25 DE ABRIL 2024
Golpe en Bolivia: con Evo en el exilio, siguen las protestas y crece el número de muertes
Lunes 18 de
Noviembre 2019
Manifestantes que respaldan el depuesto presidente se mantienen en las calles en rechazo a la gestión de facto de Jeanine Áñez, quien aún no convocó a elecciones. Buscan una salida a la crisis generada tras el golpe. Ya hay más de 20 muertos por la represión.
Las protestas no cesan en Bolivia, donde se espera sean presentadas nuevas propuestas de diálogo para poner fin a una crisis que se tornó más violenta tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia y que suma 23 muertos en casi un mes.
La Iglesia católica convocó a una rueda de prensa en la que se espera llame a un "diálogo nacional" para acercar posiciones entre el gobierno interino de la derechista Jeanine Áñez y sectores afines a Morales, quien renunció hace una semana y se asiló en México tras desatarse protestas que denunciaban un fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre.
Casi para la misma hora, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS, de Morales), que es mayoría en el Congreso, llamó a los grupos legislativos minoritarios a una reunión "para trabajar, conversar, debatir sobre la coyuntura política" y "pacificar" el país, según dijo el domingo la diputada Betty Yañíquez.
Y la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, mostró en una carta su disposición a "participar en una mesa trabajo y diálogo" en la localidad de El Alto, vecina a La Paz, para "atender las demandas" de los líderes locales y sellar "acuerdos que permitan pacificar". Allí los vecinos habían llamado desde este lunes a "un cerco a la ciudad de La Paz" para forzar "la renuncia inmediata" de Áñez.
En otro intento por calmar los ánimos, la presidenta interina dijo el domingo que anunciará "muy pronto" la convocatoria a nuevas elecciones "transparentes".
Para hacer ese llamado, su gobierno debe consensuar primero con el partido de Morales, pues según la Constitución es el Congreso el que elige a seis de los siete titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los anteriores están en prisión preventiva por las irregularidades en las elecciones de octubre, que dieron la reelección a Morales pero que él mismo anuló horas antes de renunciar.
Jean Arnault, enviado del Secretario General de la ONU, y un delegado de la Unión Europea se han reunido en los últimos días con el gobierno de Áñez y organizaciones sociales en un intento de restaurar la paz. Las protestas callejeras, sin embargo, se mantienen.
Las manifestaciones más violentas se han concentrado los últimos días en Cochabamba (centro). Allí, campesinos cocaleros chocaron el viernes con el ejército y la policía, con saldo de nueve muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó a 23 el saldo de víctimas desde el estallido de la crisis.
El domingo, no obstante, el gobierno y la policía aseguraron que estaba "disminuyendo" la intensidad de las protestas en esa región afín a Morales.
Pero los cortes de rutas por las manifestaciones en varias regiones han comenzado a generar desabastecimiento de comestibles y combustible en La Paz.
El gobierno envió en respuesta 60 toneladas de carne y pollo a la ciudad y busca dialogar con quienes bloquean la vía que une La Paz con una importante refinería.
Además, para poner más presión, seis sindicatos cocaleros del Chapare, feudo de Morales en Cochabamba, exigieron la noche del sábado "la renuncia de la autoproclamada" Áñez "en un plazo de 48 horas" y pidieron al Legislativo aprobar una ley "que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días".
Desde su exilio en México, Morales usa constantemente Twitter para pronunciarse sobre lo que ocurre en su país y el domingo escribió que las "FFAA no están exentas de su responsabilidad", al denunciar "delitos de lesa humanidad" que "no deben quedar en la impunidad" y que considera se han cometido en la represión de las protestas.
Morales ha hecho varias veces referencia en sus tuits a un polémico decreto del gobierno interino, divulgado extraoficialmente el sábado, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas en la conservación del orden público y que fue considerado "grave" por la CIDH.
Aunque el ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, defendió el decreto el fin de semana y aseguró que "no es una licencia para matar".
La Iglesia católica convocó a una rueda de prensa en la que se espera llame a un "diálogo nacional" para acercar posiciones entre el gobierno interino de la derechista Jeanine Áñez y sectores afines a Morales, quien renunció hace una semana y se asiló en México tras desatarse protestas que denunciaban un fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre.
Casi para la misma hora, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS, de Morales), que es mayoría en el Congreso, llamó a los grupos legislativos minoritarios a una reunión "para trabajar, conversar, debatir sobre la coyuntura política" y "pacificar" el país, según dijo el domingo la diputada Betty Yañíquez.
Y la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, mostró en una carta su disposición a "participar en una mesa trabajo y diálogo" en la localidad de El Alto, vecina a La Paz, para "atender las demandas" de los líderes locales y sellar "acuerdos que permitan pacificar". Allí los vecinos habían llamado desde este lunes a "un cerco a la ciudad de La Paz" para forzar "la renuncia inmediata" de Áñez.
En otro intento por calmar los ánimos, la presidenta interina dijo el domingo que anunciará "muy pronto" la convocatoria a nuevas elecciones "transparentes".
Para hacer ese llamado, su gobierno debe consensuar primero con el partido de Morales, pues según la Constitución es el Congreso el que elige a seis de los siete titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Los anteriores están en prisión preventiva por las irregularidades en las elecciones de octubre, que dieron la reelección a Morales pero que él mismo anuló horas antes de renunciar.
Jean Arnault, enviado del Secretario General de la ONU, y un delegado de la Unión Europea se han reunido en los últimos días con el gobierno de Áñez y organizaciones sociales en un intento de restaurar la paz. Las protestas callejeras, sin embargo, se mantienen.
Las manifestaciones más violentas se han concentrado los últimos días en Cochabamba (centro). Allí, campesinos cocaleros chocaron el viernes con el ejército y la policía, con saldo de nueve muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó a 23 el saldo de víctimas desde el estallido de la crisis.
El domingo, no obstante, el gobierno y la policía aseguraron que estaba "disminuyendo" la intensidad de las protestas en esa región afín a Morales.
Pero los cortes de rutas por las manifestaciones en varias regiones han comenzado a generar desabastecimiento de comestibles y combustible en La Paz.
El gobierno envió en respuesta 60 toneladas de carne y pollo a la ciudad y busca dialogar con quienes bloquean la vía que une La Paz con una importante refinería.
Además, para poner más presión, seis sindicatos cocaleros del Chapare, feudo de Morales en Cochabamba, exigieron la noche del sábado "la renuncia de la autoproclamada" Áñez "en un plazo de 48 horas" y pidieron al Legislativo aprobar una ley "que garantice las elecciones nacionales en un plazo de 90 días".
Desde su exilio en México, Morales usa constantemente Twitter para pronunciarse sobre lo que ocurre en su país y el domingo escribió que las "FFAA no están exentas de su responsabilidad", al denunciar "delitos de lesa humanidad" que "no deben quedar en la impunidad" y que considera se han cometido en la represión de las protestas.
Morales ha hecho varias veces referencia en sus tuits a un polémico decreto del gobierno interino, divulgado extraoficialmente el sábado, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas en la conservación del orden público y que fue considerado "grave" por la CIDH.
Aunque el ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, defendió el decreto el fin de semana y aseguró que "no es una licencia para matar".
Con información de
Ámbito
