no habían alcanzado para desmontar los largos años de dictadura pinochetista y todos los "candados" que había cerrado sobre ella.
La larga lista de demandas sociales que se fueron sumando, sector por sector a medida que pasaban los días de violentas protestas (el costo de la salud, el salario mínimo, los elevados costos de la Educación, los peajes, las bajas jubilaciones, entre otros), confluyó en la huelga del martes en una que, mágicamente, parece tener la llave para destrabar una crisis que se mide en más de 20 muertos, miles de heridos y detenidos, denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los carabineros y cuantiosas pérdidas económicas: la reforma de la Constitución.
Uno de los grandes escollos para que el gobierno del presidente Sebastián Piñera y la oposición coincidan en una fórmula para sacar al país del atolladero radica en cuál debería der la fórmula para redactar una nueva Carta Magna, que incluya derechos sociales exigidos en las masivas manifestaciones de los últimos 25 días.
Cerca de la medianoche del martes, el presidente exhortó al país a alcanzar un acuerdo nacional sobre la paz interior, la justicia social y una nueva Constitución que reemplace a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), una concesión que al inicio de la crisis -cuando aún no había percibido la magnitud del descontento social- ni siquiera pasaba por su cabeza.
Pero la realidad lo fue cercando y, además, dejó al gobierno con poco margen de maniobra, ya que no fue capaz de desactivar las protestas con anuncios de caracter social (la eliminación del aumento del boleto del metro fue la primera, pasando luego por la suba del salario mínimo, entre otras). El cambio que exigen miles de chilenos en las calles aparece como más profundo e involucra también a toda la clase política: hay que barajar y dar de nuevo.
Tanto desde el oficialismo como desde la oposición admitieron que "queda poco tiempo'' para llegar a un acuerdo que calme las aguas y que abra el proceso de reforma constitucional.
Hasta anoche, el gobierno se aferraba a su propuesta de que la nueva Constitución sea redactada por el Congreso, es decir, por los parlamentarios en ejercicio -muy desprestigiados ante la opinión pública- y que luego sea ratificada en un plebiscito. Pero la oposición exige la conformación de una Asamblea Constituyente integrada sólo por ciudadanos electos y con un plebiscito previo sobre los temas y mecanismos de la nueva Carta Magna. Ese es el delgado límite que separa a unos y otros.
Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, señaló que "es imprescindible un plebiscito para que la ciudadanía elija soberanamente el mejor mecanismo para su elaboración. Nosotros proponemos una Asamblea Constituyente, según consigna un despacho de la agencia AP desde Santiago de Chile. Es la misma posición que adoptaron 15 partidos opositores en un documento dado a conocer el martes.
Los partidos oficialistas, tanto la Unión Democrática Independiente (UDI, el más "pinochetista" del arco que va del centro a la derecha) como Renovación Nacional, aparecen divididos: la comisión política de RN acaba de dar a conocer un comunicado en el que apoya la fórmula de "plebiscito primero y plebiscito después". Esto significa que sea la población la que defina cuál es el camino para modificar la Carta Magna y que una vez reformada sea quien la ratifique o rechace. La UDI, en cambio, no parece dispuesta a conceder demasiadas alternativas para modificar una texto que los tuvo como autores intelectuales en tiempos de la dictadura. Pero sus votos en el Congreso cuentan menos a la hora de un acuerdo político.
Los partidos opositores recibieron este giro de RN como un primer gran paso para encontrar "la" fórmula. Habrá que ver, ahora, si los pactos políticos y un eventual inicio de un proceso constituyente logran poner paños fríos en una calle demasiado agitada.
La larga lista de demandas sociales que se fueron sumando, sector por sector a medida que pasaban los días de violentas protestas (el costo de la salud, el salario mínimo, los elevados costos de la Educación, los peajes, las bajas jubilaciones, entre otros), confluyó en la huelga del martes en una que, mágicamente, parece tener la llave para destrabar una crisis que se mide en más de 20 muertos, miles de heridos y detenidos, denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los carabineros y cuantiosas pérdidas económicas: la reforma de la Constitución.
Uno de los grandes escollos para que el gobierno del presidente Sebastián Piñera y la oposición coincidan en una fórmula para sacar al país del atolladero radica en cuál debería der la fórmula para redactar una nueva Carta Magna, que incluya derechos sociales exigidos en las masivas manifestaciones de los últimos 25 días.
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Pero la realidad lo fue cercando y, además, dejó al gobierno con poco margen de maniobra, ya que no fue capaz de desactivar las protestas con anuncios de caracter social (la eliminación del aumento del boleto del metro fue la primera, pasando luego por la suba del salario mínimo, entre otras). El cambio que exigen miles de chilenos en las calles aparece como más profundo e involucra también a toda la clase política: hay que barajar y dar de nuevo.
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Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, señaló que "es imprescindible un plebiscito para que la ciudadanía elija soberanamente el mejor mecanismo para su elaboración. Nosotros proponemos una Asamblea Constituyente, según consigna un despacho de la agencia AP desde Santiago de Chile. Es la misma posición que adoptaron 15 partidos opositores en un documento dado a conocer el martes.
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Con información de
Clarín
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