Tarifas: las distribuidoras de gas descartan que Alberto Fernández autorice el 40% de aumento que pretenden y no invertirán en 2020
Por:
Virginia Porcella
Viernes 29 de
Noviembre 2019
La resolución del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, de repostergar el aumento de las tarifas de gas hasta febrero terminó de configurar el escenario base sobre el que las distribuidoras proyectan el próximo año.
Básicamente, las empresas se preparan para una ardua discusión en la que asumen que verán dilatada cualquier recomposición. Por eso, sin haber tenido señales ni contactos concretos con eventuales interlocutores del área del próximo gobierno, prevén llevar al mínimo indispensable el nivel de inversión en 2020.
En los papeles, esto implica una reducción de 30% a 35% de los montos totales, según las empresas. Pero, en la práctica, implica un corte total de desembolsos destinados a obras de ampliación de red o la construcción de nuevas redes de distribución. La medida va a contramano de los compromisos asumidos cuando se realizó, hace tres años, la revisión integral de tarifas por los que se consensuaron planes quinquenales de inversión sujetos a modificaciones del cuadro tarifario.
Eso es lo que prevén las principales operadoras del sector como Metrogas, Naturgy Ban o Cammuzzi, a la espera de definiciones que difícilmente lleguen antes de fin de año. De acuerdo a sus cálculos, el aumento a otorgar para evitar esta situación rondaría 40%, monto que algunos analistas consideran manejable. “Cuando se habla de tarifas se parte de premisas que son falsas. Hay gente que cree que los aumentos tienen que ser de 300%, 400% pero eso no es así. Estamos hablando de 35%, 40% a lo largo del año, lo cual se debería ir normalizando. Son precios que los consumidores podrían pagar, sin shock”, expresó el consultor Daniel Gerold.
Pero en las prestadoras no alimentan expectativas en ese sentido por lo cual la decisión es “sentarse sobre la caja”. En rigor, se trata de una extensión del statu quo dado que las compañías ya pusieron el freno de mano a la inversión desde hace varios meses. Argumentan no sólo la falta del aumento previsto para octubre, sino también una diferencia tarifaria que reclaman por la fórmula de ajuste aplicada en la última suba otorgada en abril.
“Cuando se dispuso la postergación del aumento, se nos dijo que compensáramos con menores niveles de inversión”, explican en una de las distribuidoras, pero lo cierto es que esa decisión, en un contexto de negociación conflictiva, puede ser tomada como un incumplimiento de los contratos pactados. Comenzarían ahí las acusaciones cruzadas sobre quién incumplió primero.
Estamos hablando de 35%, 40% a lo largo del año, lo cual se debería ir normalizando. Son precios que los consumidores podrían pagar, sin shock (Gerold)
“Todas las empresas del sector tomamos la misma medida, bajamos casi a cero el ritmo de inversión para llevarlo al mínimo operativo de mantenimiento y seguridad, que es regulatorio”, explican en otra de las compañías, en la que admiten que la decisión está en un área gris. De hecho, la resolución publicada en el Boletín Oficial el viernes último habilitaría una suerte de compensación entre tarifas e inversiones, pero no es concluyente. Textualmente, la norma establece que para hacerlo, las prestadoras deben respetar “la exacta incidencia entre los montos que se dejan de percibir en concepto de tarifa –incluyendo las bonificaciones a las subdistribuidoras de su área de licencia– y los montos de inversión comprometidos”. La puja pasa, ahora, por determinar cuál es, en cada caso, “la exacta incidencia”.
De ahí que, por cuarta vez en el año, Enargas volvió a recibir los planes de adecuamiento de las inversiones en función de las tarifas. Las compañías los vienen presentando desde abril, cuando surgió la primera diferencia. Pero el ente regulador no se expidió en ningún caso. Y esto les quita sustento jurídico.
Puntualmente, porque los recortes de inversión aplicados durante este año, también en torno al 30% de lo presupuestado, estuvieron condicionados además por otros factores, ya no relacionados con el sector sino con la macroeconomía. La falta de financiamiento a tasas razonables contribuyó a ralentizar las erogaciones. “Se volvió inviable mantener el ritmo con tasas de interés de 70%”, explicó un ejecutivo de una de las grandes distribuidoras. Un colega agregó: “Las grandes obras de inversión fueron hechas en los primeros años del plan quinquenal. Lo que se está haciendo ahora es suspender el inicio de nuevas obras y las inversiones están asociadas a operación y mantenimiento”. En esta línea, informó que para 2020 “estamos planteando un recorte adicional de 35%, con la misma lógica: sin ampliaciones, solo en operación de la infraestructura existente”.
En los papeles, esto implica una reducción de 30% a 35% de los montos totales, según las empresas. Pero, en la práctica, implica un corte total de desembolsos destinados a obras de ampliación de red o la construcción de nuevas redes de distribución. La medida va a contramano de los compromisos asumidos cuando se realizó, hace tres años, la revisión integral de tarifas por los que se consensuaron planes quinquenales de inversión sujetos a modificaciones del cuadro tarifario.
Eso es lo que prevén las principales operadoras del sector como Metrogas, Naturgy Ban o Cammuzzi, a la espera de definiciones que difícilmente lleguen antes de fin de año. De acuerdo a sus cálculos, el aumento a otorgar para evitar esta situación rondaría 40%, monto que algunos analistas consideran manejable. “Cuando se habla de tarifas se parte de premisas que son falsas. Hay gente que cree que los aumentos tienen que ser de 300%, 400% pero eso no es así. Estamos hablando de 35%, 40% a lo largo del año, lo cual se debería ir normalizando. Son precios que los consumidores podrían pagar, sin shock”, expresó el consultor Daniel Gerold.
Pero en las prestadoras no alimentan expectativas en ese sentido por lo cual la decisión es “sentarse sobre la caja”. En rigor, se trata de una extensión del statu quo dado que las compañías ya pusieron el freno de mano a la inversión desde hace varios meses. Argumentan no sólo la falta del aumento previsto para octubre, sino también una diferencia tarifaria que reclaman por la fórmula de ajuste aplicada en la última suba otorgada en abril.
“Cuando se dispuso la postergación del aumento, se nos dijo que compensáramos con menores niveles de inversión”, explican en una de las distribuidoras, pero lo cierto es que esa decisión, en un contexto de negociación conflictiva, puede ser tomada como un incumplimiento de los contratos pactados. Comenzarían ahí las acusaciones cruzadas sobre quién incumplió primero.
Estamos hablando de 35%, 40% a lo largo del año, lo cual se debería ir normalizando. Son precios que los consumidores podrían pagar, sin shock (Gerold)
“Todas las empresas del sector tomamos la misma medida, bajamos casi a cero el ritmo de inversión para llevarlo al mínimo operativo de mantenimiento y seguridad, que es regulatorio”, explican en otra de las compañías, en la que admiten que la decisión está en un área gris. De hecho, la resolución publicada en el Boletín Oficial el viernes último habilitaría una suerte de compensación entre tarifas e inversiones, pero no es concluyente. Textualmente, la norma establece que para hacerlo, las prestadoras deben respetar “la exacta incidencia entre los montos que se dejan de percibir en concepto de tarifa –incluyendo las bonificaciones a las subdistribuidoras de su área de licencia– y los montos de inversión comprometidos”. La puja pasa, ahora, por determinar cuál es, en cada caso, “la exacta incidencia”.
De ahí que, por cuarta vez en el año, Enargas volvió a recibir los planes de adecuamiento de las inversiones en función de las tarifas. Las compañías los vienen presentando desde abril, cuando surgió la primera diferencia. Pero el ente regulador no se expidió en ningún caso. Y esto les quita sustento jurídico.
Puntualmente, porque los recortes de inversión aplicados durante este año, también en torno al 30% de lo presupuestado, estuvieron condicionados además por otros factores, ya no relacionados con el sector sino con la macroeconomía. La falta de financiamiento a tasas razonables contribuyó a ralentizar las erogaciones. “Se volvió inviable mantener el ritmo con tasas de interés de 70%”, explicó un ejecutivo de una de las grandes distribuidoras. Un colega agregó: “Las grandes obras de inversión fueron hechas en los primeros años del plan quinquenal. Lo que se está haciendo ahora es suspender el inicio de nuevas obras y las inversiones están asociadas a operación y mantenimiento”. En esta línea, informó que para 2020 “estamos planteando un recorte adicional de 35%, con la misma lógica: sin ampliaciones, solo en operación de la infraestructura existente”.
Con información de
Infobae
Suscribite!
Y recibí las noticias más importantes!
Y recibí las noticias más importantes!
Nota22.com
LO MÁS VISTO
¿Qué es la imparcialidad del Juez?
La imparcialidad del juez es uno de los principios rectores y fundamentales del sistema de justicia. Se define como la ausencia absoluta de prejuicios, intereses, favoritismos o animadversión por parte del juez hacia cualquiera de las partes involucradas en un litigio o hacia el objeto del proceso.
El índice de precios de julio marcó 2,1%, después del 1,9% de junio. El dato interrumpió tres meses consecutivos a la baja.
El capitán argentino publicó un extenso mensaje en Instagram para recordar a Jorge Messi. Repasó su infancia, el Mundial 2026 y el vínculo que mantuvieron durante toda su vida.
Mañana el INDEC da a conocer la inflación de julio, que apunta a mostrar que el proceso de desinflación se detuvo.
