Cristina denunció que es víctima del lawfare: "Fue un plan ideado por el Gobierno saliente"
Lunes 02 de
Diciembre 2019
La senadora y vicepresidente electa participa de la audiencia el juicio que se le sigue por la adjudicación de la pública vial en Santa Cruz a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, y el presunto pago de sobreprecios e incumplimientos en la construcción.
Cristina Fernández de Kirchner declara y se espera que conteste todas las preguntas que le hagan durante la indagatoria en el juicio que se le sigue por la supuesta adjudicación irregular de la obra pública vial en Santa Cruz a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, y el presunto pago de sobreprecios e incumplimientos en la construcción.
La senadora nacional ingresó a las 9.39 a los tribunales de Comodoro Py, acompañada por su abogado Carlos Beraldi, quien presentó este mismo lunes un nuevo escrito para que se permita la trasmisión en vivo de su declaración de Cristina.
Sin embargo, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, presidido por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, volvió a rechazar la trasmisión, aunque los abogados defensores de otros acusados en el proceso manifestaron que "no había inconvenientes" en que toda la sociedad puede escuchar a la vicepresidenta electa.
“¿No les parece de trascendencia pública que la vicepresidente electa esté sentada acusada de integrar un asociación ilícita?”, se preguntó la ex mandataria al iniciar su exposición. “Lo que estamos viendo hoy aquí es una clase práctica de lawfare en la Argentina, llevado a cabo por los integrantes del tribunal”, agregó.
Según definió Cristina, el lawfare, que involucra a jueces, fiscales y algunos medios de comunicación, “se implementó para perseguir a los líderes políticos” de la oposición. "Fue un plan ideado por el gobierno saliente", remarcó, y mencionó que el gobierno de Mauricio Macri utilizó la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso y la UIF de Mariano Federici para "impulsar" las causas judiciales en contra de exfuncionarios K.
La legisladora aseguró que la denuncia en su contra se originó en algunos medios de comunicación y que fue "trasmitida a diestra y siniestra", en una acusación que "no reconoce antecedentes".
"Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas. No sé cómo tuve tiempo para gobernar este país", dijo la ex presidenta al cuestionar la "multiplicidad de procesamientos", y cuestionó que el juicio "está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción de Río Gallegos" para "saquear las arcas del Estado".
El viernes pasado el tribunal rechazó por primera vez el pedido de la defensa de Fernández de Kirchner de transmitir en vivo la declaración, con el criterio de que no se habían presentado argumentos "novedosos" como para revertir la decisión adoptada por el tribunal antes del inicio del juicio, que excluía la posibilidad de transmitir en vivo esta instancia. .
Con la indagatoria de la expresidenta se cerrará la ronda de declaraciones de los 13 procesados y comenzará la etapa de declaraciones de testigos, que se extenderá hasta mediados del 2020.
En el juicio se debaten supuestos delitos en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz a la empresa Austral Construcciones y el presunto pago de sobreprecios e incumplimientos en la construcción.
Además de la vicepresidenta electa y el empresario, también son juzgados los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros ex funcionarios.
La senadora nacional ingresó a las 9.39 a los tribunales de Comodoro Py, acompañada por su abogado Carlos Beraldi, quien presentó este mismo lunes un nuevo escrito para que se permita la trasmisión en vivo de su declaración de Cristina.
Sin embargo, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, presidido por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, volvió a rechazar la trasmisión, aunque los abogados defensores de otros acusados en el proceso manifestaron que "no había inconvenientes" en que toda la sociedad puede escuchar a la vicepresidenta electa.
“¿No les parece de trascendencia pública que la vicepresidente electa esté sentada acusada de integrar un asociación ilícita?”, se preguntó la ex mandataria al iniciar su exposición. “Lo que estamos viendo hoy aquí es una clase práctica de lawfare en la Argentina, llevado a cabo por los integrantes del tribunal”, agregó.
Según definió Cristina, el lawfare, que involucra a jueces, fiscales y algunos medios de comunicación, “se implementó para perseguir a los líderes políticos” de la oposición. "Fue un plan ideado por el gobierno saliente", remarcó, y mencionó que el gobierno de Mauricio Macri utilizó la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso y la UIF de Mariano Federici para "impulsar" las causas judiciales en contra de exfuncionarios K.
La legisladora aseguró que la denuncia en su contra se originó en algunos medios de comunicación y que fue "trasmitida a diestra y siniestra", en una acusación que "no reconoce antecedentes".
"Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas. No sé cómo tuve tiempo para gobernar este país", dijo la ex presidenta al cuestionar la "multiplicidad de procesamientos", y cuestionó que el juicio "está montado sobre la hipótesis de que Néstor Kirchner fue presidente para armar una asociación ilícita con un empresario de la construcción de Río Gallegos" para "saquear las arcas del Estado".
El viernes pasado el tribunal rechazó por primera vez el pedido de la defensa de Fernández de Kirchner de transmitir en vivo la declaración, con el criterio de que no se habían presentado argumentos "novedosos" como para revertir la decisión adoptada por el tribunal antes del inicio del juicio, que excluía la posibilidad de transmitir en vivo esta instancia. .
Con la indagatoria de la expresidenta se cerrará la ronda de declaraciones de los 13 procesados y comenzará la etapa de declaraciones de testigos, que se extenderá hasta mediados del 2020.
En el juicio se debaten supuestos delitos en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz a la empresa Austral Construcciones y el presunto pago de sobreprecios e incumplimientos en la construcción.
Además de la vicepresidenta electa y el empresario, también son juzgados los detenidos ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros ex funcionarios.
Con información de
Ámbito
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